Apuntes para hacer un análisis de la coyuntura actual

La situación del mundo en general y de Colombia en particular es harto compleja. Para describirla o analizarla y opinar con algún rigor, no basta con declarase seguidor de tal o cual escuela de pensamiento y repetir -como una letanía- lo que, desde esa escuela, se percibe de la realidad actual. Tampoco basta sentir con atención y contar lo que sentimos ante lo que está pasando. Hay que pensar, como se ha dicho tantas veces que dijo Cornellius Castoriadis, poniendo en cuestión el mundo existente.

Para hacerlo, sería necesario hacer seguimientos sistemáticos a la realidad en su conjunto, percibir las tendencias en las que se mueve cada protagonista y entrever aquellas hacia las cuales pueden irse los grupos de poder y sus intereses. Hay que descifrar en qué áreas de la vida social y cómo chocan esos grupos y cuáles resultados son más plausibles, si, de verdad, queremos entender un poco mejor el momento que vivimos. Entenderlo y transformarlo.

Este texto no aspira a lograr tanto. Como su nombre lo indica, aquí hay unos apuntes para avanzar hacia dicho cuestionamiento. Se intenta poner en cuestión el poder, la fuerza, la capacidad que tienen los poderes. Los que gobiernan el mundo y los que intentan gobernarlo; los que gobiernan de verdad en Colombia, los que han accedido a las instituciones y aún no son gobierno siquiera y el poder nuestro de cada día, el de la gente común y popular.

Estamos convencidos de que no hay método infalible ni mirada abarcadora que puedan dar cuenta de la realidad. Pero se puede ir tomando notas acerca de algunos hechos, datos, luchas parciales. Quizá sean útiles para que alguien (es) más hagan el análisis como es debido.
A continuación, compartimos con ustedes algunos de los apuntes que hemos tomado en estos años. Pueden ayudar a entender la coyuntura y a lo mejor le sirve a gente que esté interesada en cambiar esta situación.

Apunte Uno: La transición de un capitalismo a otro capitalismo

Lo que conocimos como sistema mundo capitalista (bajo la denominación de imperio, globalización, transnacionalización o dominio del mercado) parece agonizar; al menos está teniendo un cambio que era impredecible, hace apenas 5 meses.
Bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos (USA o EEUU) ha desconocido e irrespetado las leyes, normas y costumbres del mercado que se fueron asentado en el mundo a partir de los años 70s del siglo pasado. El sistema del mundo cambia de cara y se comporta diferente.

Los aranceles que USA había pactado con otros países, fueron unilateralmente aumentados mediante una serie de decretos presidenciales expedidos por dicho mandatario. En respuesta, gobiernos como los de Canadá, China y México aumentaron en casi idéntica proporción los suyos propios. En esa situación, Trump, disminuyó la tasa arancelaria para algunos productos y países y, enseguida, amenaza con volver a aumentarla.

Hoy no hay seguridad comercial ni jurídica para ninguna empresa o país que haga tratos con EEUU, que es el gran comprador y vendedor en el mercado mundial. Ese universo del comercio internacional hoy carece de firmeza y en casi todas partes se toman medidas rápidas y provisionales para enfrentar cada cambio que decide el gobierno estadounidense.

Tomando estas medidas, dicho gobierno parece estar presionando a las empresas estadounidenses para que monten sus factorías en el suelo de ese país. De esa manera se fortalecería la producción nacional y el mercado interno y se disminuirían costes de producción de las industrias estadounidenses que hoy elaboran sus mercancías en países que les garantizan bajos precios de la mano de obra.

Con las mismas medidas, el gobierno Trump aspira a bajar los precios al consumidor final, lo cual es posible, al menos en el papel, ya que se evitarían los gastos de transporte y de impuestos de exportación e importación de dichas mercancías.

Ahora: traer esas empresas a su país de origen (USA) y que ellas sean competitivas en el mercado mundial, implicaría que los salarios y prestaciones de los trabajadores en EEUU se bajen al nivel de los que existen en los países en los que, en este momento, están esas factorías. Habría nuevos empleos, claro, pero de malos o pésimos salarios y seguridad social.

