César Torres Cárdenas
Investigador, consultor y profesor
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Desde el momento en que Gustavo Petro fue elegido presidente de la república, una parte del empresariado y de la dirigencia política colombiana, empezó a desarrollar actividades tendientes a bloquear sus iniciativas de gobierno.
Por otra parte, no es un secreto que la mayoría de las personas que están hoy en las altas cortes y en la dirección de los medios de comunicación está de acuerdo en que es necesario evitar que se concreten los programas propuestos por Gustavo Petro. Magistrados y periodistas han hecho todo lo que pueden para impedir que este gobierno gobierne: los primeros declarando ilegales actos del gobierno y los segundos inventando y propalando noticias falsas
Ese bloqueo busca hacer imposible la vida democrática de Colombia. No es un golpe fulminante ni a mano armada contra las instituciones, es un golpe que se va ejecutando poco a poco; por eso se le llama golpe blando.
El punto más álgido de ese golpe ocurrió hace unas semanas. Con pocos días de diferencia ocurrieron, primero, el criminal atentado contra Miguel Uribe Turbay y, después, la convocatoria que hizo Efraín Cepeda, presidente del Congreso, para declarase en sesión permanente y adelantar conversaciones con las Fuerzas Armadas. Fue como si los esfuerzos que habían hecho para evitar que Petro pudiera cumplir sus promesas de campaña, al fin estuvieran dando frutos.
Ahora se publican los audios de unas conversaciones del ex canciller Álvaro Leyva Durán. Lo que Leyva dice ahí, deja en evidencia que este señor ha estado juntando fuerzas económicas, políticas y comunicacionales, para derrocar al presidente Petro.
Hay varias cosas que no se dicen y no se pueden inferir de las palabras de Leyva. La primera es si él ha estado coordinando sus planes golpistas con congresistas; si, por ejemplo, las decisiones de Efraín Cepeda en el Senado, tienen relación con el golpe planeado por Álvaro Leyva.
Tampoco dice Leyva en los audios si las personas con las que se ha puesto en contacto o las que él cree que deben jugar un papel crucial para lograr sus objetivos, se han comprometido con el plan de tumbar a este gobierno.
Tampoco se dice si, para esa tarea golpista, Leyva estaba en coordinación con empresarios, magistrados, periodistas o medios de comunicación.
En cambio, sí se sabe que sus palabras han generado una oleada de desconfianza entre gente que hace parte del gobierno y, aun, entre personas que son simplemente afines o simpatizantes del mismo.
También se sabe que generar desconfianza, tanto al interior del gobierno que se pretende derrocar, como en las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan, hace parte de las estrategias y tácticas que se han usado en otros países para ejecutar los golpes blandos.
La mejor manera de enfrentar y vencer esa desconfianza, es que las y los funcionarios mencionados por Leyva digan, con toda claridad, qué compromisos adquirieron con él y por qué no informaron de las actividades golpistas que se estaban desarrollando.
Por supuesto, la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de investigar si Leyva y sus compinches han cometido algún delito y, luego, perseguirlos judicialmente.
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