
César Torres Cárdenas
Investigador, consultor y profesor
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El pasado 29 de junio, el periodista Juan Diego Quesada publicó, en el diario El País, de España, un artículo titulado El excanciller Álvaro Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro. En las entrevistas que distintos medios le hicieron al mencionado comunicador, que, dicho sea de paso, lo convertían en una noticia más importante que sus descubrimientos, él dijo que su investigación la hizo con pleno conocimiento y apoyo de la empresa periodística para la cual trabaja.
Dicha empresa es, en realidad un conglomerado. Se autodefine como “el grupo empresarial líder en la creación y distribución de contenidos educativos, de información y entretenimiento en el mercado de habla hispana”. Añade que está “[p]resente en 22 países” y que “Prisa llega a millones de personas a través de sus marcas globales: Santillana, El País, Los 40, W Radio o AS”. Según su presentación en línea, tiene ¡240 millones de usuarios únicos mensuales!
¿Por qué una empresa de esas dimensiones puso un grupo de periodistas a disposición de su corresponsal de Colombia, Venezuela y la región Andina y cubrió las necesidades de logística, transporte e infraestructura social que ese trabajó demandó?
Talvez porque el excanciller Leyva, según decía él mismo en los audios a los que tuvo acceso el periodista de El País, estaba organizando un supuesto acuerdo nacional que permitiera derrocar al actual Presidente de la República y los dueños del periódico entendieron, como entendimos sus lectores, que el excanciller estaba organizando un golpe de Estado para “sacar a ese tipo”. El primero que se daría en los últimos 75 años en Colombia.
Así, publicar los audios, previamente verificados, era una verdadera primicia. Era una información que se daba, antes de que ocurrieran los hechos anunciados.
Claro que era poco probable que dicho golpe se hiciera efectivo en los términos y condiciones que Álvaro Leyva relató a sus interlocutores: se trataba, según el presunto sedicioso Leyva, de hacer -en cosa de 20 días- un acuerdo entre los paramilitares del Clan del Golfo, sus enemigos históricos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un sector de las disidencias y las mayorías parlamentarias, para derrocar al presidente y sustituirlo por la vicepresidenta Francia Márquez, tal como ordena la Constitución Política para casos de ausencia temporal o definitiva del primer mandatario.
Quesada recibió los audios, confirmó su autenticidad, verificó o intentó verificar que todas las personas mencionadas por el presunto sedicioso hubieran, en efecto, conversado con él y que el presidente Petro conociera la existencia de esas grabaciones. Por último, buscó que Leyva, las personas convocadas y el propio afectado se pronunciaran al respecto. Punto.
No hizo contacto con los grupos armados a los que hizo referencia el excanciller y tampoco tuvo en cuenta las siguientes coincidencias.
La primera es entre el sentido golpista de las palabras de Leyva en los mencionados audios y las arengas y pronunciamientos públicos de políticos como la experiodista Vicky Dávila, hoy en trance de precandidata presidencial, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia y Mario Diaz Balart, congresista republicano de Estados Unidos. Todas esas personas alegan que el presidente Petro es drogadicto, no puede seguir ejerciendo la primera magistratura y, por lo tanto, debe ser removido de su cargo antes de que termine el periodo para el que lo eligió el pueblo colombiano.
Sin pruebas y sin vergüenza alguna por carecer de ellas, esas personas esgrimen dicho argumento como si no tuvieran la más mínima duda al respecto. Queda la sensación de que, ante la imposibilidad de derrotarlo en los debates y en la capacidad de movilización social, intentaran erosionar la fortaleza moral del presidente, romper su legitimidad y hacerlo ver como un hombre indigno.
La segunda es una coincidencia plenamente identificada en la línea de tiempo elaborada y presentada por Señal Investigativa (se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=i7-3WicTarI): Durante el primer semestre de este año, Diaz Balart y otros congresistas republicanos sostuvieron una serie de reuniones con la mencionada experiodista, senadores y representantes a la Cámara, de Colombia, y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que no solo coincidían en sus ataques al presidente Petro, sino que se reunían ¿para ponerse de acuerdo en sus argumentos y coordinar acciones?
Aún más: de acuerdo con el informe citado, durante el mismo periodo en el que ocurrieron dichas reuniones, en los grandes medios de comunicación o medios corporativos se publicaron ataques, cada vez más feroces, contra la persona del presidente Petro.
Coincidencia o no, en esta misma época ocurren el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y la convocatoria hecha por Efraín Cepeda tanto a declarar sesión permanente en el Congreso, como a desconocer el papel y la autoridad del presidente de la República en las elecciones del año entrante.
Pero fíjense en esto: ninguna de esas coincidencias se menciona en las distintas entregas de la investigación publicada en el diario del Grupo Prisa.
Parece que la preocupación más importante para el periodista, su equipo y la empresa para la cual trabajan, era que la información que habían obtenido no se filtrara antes de que ellos publicaran. Así lo dijo él mismo en la entrevista que le hizo José Marulanda en Cuestión Pública. (puede verse aquí: https://cuestionpublica.com/la-intentona-golpista-de-alvaro-leyva/).
Marulanda empieza y termina la entrevista con la misma pregunta: “¿cuál es la historia (…) que tú crees que cuentan esos audios?” Y respondió el entrevistado, Juan Diego Quesada: “yo creo que esta es una historia que todavía tiene mucho recorrido. Creo que esto es solo el principio”.
Ni al principio, ni a lo largo de la entrevista, ni al final de la misma pudimos saber qué historia quería contar el periodista o contaban esos audios. Quizá sea algo que aún está por descubrirse y contarse.
Algún día, tal vez, alguien tenga suficiente información verificada para contar, por ejemplo, por qué el Grupo Prisa tenía tanta prisa en publicar, sin análisis de contexto, los audios en los que se contaban los planes para derrocar al presidente de Colombia.
Quizá alguien, sin ningún afán y con bastantes pruebas, podrá decir si esa publicación ayudó a detener una conspiración sediciosa o ayudó a que sus promotores tuvieran más acceso a los medios de comunicación, incluso a los alternativos y a los definitivamente gobiernistas. También se podrá saber si la publicación de estos audios sirvió, más que todo, para romper la confianza al interior de la coalición política que pretende continuar los cambios que se han iniciado en este periodo presidencial.
Como dijo Juan Diego Quesada, parafraseando a Leyva Durán, esto no se queda ahí.
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