Por eso mismo, no falta quienes afirman que, en realidad, el interés prioritario de el actual presidente de USA es su enriquecimiento personal y el de sus aliados más cercanos -los conocidos como los mega-ricos. Ellos se beneficiarían porque serían los proveedores de las infraestructuras inmuebles, técnicas, tecnológicas y financieras de esas empresas trasladadas.

Apunte dos: De un intervencionismo a otro siendo el mismo Imperio.

La estrategia política que acompaña a las medidas económicas, descritas en el apunte anterior, es la que se oculta -y, al mismo tiempo, se materializa- en el estilo infantil, caprichoso y vulgar del Presidente Trump.

Consiste en imponer nuevas condiciones económicas, unilateralmente y sin pacto alguno. Humillar y ofender, públicamente, a países y mandatarios que han sido socios comerciales de los Estados Unidos de América y, luego, empezar a negociar con ellos los nuevos términos de la producción y el comercio internacional, buscando que cualquier acuerdo esté en sintonía con el plan económico de Trump y su gobierno.

El nivel de respeto (al menos formal) por la soberanía nacional y la institucionalidad de cada país, fue cambiado por un comportamiento abiertamente hostil e infamante mediante el cual, el gobierno estadounidense llegó a pedir/exigir/promover la anexión de Canadá y la compra de Groenlandia.

Prácticamente no hay país y gobierno que no haya sido insultado por el Presidente Trump.
Hasta aquí, se podría afirmar que el contenido de la política exterior estadounidense, es el que históricamente ha tenido ese Estado. Pero, antes, esos chantajes se hacían vía diplomática y/u operaciones de inteligencia, no vociferando frente a las cámaras de televisión, como lo hace este presidente.

Es necesario agregar que este mandatario no ha tomado ninguna medida para detener los tres conflictos que hoy producen más muertes de civiles en el mundo: los genocidios que se están cometiendo en la República Democrática del Congo y en Palestina y la guerra en Ucrania.

Quizá porque él y sus pares han entendido que la sobrevivencia económica de los Estados Unidos de América, como país, depende, en buena medida, de la productividad y ganancias de su industria militar armamentística que es la gran beneficiaria de esos genocidios y confrontaciones militares.

Tampoco ha enviado tropas de las Fuerzas Armadas de su país a los teatros de operaciones. La intervención militar de USA en esas y otras guerras se está haciendo a través de organizaciones de mercenarios.

Este cambio de modelo no es una creación del actual presidente, es una tendencia inaugurada después de la guerra del Vietnam y ha venido convirtiéndose en la más eficaz estrategia de mercado de la industria militar antes mencionada y en la vía para evitar la responsabilidad de los mandatarios de ese país en los crímenes de guerra. Hoy está completamente consolidada y es el modo estadounidense de hacer intervencionismo y asegurar su impunidad y su dominio cuando actúa en el extranjero.

Apunte tres: las resistencias contra atacan

Es necesario señalar que el mundo no es solo USA y Trump, sus poderes y estrategias.
Dentro de su propio país, el presidente estadounidense enfrenta cada vez más resistencia. Poco a poco van emergiendo dirigencias políticas, empresariales y sindicales que se oponen a sus planes, muestran la inconveniencia de los mismos y predicen las consecuencias inhumanas que tendrán.

En su contra se han pronunciado artistas e intelectuales. Como él ha victimizado prestigiosas universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, profesoras, profesores y periodistas, algunas de esas entidades y personas no aceptan sus condiciones y usan su poder y su alcance comunicacional para demostrar su descontento y el peligroso nacional-socialismo que encarna el señor Trump.

Por otra parte, sus malos modos y su avaricia ilimitada, han acelerado las condiciones para un enfrentamiento -cada vez menos encubierto- con las dos potencias emergentes: la Federación Rusa, que ya no se proclama ni socialista ni soviética, y la República Popular China, cuyo modelo económico y político podría denominarse de alianza productiva entre el Estado y la empresa privada bajo la dirección del Partido Comunista Chino.

Esa confrontación entre potencias no es solo por la agresividad y displicencia de Trump. Antes de él, ya llevaban varios años repartiéndose el mercado mundial y cada una bregando a quedarse con la tajada que le resulta mejor y más conveniente. El comportamiento errático del presidente estadounidense solo ha acelerado y hecho explicito ese enfrentamiento.

