En qué va la transición energética?

El Gobierno de Gustavo Petro, planteó como su bandera política para el sector energético la llamada Transición Energética Justa, la cual contempla diferentes acciones, todas tendientes a transformar la matriz energética en una matriz donde predominen las energías limpias y a garantizar el acceso a los servicios de energía a toda la población a precios justos. Podría sintetizarse la política en tres palabras: transformación, universalización y equidad.

Sin lugar a duda, los documentos presentados por el gobierno, además de hacer un buen diagnóstico del sector, plantean diferentes líneas de acción que son coherentes y razonables en el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a la mitigación del cambio climático.

Veamos, después de cumplir la mitad del período de gobierno, cual es el avance de las principales propuestas planteadas por el gobierno:

1. En materia de petróleo, la política del gobierno se focalizó en la no ejecución de nuevos contratos de exploración y en la activación de los existentes, con el propósito de mantener las reservas y dar tiempo a que la disminución en el uso de combustibles fósiles no hiciera necesaria la producción nacional. Esta política se planteó para ejecutarse en un período de 10 a 15 años, en el cual los contratos firmados deberían dar resultados que permitieran el autoabastecimiento.  Es claro que el gobierno se jugó una carta riesgosa porque nadie garantiza que las exploraciones con los contratos vigentes sean exitosas, además de producir una caída en el ingreso de divisas por la disminución de excedentes locales exportables.

Como resultado de esta política, las reservas probadas de petróleo bajaron de diciembre de 2022 de 2073 millones de barriles a 2019[1] millones de barriles, lo que representa un descenso del 2,6%, lo cual es relativamente poco dado el frenazo a la contratación que se hizo desde el inicio del gobierno.

Es importante señalar, por otra parte, que esta política ha tenido una enorme oposición no solo de los partidos políticos sino de gremios y de muchos economistas que consideran un suicidio económico dejar de producir petróleo para la exportación. Esta fuerte oposición ha mermado debido a que el apocalipsis anunciado por estos sectores no se ha dado y la producción de petróleo se mantiene en los mismos niveles que en 2022. Además, nadie niega que esta drástica medida tarde o temprano se tiene que dar por los graves efectos ambientales que padece hoy el mundo.

2. En relación con los combustibles líquidos, gasolina y Diesel, el actual gobierno recibió una situación de enorme déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) por un valor cercano a los 32 billones de pesos, el cual ha sido manejado de manera acertada pero dolorosa, a través del alza del precio de la gasolina, mientras que en el diésel el poder de los transportadores ha impedido realizar los ajustes con lo cual todavía el déficit es cercano a los 15 billones. Es una situación que afecta las finanzas públicas de manera directa y que ha presionado, junto a la caída de varios artículos de la reforma tributaria, la reducción del presupuesto estatal para proyectos de inversión.
3. En materia de gas natural, que también es un hidrocarburo, la política de contratación sigue los mismos lineamientos que en el petróleo: no más contratos nuevos. Sin embargo, el impacto de una reducción de la producción del gas es más evidente dada la dificultad de importarlo y el uso doméstico de más de 11 millones de familias que utilizan este combustible en sus residencias.

Las reservas probadas de gas natural bajaron de diciembre de 2022 a diciembre de 2023 de una cifra de 2817 giga pies cúbicos[2] (Gpc) a 2373 Gpc, lo que significa una disminución del 15,8%. Hoy por hoy se debate si será necesario importar gas en 2025 y 2026, debido a la caída en la producción y el aumento en la demanda. De ser necesaria la importación, una alternativa sería traerlo de Venezuela, lo cual resulta complicado, dadas las restricciones físicas del gasoducto ( que se pueden superar) y las restricciones impuestas por Estados Unidos ( que se pueden agravar). La esperanza para el futuro es la posibilidad de producir gas adicional en los descubrimientos de gas costa afuera, cuyo proceso de exploración y análisis sigue a buen ritmo y con buenos resultados.

4. En cuanto a la electricidad, el presidente desde el inicio de su mandato, ha manifestado la necesidad de modificar las reglas del mercado mayorista y la fórmula tarifaria al usuario final para lograr unos precios más justos y evitar rentas excesivas para los generadores. Es evidente en este sector la oposición de los sectores de la derecha y de todos los gremios empresariales, que consideran que lo mejor es mantener el statu quo, y si acaso hacer ajustes menores dado, según ellos, el éxito del modelo implementado e a mediados de los 90.

Otra de las políticas planteadas por el ejecutivo es el desarrollo de comunidades energéticas para darle más participación a los usuarios en la producción de energía y el avance de proyectos de energías renovables para modificar la matriz eléctrica.

A la fecha, las reformas al modelo de mercado y a las fórmulas tarifarias no han avanzado, fundamentalmente por la inestabilidad y casi ausencia de la Comisión de Regulación Energética (CREG) que es, por ley, la responsable de hacer estas reformas. La otra posibilidad de avanzar es reformando las leyes existentes, especialmente la Ley de Servicios Públicos, que anuncia el gobierno se presentará este semestre al Congreso, y que tendrá dificultades de ser aprobada, dada la correlación de fuerzas actual desfavorable a las ideas del progresismo.

En cuanto a las comunidades energéticas, el gobierno lanzó la inscripción de proyectos en el Ministerio de Minas la cual tuvo una buena acogida con el registro de más de 18000 proyectos en todo el país. Sin embargo, los recursos existentes para apoyar estos proyectos son escasos y, por ello,  se plantea apoyar con recursos de FENOGE[3], a unos 600 proyectos antes de finalizar el período de gobierno. A la fecha se encuentran en estudio 320 proyectos priorizados en una primera fase.

Respecto a las energías renovables, los grandes proyectos adjudicados en el gobierno del presidente Duque no entran aún en operación, pero ha habido avances en la ejecución de la línea de transmisión de La Colectora, necesaria para conectar los proyectos eólicos de la Guajira, por la culminación de las consultas previas y el inicio de la construcción, con el apoyo de las autoridades nacionales que en este gobierno acompañaron el proceso de forma decidida. En cuanto a proyectos ejecutados de manera independiente hoy hay en operación 1485 MW, la mayoría plantas solares, de una meta planteada por el presidente de 6000 MW de proyectos renovables no convencionales. Esta meta será posible si la línea de transmisión entra en operación antes de agosto de 2026.

No se puede dejar de mencionar el acertado manejo de la situación energética planteada por la presencia del Fenómeno del Niño, el cual, a pesar de las críticas de algunos analistas opositores al gobierno, resultó en la no necesidad de racionar como se pregonaba desde distintas esquinas opositoras.

Como síntesis de los avances en materia energética, podemos decir que, si bien las políticas son claras, la ejecución es lenta, mediada entre otras razones por la débil correlación de fuerzas a favor del gobierno en casi todos los escenarios y por la falta de experiencia en la gestión de algunas autoridades responsable de avanzar en estas materias. Sobresale, dentro de los factores que explican el poco avance de las acciones planteadas por el gobierno la no conformación de la CREG que podría ayudar a destrabar muchos temas, especialmente en el sector de electricidad y de gas natural.

En los dos años restantes el gobierno tiene la posibilidad de cumplir las metas o al menos dejarlas muy avanzadas, pero se requiere un redireccionamiento en varios frentes y un refuerzo en la capacidad de gestión para lograrlo.

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[1] Las cifras que se muestran en este artículo son tomadas del reporte de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

[2] Un gigapie cúbico (Gpc) equivale a mil millones de pies cúbicos

[3] Fondo de Energía Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, adscrito al Ministerio de Minas y Energía

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