Germán Corredor Avella
Ingeniero y profesor
•
Desde el discurso de posesión, el presidente Petro anunció, como un aspecto importante de su política, la lucha por mitigar el cambio climático y su intención de desarrollar una matriz energética más limpia fortaleciendo la penetración de energías renovables.
Decía el presidente: “Latinoamérica se junta en algunas instituciones, pero no en proyectos concretos. ¿Hemos acaso logrado la conexión de todas nuestras redes de energía eléctrica? ¿Hay una red de energía eléctrica que cubra a toda América? ¿Hemos logrado que las fuentes de nuestras energías sean limpias? ¿No es acaso hora de impulsar las empresas petroleras públicas y nuestras empresas de transmisión eléctrica a construir el instrumento empresarial y financiero latinoamericano que avoque las inversiones en la generación de las energías limpias y en la transmisión de esa energía a escala continental? Y más adelante, planteaba: “Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de energías renovables….”[1]
Estos anuncios sobre política energética se han ido concretando en diversos documentos y planteamientos del gobierno. Decía la anterior ministra de Minas y Energía, Irene Vélez hace algunos meses respecto a la Transición Energética Justa (TEJ): “Entendemos la TEJ como el proceso gradual de sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables en la matriz energética nacional tanto primaria como de consumo final de energía. Así la TEJ debe representar una de las principales estrategias para mitigar los efectos de la crisis climática y gestionar eficientemente los riesgos económicos de la transición energética global sobre la economía colombiana”.[2]
No son pocos los discursos presidenciales en el país y en el exterior en los cuales ha insistido en la importancia de las energías renovables y de la transición energética. La política pública de este gobierno ha hecho énfasis no solo en los grandes proyectos sino en el desarrollo de las comunidades energéticas que pueden convertirse en productoras de su propia energía.
Conviene entonces desarrollar el significado de esta política. En primer lugar, se debe señalar que las energías renovables a que hace alusión la política pública del gobierno son la energía eólica, la energía solar, las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs), la geotermia, la biomasa y la energía de los mares, siendo las tres primeras las que tiene una mayor factibilidad en nuestro país por los enormes recursos solares de viento y de aguas que tiene Colombia y por sus menores costos económicos frente a las otras.
Es evidente que toda acción de la humanidad sobre la naturaleza produce impactos ambientales y el desarrollo de proyectos de energías renovables no es la excepción. Lo que es cierto es que estos impactos son infinitamente menores que los producidos por las fuentes convencionales (Petróleo, gas natural, carbón o grandes represas)
Sobre las tres principales fuentes renovables de energía , podemos anotar lo siguiente: Las granjas solares afectan el paisaje, pueden requerir tala de árboles, puede impactar el suelo, aunque no es claro si de forma negativa o positiva. Las plantas eólicas afectan el paisaje, producen ruido, pueden impactar aves y murciélagos que se estrellan contra sus aspas, entre otros impactos. Las pequeñas centrales hidroeléctricas también requieren de obras civiles, así sean menores, desvío de ríos y tala de árboles.
Respecto a estas últimas conviene señalar que en el mundo no hay un consenso sobre cuál es el tamaño de una hidroeléctrica para definirla como pequeña central hidroeléctrica. En algunos países se consideran las menores a 10 MW y en Colombia, sin que sea una Ley, se definen PCHs las menores a 20 MW. Pero más allá de esa discusión es importante señalar que estas plantas no “gastan” el agua, pues lo que se hace es hacer pasar el caudal de un río por una turbina y después dejarlo pasar nuevamente al río.
Hago esta distinción porque hemos visto en los últimos meses una fuerte actividad de sectores ambientalistas en contra de las PCH´s con argumentos como el gasto del agua o el uso de la energía para llevarla al extranjero. En realidad la energía de estas plantas, como de las demás, se inyecta al sistema eléctrico nacional para el consumo interno. Ojalá estuviéramos interconectados más con nuestros vecinos, como lo insinuaba el presidente en su discurso de posesión.
Ahora bien, después de casi dos años del actual mandato, conviene preguntarnos en qué va la política de introducción de energías renovables en Colombia, que por otra parte el Presidente fijó en 6 GW como meta en su mandato (hoy el país cuenta con más o menos 20,6[3] GW instalados en total)
Hasta la fecha están instaladas según información de XM[4], 1397,9 MW de energías renovables con tecnología solar, eólica y biomasa y 983 MW con energía hidráulica (PCHs), lo que representa en total de fuentes renovables no convencionales 2,38 GW, equivalentes al 11,5% del total de capacidad instalada del país. Ello significa que para cumplir la meta señalada por presidente Petro hacen falta 3,62 GW que se deberían para construir en los próximos dos años.
El reto es complejo si se tiene en cuenta que el mayor número de proyectos de fuentes renovables lo constituyen pequeñas plantas solares, por lo cual se requerirían muchos proyectos de este tipo para lograr el objetivo. Es indudable que hace falta que algunos de los proyectos de gran tamaño logren entrar en operación antes del 2026, para lo cual se necesita destrabar procesos de consulta previa y de licencias ambientales que han sufrido demoras por diferentes razones como oposición de las comunidades o exigencias de la autoridad ambiental para conceder las licencias respectivas.
En este contexto resulta un poco difícil entender la oposición de algunos grupos ambientalistas a los proyectos de energías renovables, que, sin lugar a dudas, representan la alternativa más limpia disponible hoy para atender la demanda del país.
En mi opinión la oposición a estos proyectos por razones ambientales no debería ser el principal tema de debate para el futuro energético del país.
Creo que discutir aspectos como la estructura de propiedad de los proyectos, la participación de las comunidades en esta propiedad, la distribución de rentas, la estructura del modelo eléctrico del país, la política de tarifas, entre otros, deberían ser los aspectos centrales de la discusión. Es decir, buscar una transición más justa, como la define el gobierno actual. Y claro, este debate de gran calado político y económico no se va resolver en los dos años que restan al gobierno, pero si se debe iniciar ya con rigurosidad y propuestas serias que beneficien a los colombianos.
La política es clara, la gestión ha sido lenta y el sector ambiental no ha jugado un papel de impulso a esta política que en teoría debería ser liderada precisamente por estos sectores. Los seres humanos a veces, como ciertas especies animales nos mordemos la cola. Amanecerá y veremos.
[1] https://www.noticiascaracol.com/politica/discurso-completo-de-gustavo-petro-en-su-posesion-como-presidente-de-colombia-rg10.
[2] https://www.bloomberglinea.com/2023/02/22/transicion-energetica-asi-avanza-el-plan-del-gobierno-petro-y-esto-es-lo-que-se-sabe/
[3] 1 GW=1000MW
[4] https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Informes/CapacidadEfectiva.aspx
Para mantenerse al día con nuestras publicaciones directamente en su cuenta de WhatsApp, haga clic en el botón “SUSCRIBIRME”.