El resultado de estas disputas, definirá -entre otras cosas- la primacía de un modelo de capitalismo, de cultura y de convivencia multipolar.

Dependiendo de quiénes ganen y quiénes pierdan, se decidirá si se permite (y cómo se permitirá o no) la circulación e integración de los capitales originariamente acumulados en actividades ilegales e inhumanas (tráfico de armas, de sustancias de uso ilegal, de órganos, de humanos y de otras especies animales). Esas actividades, en todo caso, ya tienen una notoria influencia en la economía, la política y la cultura dominantes y es posible que la aumenten.

Sea cual sea el resultado de esa redistribución de control o influencia en zonas y mercados específicos, habremos de concluir con Eli Friedman que “Aunque sería reconfortante confiar en que una potencia emergente construya el mundo que queremos, eso es meramente un pensamiento ilusorio. “

Entre tanto, otros países y gobiernos han tomado conciencia de su propio poder. Saben que no están condenados a ser la parte inmóvil del escenario en el que se juega el control del sistema mundo y están usando esta situación para ampliar su escasa autonomía y ganar un poco más de autodeterminación.

Es lo que ha intentado hacer el actual gobierno colombiano: estar cada vez más cerca de la asociación económica y política de Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, conocida como BRICS por las iniciales de los países que la conforman. Este mes que ya casi termina, Colombia presentó formalmente su solicitud de ingreso al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro durante una reunión con Dilma Rousseff, presidenta del NBD.

Sin embargo, nadie puede garantizar que Petro se atreverá a ir más allá del discurso, la retórica nacionalista y la confrontación, vía X, con el actual mandatario norteamericano. Quizá, además, logre dos o tres acuerdos comerciales sin autorización o en contra de las políticas de Washington.

Y no se puede esperar mucho más, no sólo por la propia volatilidad de nuestro gobierno, sino por el debilitamiento al que lo han sometido las otras ramas del poder público, los conglomerados empresariales de la comunicación y la violencia paramilitar.

Apunte cuatro: La privatización de las guerras y la violencia en Colombia

Nuestro país, pese a los esfuerzos del actual gobierno por acercarse al bloque BRIC para ganar autonomía, hace parte de los territorios en disputa. Aunque históricamente hemos hecho parte de la zona bajo dominio estadounidense.

Nuestros mercados y materias primas, nuestra mano de obra y la capacidad de aprendizaje -todo a bajo costo, comparativamente hablando- son una especie de botín que ninguna potencia quisiera desaprovechar o pasar por alto.

Eso explica la presencia cada vez más notoria de militares y mercenarios estadounidenses. Son el brazo armado que abre paso a las empresas con intereses en Colombia; o de las que ya están y buscan consolidar su presencia e importancia. Por eso y no por la mala voluntad de sus gerentes y consultores, algunas de ellas han sido condenadas en procesos jurídicos sobre creación y fortalecimiento de grupos paramilitares en Colombia.

Están aquí, no solo como instructores o planificadores de la acción militar. Desde principios de este siglo, participan abierta y directamente en acciones de inteligencia y en planeación y acompañamiento de combates.

Tal como lo afirman Mumma y Royse en un documento evaluativo de la presencia de un grupo de militares estadounidenses en Colombia, -1st Security Force Assistance Brigade Adviser Successes in Colombia-: “Las labores de MAT 1313 y MAT 1322 al asesorar a las fuerzas de seguridad de la nación socia tuvieron impactos tanto operativos como estratégicos. Operativamente, nuestras fuerzas socias lograron aumentar su capacidad de supervivencia y su ritmo operativo. Estratégicamente, esto les permitió mejorar su productividad general en la lucha contra el narcotráfico.

Experiencias como estas son ejemplos del tipo de compromisos futuros que los equipos de asesores podrían enfrentar al trabajar con fuerzas de seguridad extranjeras.” (Traducción Nuestra)

Es posible que esas tropas sean una amenaza, concreta y efectiva, al gobierno colombiano.
De hecho, más allá del lenguaje diplomático y de los acuerdos de asistencia militar, la presencia de grupos armados de otro país en territorio nacional, siempre constituyen una amenaza potencial. Y si el gobierno del país del cual proviene el grupo armado no se hace responsable por las acciones de esas tropas, su presencia es doblemente riesgosa: es el caso de los hombres y mujeres, militares estadounidenses que no hacen parte, oficialmente, de las fuerzas armadas de ese país y están y operan en Colombia bajo el mando de empresas privadas.

