Entre la corrupción y el escándalo

Ayer, jueves 25 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los confesos delincuentes Olmedo López Martínez, Sneyder Pinilla Álvarez y Luis Eduardo López Rosero. Ellos habían aceptado – tanto en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, filtrada a algunos medios de comunicación, como en entrevistas que concedieron a cuanta revista, periódico o emisora los quisiera escuchar- que se robaron miles de millones de pesos cuando los dos primeros fueron directivos y López contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la Fiscalía, parte de ese dinero se lo entregaron a algunos dirigentes políticos, dentro de los cuales cabe destacar a los, hasta hace poco, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

El ente investigador afirmó, además, que estos tres personajes habrían cometido los actos ilícitos siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón Gonzáles, anterior director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), hoy director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, y con la intermediación de Sandra Ortiz, anterior consejera para las regiones. Ambos fueron nombrados en sus cargos por el actual presidente de la república, Gustavo Petro.

Quienes siguen el caso, no se sorprendieron. Como se dijo antes, los tres imputados ya habían afirmado públicamente, que ellos cometieron esos delitos por orden de Gonzáles y con la ayuda de Ortiz. Tampoco resultó raro que involucraran a los ministros de hacienda y salud y a la ministra del trabajo, pues ya habían hablado sobre esas personas en los medios de comunicación.

Lo más o menos sorpresivo es que, casi finalizando la audiencia, los tres imputados no aceptaron los cargos de los que, muy seguramente, se les acusará. Si habían llegado a un acuerdo o al menos a un preacuerdo, con la Fiscalía, ¿por qué no aceptan los cargos? ¿Acaso les están imputando delitos sobre los que ellos no habían logrado un pacto con la institución acusadora?  ¿O es que los imputados piensan negar lo que ya han reconocido? O, más probable, ¿no aceptan los cargos para continuar negociando con la Fiscalía?

Por ahora no aceptan, aunque ya habían aceptado, porque, como dijo la fiscal del caso: esta audiencia de imputación es la primera de muchas que deberán hacerse en la primera fase de la investigación y juzgamiento que adelantan las autoridades judiciales por los delitos cometidos mediante contratación irregular en la UNGRD.

Dicho de otro modo: tienen tiempo para negociar y aceptar los cargos porque están en el inicio del principio de un largo proceso judicial.

Por ahora, la ciudadanía solo conoce tres cosas de esta investigación penal:

• una parte de lo que han dicho los tres delincuentes mencionados antes;
• segmentos de documentos y conversaciones sostenidas por ellos, sobre todo vía whatsapp, con personas a las que pretenden incriminar como participantes y/o determinadores de los delitos cuya autoría ya confesaron los dos López y Pinilla
• y algunas frases de la imputación de cargos que formuló ayer la fiscalía contra Olmedo, Sneyder y Luis Eduardo.

Con tan poca información disponible, quienes escribimos en medios de comunicación no tenemos muchas posibilidades de decir algo serio y de fondo acerca del proceso judicial. Podemos, eso sí, hacer nuestras propias investigaciones y hallar nuevos datos o descubrir nuevos hechos.

Esos hallazgos, logrados por periodistas, pueden producir consecuencias judiciales y crear una opinión favorable o desfavorable sobre las personas que protagonizaron los hechos investigados.

Por ejemplo, ayer, casi a la una de la tarde, el periodista Félix de Bedout escribió en su X (antiguo tuiter): “Pueden seguir mirando para otro lado y decir que todo es una conspiración del “establecimiento” y “los medios comprados” pero lo cierto es que prácticamente todos los implicados en este escándalo llegaron al poder de la mano del gobierno del “cambio””.

Es cierto: según lo que conocemos, buena parte de los señalados en el escándalo hacen parte de los movimientos, grupos y partidos que apoyaron a Petro en las elecciones. Eso no debería ocultarse, ni minimizarse. ¿Por qué no? Pues porque es verdad y el periodismo tiene el compromiso de revelar las verdades. Punto para Félix.

Pero no podemos confundir el delito con el escándalo. Aquí es donde Félix y los suyos parecen perdidos: olvidan o parecen olvidar, que una cosa es el delito de corrupción y otra es el escándalo que se crea alrededor de dicho delito.

En el caso de la UNGRD, todo indica que los actos delincuenciales de corrupción los cometieron estos tres hombres que ya confesaron. Ellos han dicho que lo hicieron por orden y en compañía de otros funcionarios públicos y algunos dirigentes políticos. Eso habría que probarlo. No basta con que así lo hayan confesado quienes delinquieron y lo haya ratificado la fiscal encargada del caso.

El escándalo, en cambio, no requiere pruebas judiciales. El de la Unidad para la Gestión del Riesgo empezó gracias a un detallado trabajo de periodismo de investigativo. Es el fundamento de las pesquisas judiciales y está creando un sentimiento colectivo en contra de quienes cometieron los ilícitos y de quienes los nombraron en los puestos desde los cuales delinquieron.

Además, este escándalo está siendo utilizado y alimentado por los mismos delincuentes como parte de su estrategia de defensa.

Ellos y sus abogados saben que la corrupción es un grupo de delitos que afectan, duelen e irritan a toda la ciudadanía y que ésta siempre quiere que caigan “los peces gordos”. Por eso, los tres corruptos confesos insisten en que ellos simplemente cumplieron lo ordenado, se beneficiaron poco y merecen que se les rebaje la pena privativa de la libertad a la que serían condenados.

Esperan que los medios creen una corriente de opinión que presione a jueces y fiscales a enfocarse en quienes supuestamente dieron la orden de cometer los actos ilícitos.

Esta estrategia es muy similar a la que, para defenderse, utilizó el Doctor Luis Gustavo Moreno, entonces Fiscal Anticorrupción y líder de la trama corrupta conocida como El Cartel de la Toga. No es rara esta coincidencia, si se tiene en cuenta que hoy Moreno es el abogado defensor de Sneyder Pinilla.

A estas alturas del proceso judicial, aún no sabemos qué resultados arroje esa estrategia. Tampoco sabemos a qué partidos pertenece la mayoría de quienes cometieron los delitos. Sobre esas personas y sus partidos políticos debe caer, además, todo el peso de la sanción social. Aunque no hayan llegado al poder de la mano del gobierno del cambio.