Aura Diaz
Politóloga y socióloga
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El 4 de Junio de este año, más de cinco mil campesinas y campesinos bloquearon algunas de las principales rutas que conectan al centro del país con la región caribe, el magdalena medio, el sur occidente y el nor-occidente colombianos. Al mismo tiempo, en Bogotá, un grupo de personas hizo un “refugio humanitario” al frente de la Nunciatura Apostólica, es decir de la Embajada de El Vaticano.
Planteaban que, en sus territorios, se vive una verdadera emergencia humanitaria provocada por el regreso de los grupos paramilitares. Éstos habían salido, por dos motivos diferentes, de las zonas en las que viven las comunidades que se tomaron las carreteras.
Algunos paramilitares abandonaron esas áreas, cuando hicieron dejación de las armas y se desmovilizaron, acogiéndose a los términos y condiciones pactadas en el acuerdo de Santafé de Ralito, suscrito entre el gobierno nacional, presidido por Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003; otros fueron expulsados por las arremetidas constantes de otros grupos armados, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los paramilitares que han regresado acusan a los habitantes de ser auxiliadores de la guerrilla. Tal vez no les interesa saber si es verdad o no.
Lo que parece interesarles es volver a sus viejas prácticas de control territorial, descritas, entre otros, por el Mayor (R) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, en entrevista con Andrés Felipe Carmona, publicada el pasado 24 de abril en el portal de investigación periodística Vorágine.
En esa entrevista, Rodríguez Agudelo coincide plenamente con las descripciones que ha hecho el jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Para tomarse y controlar un territorio, los paramilitares hacían tres tipos de pactos, que luego se convertían en uno solo: pacto con los autoridades civiles y dirigentes políticos para señalar y asesinar a sus adversarios y manejar las rentas de los municipios y departamentos; pacto con mandos militares para enfrentar a actores y grupos armados rivales y, por último, pacto con algún sector empresarial que tuviera intereses económicos en el lugar.
Todo lo anterior se complementa con el dominio sobre las organizaciones sociales para que estas pierdan la poca autonomía e independencia que habían construido en medio de la confrontación armada y se conviertan en el brazo desarmado del paramilitarismo.
Las y los campesinos que se movilizaron a principios de este mes denunciaron que en, por los menos, cuatro regiones de Colombia (centro y sur de Cesar, Sur de Bolívar, Límites de Nariño y Cauca y Chocó) se está desplegando una nueva arremetida paramilitar. Muy parecida a la narró el Coronel (R) Rodríguez.
Se parece, no solo en lo que respecta a los tres pactos descritos arriba, sino en las fases mediante las cuales se desarrolló el proyecto político-empresarial-paramilitar en distintas partes del país entre 1982 y 2006. Veamos.
La ofensiva paramilitar que hay hoy y que es denunciada por los campesinos que se movilizaron es la segunda fase de un proceso que tiene las siguientes etapas: presencia de paramilitares y conversaciones con las y los pobladores; amenazas, asesinatos selectivos y masacres; amedrantamiento a la población civil; desplazamiento masivo o “por gotéo”; compras más o menos ficticias de las propiedades abandonadas; repoblamiento y control del área; cambio del uso que se le da al suelo y creación de monocultivos y/o proyectos minero-energéticos.
Este modelo no solo es descrito por Rodríguez y Mancuso. Es el que está documentado en investigaciones periodísticas y judiciales. Es el que se usó, por ejemplo, en Urabá, tal como lo mostraron los periodistas Daniel Coronell en La W Radio, el 28 de enero de 2022 y Juan Pablo Barrientos en Caracol Radio el 22 de mayo de 2022 en Caracol Radio.
Es el mismo que se visibiliza en varios procesos que se siguieron ante la Jurisdicción de Justicia y Paz, ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre todo en los que hubo y hay contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
Acerca de dicho empresario, el periodista Coronell dijo en su informe: “ Él no desplazaba por odio. No lo animaba una venganza. No invocaba una razón de guerra. Quizás jamás ha tenido un fusil en sus manos. El cruel cerebro financiero de la operación masiva de despojo que a sangre y fuego le arrebató sus propiedades a más de 130 familias en Urabá, lo hacía únicamente para ganar más plata.”
Para evitar que se repita el despojo tal como al parecer ya está planeado, los campesinos que se movilizaron el 4 de junio anterior, están exigiendo al gobierno nacional que desmonte del paramilitarismo, que lo combata, que descubra y desarticule las redes que esos delincuentes han tejido con sectores políticos, militares y empresariales.
Pidieron la creación de mecanismos eficaces y eficientes de protección y auto-protección no armada de los líderes y las lideresas que están siempre en la mira de los paramilitares. También solicitaron garantías para regresar a sus tierras y titulación de las mismas.
No están pidiendo que se haga una revolución socialista ni que les regalen algo. Piden que no los sigan matando y que les permitan desempeñar el oficio que saben hacer: cultivar la tierra. Exigen que se les garantice el derecho a vivir en paz. ¿Será mucho pedir?
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