Dada la tradición estadounidense de apoyar golpes de Estado contra gobierno que no obedezcan la totalidad de sus ordenes y directrices, la presencia permanente de asesores y, ahora, de contratistas militares que enseñan y adoctrinan a las tropas nuestras y ocasionalmente combaten junto a ellas, se convierte en una poco velada presión sobre Petro y su equipo de trabajo.

Se dice, insistentemente, que este gobierno, se ha visto obligado a ceder en cuanto se refiere al alcance y profundidad de las reformas prometidas, a cambio de que le permitan terminar su mandato en agosto del próximo año.

Es más, esa presencia intimidante de mercenarios llamados contratistas que mantienen relaciones políticas con sectores de la oposición también vinculados al paramilitarismo, parecería estar logrando que el gobierno colombiano le entregue el control de porciones del territorio nacional al gobierno, las fuerzas militares y a algunas empresas del país del norte. Sería el caso de la Amazonia, Gorgona y/o El Catatumbo.

La cada vez mayor presencia de tropas y mercenarios estadounidenses en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, no solo presiona a Colombia, sino que podría servir como cabeza de puente para facilitar la entrada de otros mercenarios a Venezuela. Esto sería una de las razones que llevaron al gobierno venezolano a tomar medidas de restricción de los vuelos que conectan a los dos países y a ordenar la detención de personas de nacionalidad colombiana.

Apunte cinco: otra explicación para los muchos e impredecibles cambios

Esa presión que recibe el gobierno colombiano, también podría explicar sus timonazos más recientes en materia de políticas públicas de lucha contra las drogas y de seguridad y construcción de paz. Ambas muy sensibles e importantes para el sector dominante en la economía y la política estadounidense.

Hace unas pocas semanas el Ministro de Defensa (seleccionado mientras aún era General activo de la República, cosa que no ocurría desde principios de la década de los 90s del siglo pasado, lo cual ya parece otra concesión más) anunció que se volvería a usar las aspersiones de Glifosato como arma principal para erradicar los cultivos de uso ilícito. Meses antes, había sido sustituido el Alto Comisionado para la Paz; con el nuevo funcionario, Otty Patiño, el gobierno pasó de buscar una paz total -es decir con todos los grupos armados, cosa bastante difícil de lograr- a una estrategia de guerra total, en la que el triunfo es improbable.

Más que un cambio en la lucha contra las drogas, se retrocedió hacia una política que lleva casi 30 años de derrotas. Ya en 2021, en el Washington Post, María Teresa Ronderos y Andrés Bermúdez lo decían así: “Hay un viejo refrán que dice que la definición de locura es intentar la misma receta, una y otra vez, buscando tener resultados diferentes. Esto es exactamente lo que ha venido haciendo Colombia con los cultivos ilícitos de coca: volver y volver, como lo hicimos durante 20 años de lucha antidrogas, a la aspersión aérea con herbicidas de estos cultivos, esperando infructuosamente verlos desaparecer.”
Si ya saben que eso no funciona, que no servirá para derrotar a quienes lucran de ese tipo de negocios, ¿Para qué lo hacen?
Como siempre, habría que establecer qué sectores sociales o económicos aumentan sus ganancias con este cambio de política.

Estas políticas favorecen a las compañías fabricantes de herbicidas y de armas. Dos renglones económicos distintos y que tienen, cuando menos, cuatro aspectos en común:

