Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

El pasado primero de noviembre, La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó un informe sobre la impunidad en la que van languideciendo las investigaciones judiciales que deberían esclarecer los asesinatos de periodistas en nuestro país.

La FLIP encontró que en, los últimos 10 años, 17 periodistas han sido asesinados en Colombia por ejercer su profesión y oficio.

Solo en un caso, el poder judicial (Fiscalía y Juzgado correspondiente) logró establecer quién ordenó el asesinato. Tal como se lee en la sentencia preferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, quedó probado que el crimen contra Luis Carlos Cervantes, cometido el 12 de agosto de 2014 en Tarazá, Antioquia, fue ordenado por Javier Vega Osorio, alias Morocco, cabecilla del grupo criminal Los urabeños.

Pero, pese a las muy fundadas sospechas, no se pudo identificar a las personas que decidieron, por interés económico y/o político, la muerte de Cervantes. Como dice la FLIP en su informe: “(…) la Fiscalía General aún no ha aclarado si este homicidio está vinculado a las relaciones de ciertos políticos de la región con dicho grupo criminal, considerando que las denuncias de Cervantes estaban relacionadas con la corrupción en algunos municipios del Bajo Cauca.”

Pero eso no es todo.

Los otros 16 procesos judiciales que intentan esclarecer las responsabilidades por el asesinato de estos periodistas, avanzan poco y mal: en seis de ellos, se ha condenado a un autor material, es decir, a un gatillero, que es el eslabón más débil de la cadena sicarial; en las restantes 10 investigaciones penales, no ha sido posible saber qué persona o personas participaron directa o indirectamente en los homicidios cometidos, lo único que más o menos se sabe es qué estructura criminal perpetró el asesinato.

Ante ese nivel de ineficacia e ineficiencia de la investigación judicial, las personas que son perseguidas por ejercer el periodismo en las regiones de alta actividad de grupos armados, se abstienen de plantear su hipótesis: que los ataques en su contra hacen parte de un plan mediante el cual se pretende, de una parte, crear zozobra, miedo y terror en las comunidades y, de otra, ocultar la conexión entre políticos y empresarios con las estructuras criminales con las que se reparten contratos, puestos y rentas del orden municipal y/o departamental.

“Si ni siquiera son capaces de saber quién le pega el tiro a uno, qué van a poder investigar cómo se relaciona el asesino con los dirigentes políticos y los grupos paramilitares de esta región” dijo un entrevistado que pidió no revelar su identidad.

Aunque el 2 de noviembre, se celebró el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, no se pudo celebrar el avance de las investigaciones penales por el asesinato de estos colegas.

Tal vez nos toque asumir que nuestra vida depende más de los mecanismos de auto protección que logremos construir entre colegas y con las comunidades, que de los que nos brindan las autoridades. Ante la parálisis del sistema judicial, que parece más bien complicidad, quizá también nos corresponde investigar esos asesinatos. Aun nos queda la palabra.