• Originadas en la industria química y militar: Monsanto, por ejemplo, participó en la producción del Agente Naranja, herbicida y defoliante usado como arma química durante la guerra de Vietnam. Otras compañías como Dow Chemical también han participado en programas militares. La industria química y la militar se conectan, pues, en términos de tecnología, investigación y uso dual (civil y militar) de productos químicos.
• Algunos fondos de inversión (como BlackRock, Vanguard, etc.) tienen acciones en múltiples industrias, incluyendo empresas de agroquímicos y de armamento. Esto crea conexiones directas e indirectas, gracias los intereses financieros comunes. Más aún: suelen ser propiedad de los mismos inversionistas.
• Tanto los fabricantes de pesticidas como los de armamento realizan lobby político para influir en regulaciones y decisiones gubernamentales. En algunos casos, comparten plataformas o alianzas en centros de pensamiento (think tanks) y grupos de presión que defienden intereses corporativos comunes.
• Hay intelectuales que pasan de los altos cargos corporativos a las instancias gubernamentales y, de ahí, a la fundaciones u obras filantrópicas financiadas por las industrias de pesticidas y las armas.
  Desde allí, “producen pensamiento” y lo difunden entre las bancadas parlamentarias y los tomadores de decisiones, como pensamiento científico de última generación, coincidencialmente en favor de esas industrias. Así los describe Transnational Institute, dando nombres propios y circunstancias de modo, tiempo y lugar, en su articulo Cambiar el corazón y el alma. Cómo las élites contuvieron el movimiento por la justicia global.
  En materia de conflicto y paz, con no poca influencia del lobby armamentístico y la presión que representa la presencia de tropas y mercenarios estadounidenses en Colombia, el gobierno Petro pasó de la construcción de agendas de dialogo que permiten construir conocimientos comunes entre las partes y, así, buscar vías de solución política a los enfrentamientos violentos, al intento de desvertebrar militarmente a todos los grupos armados organizados que, por otra parte, se enfrentan entre sí.
  Esa estrategia militar va acompañada de un despliegue mediático y una ofensiva moral del gobierno. Como si les aplicara a los grupos armados ilegales la misma fórmula que contra él aplican sus adversarios políticos de la derecha radical.
  Así, pretende restarle legitimidad y reconocimiento, sobre todo a la insurgencia que llegaría derrotada a una eventual mesa de negociación.
  Es la misma estrategia de combinación de todas las formas de lucha desarrollada por Pastrana, Uribe y Santos para llevar a las FARC a la negociación, la entrega y su desaparición definitiva. Es como si el actual gobierno quisiera hacer lo mismo, pero con el ELN.
  

Apunte seis: ¿Hablar en el Vaticano y con el Papa como mediador?

La semana pasada, Petro propuso que los diálogos entre su gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se hicieran delante de su Santidad León XIV, en la Santa Sede.

Parece una buena idea, salvo que, en esa misma invitación a dialogar, tachó a la contra parte de haber perdido sus ideales políticos e ideológicos y de haberse transformado en una banda delincuencial de narcotraficantes y traquetos sin principios ni convicciones… si lo son, pregunta uno, ¿para qué les concede el privilegio de dialogar en la presencia y con el acompañamiento del representante de Dios en la tierra?

Si son narcos y traquetos, no hay nada qué negociar con ese grupo. Si no lo son, mejor no inventar historias que imposibiliten cualquier acercamiento. Lo que sí que no se puede hacer es insultar al ELN, a sus dirigentes y, a renglón seguido, invitarlos a dialogar, tal como lo hace Trump con los dignatarios de otros países. Ni el Santo Padre podría comprender tamaño enredo.

Ahora, ¿Qué tal que los elenos y elenas le doblen la apuesta, digan que sí y propongan al Vaticano como sede de un diálogo entre todos los miembros del Comando Central de esa organización y el Consejo de Ministros, con el Presidente a bordo? Una reunión corta y directa, sin burócratas que intermedien y, posiblemente, busquen el lucro personal.

¿Y qué tal que, ya entrados en gastos, gobierno y ELN pacten que esa reunión, ante la más alta autoridad de la Iglesia Católica, debe lograr solo dos acuerdos: reiniciar los diálogos que se suspendieron cuando Otty Patiño se convirtió en jefe de la OACP y que, esta vez, dichos diálogos desarrollarán la agenda pactada, en medio de un cese al fuego bilateral y nacional y cumpliendo un cronograma de trabajo igualmente verificable??

Eso sí sería, en realidad y sin discursos que parecen globos llenos de humo, muestras de buena voluntad.

Apunte siete: La base constitucional del neoliberalismo, paramilitarismo y el plan contra insurgente.

Los esfuerzos de la sociedad colombiana por salir de las dinámicas de violencia, pobreza y exclusión han resultado infructuosos, a pesar de las promesas del cambio constitucional de 1991 y los distintos procesos de paz que se han llevado a cabo en los últimos 40 años.

Las élites políticas en Colombia aprovecharon la situación de exacerbación de la violencia política y el paroxismo de la guerra contra el narcotráfico a finales de los 80 para ambientar un nuevo consenso constitucional que prometía paz, democracia participativa, modernización del régimen jurídico y de la justicia, descentralización administrativa y, por supuesto, el acceso a un amplio plexo de derechos.

Pero, ni bobas que fueran, en el mismo texto constitucional sentaron las bases de la economía neoliberal, la privatización del estado, la flexibilización laboral, la apertura económica a los capitales extranjeros y la primacía del mercado en la gestión y acceso a los servicios públicos y los derechos sociales.

Aunque en sus inicios el nuevo marco constitucional propició algunos avances en la inclusión de sectores diversos y dio garantías de carácter liberal para sectores sociales históricamente excluidos (grupos étnicos, género y diversidad sexual, entre otros) muy rápidamente estos avances llegaron a una situación de estancamiento.

Aunque se ha vendido como una de las constituciones más avanzadas y garantistas del mundo, la verdad es que la eficacia del marco constitucional en la garantía de derechos básicos dista mucho de las promesas con las cuales habitualmente se promueve.
Para mencionar solo la garantía del derecho a la vida y la paz social, la Comisión de la Verdad pudo constatar que, entre 1984 y 2018, se presentaron 450.000 muertes violentas relacionadas con el conflicto armado. Buena parte de ellas ocurrieron en plena vigencia de la constitución del 91.

Al igual que la introducción del neoliberalismo, las bases de la expansión del paramilitarismo se construyeron durante los primeros años de dicho texto constitucional. En esa época se crearon las Cooperativas de Seguridad Convivir. Los principales jefes paramilitares reconocieron que esas cooperativas fueron las bases que les permitieron expandir su proyecto de control paramilitar a todo el país, durante los años 90s y 2000, los periodos más violentos registrados en Colombia desde la época de la denominada Violencia.

Mientras gran parte de los territorios empezaban a ser ocupados y controlados por esas fuerzas para estatales, aumentó la cooperación militar de los Estados Unidos a través del Plan Colombia. Así, lograron, no solo desequilibrar y debilitar a la insurgencia, sino empezar a derrotarla.

Simultáneamente, algunos territorios cayeron bajo control de conglomerados económicos del capital transnacional e internacional y el capital financiero se devoró las empresas estatales. Se privatizaron los derechos sociales y los servicios públicos que antes prestaba el Estado (así se privatizaron las pensiones, la educación, la salud, las comunicaciones, los transportes y se vendieron gran parte de los activos estatales en las fuentes de producción de riqueza).

En este periodo 8.3 millones de hectáreas fueron violentamente despojados a campesinos, negros e indígenas, se desplazó a 9 millones de personas, mientras solo en gobierno de Uribe se entregaron 9.000 concesiones de títulos mineros y se tramitaron cerca de 30.000 solicitudes adicionales que adjudicaron, principalmente a transnacionales, gran parte del territorio nacional.

En cuanto a la garantía de los derechos sociales, se constata que más de la mitad de las muertes, ocurridas desde la década de los 80 hasta comienzos de la presente, se produjeron por causas medicamente evitables. Es la estadística que muestra el fracaso en la garantía del derecho a la salud.

La fresa del pastel: La Constitución del 91 nunca garantizó la superación de los grandes males nacionales: despojo, marginación, desigualdad y dificultad de acceso a los derechos más vitales. Muestra de ellos es que Colombia es el cuarto país con mayor nivel de desigualdad en el mundo.

Apunte ocho: ¿Es deseable y posible cambiar la Constitución?

Quienes defienden la permanencia e inmutabilidad de la constitución vigente tendrán que explicar cuáles derechos son los que se perderían si, mediante un proceso constituyente, se rehace o se reformula el orden constitucional.

Es claro, por otra parte, que el régimen constitucional llegó a un punto de parálisis y agotamiento en cuanto perspectivas de cambio democrático.

El bloqueo institucional al que se tiene sometido el actual programa de gobierno, producto de la confluencia de una voluntad obstruccionista por parte de los gremios económicos, los partidos políticos, los medios de comunicación, el Congreso, las altas Cortes y los estamentos militares, se apoya firmemente en el régimen constitucional y legal, sin cuya modificación, las reglas del juego para la competencia política seguirán predeterminadas a favor de los sectores dominantes.

Por más que se venda como la base de la paz y la convivencia de los 52 millones de colombianos, queda en evidencia que el orden de la Constitución de 1991 está fundado en el consenso a favor de la dominación y de los privilegios de las élites. Los procesos electorales y la dinámica parlamentaria, mientras se muevan en el marco de esta Constitución, jamás permitirán cambios en esa orientación.

A pesar de todo esto, los llamados sectores progresistas se empeñan en afirmar que las transformaciones urgentes del país son o serán el desarrollo de los principios y formas institucionales de la Constitución de 1991.

Pocas personas aceptan que es necesario impugnar el régimen político e institucional de la Constitución. Peor aún: el sector dominante, aunque no mayoritario, de la coalición del Pacto Histórico, se afirma como padre paridor de la Constitución que nos rige, y la propagandizan como base de cualquier acuerdo. Lo mismo dicen César Gaviria Trujillo, Humberto De la Calle y las dirigencias de los grupos económicos.

Tal vez, por el contrario, solo un proceso que desate la potencia constituyente del pueblo, podrá objetar el marco constitucional vigente y construir un orden democrático, con vigencia efectiva de derechos, con avance en la igualdad. Quizá una constitución nueva pueda abrirle paso a la paz fundada en la justicia y en la capacidad del movimiento popular de incidir en su propio destino.

Pero esa reforma no tiene quien la impulse.

Apunte nueve: Algunos dilemas de los movimientos y organizaciones sociales

Los movimientos y las organizaciones sociales se debaten entre retomar su autonomía e independencia y el apoyo irrestricto al presidente, quien, a su vez, promueve las movilizaciones cada vez que lo derrotan las Cortes o el Congreso.
No la tienen fácil.

No se pueden desmarcar radicalmente del gobierno, primero, porque éste fue elegido gracias a la influencia que las protestas y levantamientos sociales (2019-2021) tuvieron en la opinión votante; segundo, porque muchas de las reivindicaciones de esos movimientos y organizaciones hacen parte del programa de gobierno, del plan Nacional de Desarrollo y de la agenda legislativa de Petro y, tercero, porque es evidente el esfuerzo que Petro y su equipo de trabajo han hecho por cumplir con las reformas que prometieron a la ciudadanía que protestó antes y durante el estallido social.
Les queda difícil cortar los lazos y quitarle apoyo al gobierno que, al menos parcialmente, ha asumido la vocería y el trámite de sus reclamos.

Pero tampoco se están quedando como carro en grúa: levantado y arrastrado por el gobierno. Por el contrario, hay personas de esos movimientos y esas organizaciones que estando en el gobierno, promueven la agenda de los espacios sociales de su proveniencia.

Y esto plantea otra disyuntiva: se está en el gobierno para sacar adelante las políticas, planes, programas y proyectos que beneficien a su región o sector social o, por el contrario, se está allí para hacer realidad la política pública del gobierno, en la cual, presumiblemente, se reivindica las necesidades del grupo al cual pertenece el respectivo funcionario.

¿A qué se dedica cada uno? ¿A cumplirle a su gente e ir a reuniones con ella para demostrarlo (que es casi ir a echarle en cara lo logrado) o a ayudar a poner en práctica las decisiones gubernamentales en las que algunas veces salen beneficiados los respectivos grupos poblacionales?

Apunte final: la tarea apenas empieza

Como dijimos al principio, hacer un análisis de coyuntura, extenso y profundo, con la intención de cuestionar y transformar los mundos y las relaciones de poderes que hoy regulan nuestra vida, es una tarea que va más allá de las posibilidades de este escrito.

Nosotros ponemos a su disposición estos apuntes y esperamos empezar una conversación más colectiva con las personas que quieran hacer parte de ella. Nos interesa romper la hegemonía que hoy tienen las opiniones que confunden el chisme y el vituperio con el análisis, que remplazan la investigación periodística, por la intromisión en la vida privada de sus más importantes protagonistas.

El Quinto abre su sala de conversaciones sobre coyuntura.