José Milito
Libre pensador y autodidacta
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El fin de semana anterior asistimos a dos hechos que parecen obedecer a lógicas e intereses contradictorios, aunque fueron promovidos por funcionarios del mismo gobierno.
El primero, fue el denominado Congreso por la Paz, realizado en Bogotá, convocado por Vera Grabe, jefe de la delegación de gobierno en la mesa diálogos que éste tenía con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, el segundo, fue el llamado Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño, llevado a cabo en dos lugares de ese departamento (Pasto y la Provincia de Abades) promovido y organizado, entre otros, por el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño. Este evento contó con la presencia del presidente Gustavo Petro.
Son dos actos cargados de simbolismo que, aparentemente, van en la misma dirección: mantener viva la esperanza de que sí es posible hacer y construir la paz tal y como la ha concebido el gobierno.
Ambos eventos ocurrieron luego de meses de fuertes críticas, surgidas en diversos escenarios, sobre los logros y las perspectivas de la política de Paz Total. La semana anterior, por ejemplo, la ausencia del Comisionado Patiño en la sesión de control político, citada por el Congreso para discutir los avances y retrocesos de la política de paz, provocó fuertes reacciones. Se llegó a pedir su renuncia o la declaratoria de insubsistencia de este funcionario, porque ni da la cara cuando se le cita ni alcanza los objetivos de la tarea que le ha sido encomendada.
En un escenario adverso como este, parecía imprescindible la respuesta del gobierno con acciones que pudiesen desmentir a sus críticos en materia de paz. De esta manera se puede entender, en principio, lo acontecido en Bogotá y Nariño.
La presencia de Gustavo Petro en este último departamento, en el evento en el cual él mismo, como jefe de Estado, ordenó la destrucción de un lote de armas y explosivos, entregados por el grupo armado Comuneros del Sur y, además, se dieron a conocer algunos acuerdos con dicho grupo – construcción de la verdad, dignificación de las víctimas, sustitución de cultivos de uso ilícito- marcó cierto énfasis en lo que podría denominarse la línea correcta de acción del gobierno que se ha denominado la construcción de paz territorial. En cambio, el acto de Bogotá parecía hacerse en contravía de esa línea y de la voluntad presidencial, a pesar de la presencia de dos jefes de delegación gubernamental para la paz, Vera Grabe y Camilo González, este último en la mesa con el Estado Mayor Central de Frentes y Bloque -EMCFB- de las disidencias de las FARC.
Y es que el lenguaje, la dinámica y los mensajes en las dos respuestas gubernamentales parecen no encajar.
En Nariño hubo dos momentos de reafirmación de lo que, sin ambages, persigue la paz territorial: la desmovilización y desarme de los grupos armados, aunque en el lenguaje oficial se les denomine desescalamiento de violencias, y el pretendido tránsito de los integrantes de Comuneros del Sur a la vida civil, a materializarse paulatinamente en los próximos meses.
Parece que la aspiración del Presidente es que, a corto plazo, el proceso con Comuneros del Sur coincida con el sostenido con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano -CNEB-, separada en noviembre pasado de la Segunda Marquetalia. Este grupo armado adelanta, con el gobierno, un ambivalente camino entre el sometimiento jurídico y el diálogo político en Nariño y Putumayo. El representante gubernamental en esa negociación es Armando Novoa García. Él también estuvo en la reunión de Pasto, tal vez aprendiendo, in situ, cómo se pone en marcha el modelo de paz territorial que empieza a aplicarse en la provincia de Abades. Quizá trate de replicar esa experiencia en las zonas de influencia del CNEB.
En Bogotá, por el contrario, la convocatoria permitió la participación de representantes de organizaciones sociales e instituciones y figuras políticas que exigieron, como sociedad civil, la reanudación de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y el ELN. Todo en una visión de derechos y bajo la concepción de la negociación en una perspectiva política, no solo jurídica.
Estas dos reuniones muestran dos tendencias que coexisten en el mismo gobierno. Aparentemente buscan lo mismo, pero se les ve avanzar en sentidos opuestos sin converger. Esta afirmación se sustenta en los siguientes argumentos:
Primero, el Congreso por la Paz intenta aglutinar diversos sectores sociales en una movilización de carácter nacional permanente. Los procesos de Paz Territorial (8) fracturan la búsqueda de paz a nivel nacional, aunque el Comisionado Consejero considere que la paz territorial es lo único verdadero y firme.
Segundo, el Congreso insiste en dar a las negociaciones, por lo menos con ELN, un sentido político; aspecto desestimado por el mismo Petro (inclusive en su discurso en Nariño) que acusa cada vez más a esta guerrilla de estar relacionada con las redes del narcotráfico internacional.
Tercero, mientras el congreso mantiene la visión de una agenda a desarrollar (Acuerdo de México) como la parte central de la negociación, Patiño y sus asesores más cercanos insisten en procesos centrados en la oferta institucional a los territorios. A esa oferta la han denominado Maquetas y tiene una visión de las transformaciones que no toma en cuenta las singularidades del conflicto en las regiones.
Cuarto, escatimar la condición de insurgente al ELN, además de reproducir la versión de la supuesta amenaza terrorista con apoyo externo y negar la existencia del conflicto armado, lleva, al gobierno Petro, a adoptar posiciones políticas y estrategias militares muy parecidas a las promovidas durante los mandatos de Uribe Vélez. Lo cual va en exacta contravía del propósito del Congreso realizado en Bogotá
Quinto, también en contravía de lo discutido en dicho Congreso, la actual política de paz y, en particular, el discurso del presidente en Nariño, aleja al país de una solución dialogada del conflicto con los últimos grupos guerrilleros existentes, ELN y Segunda Marquetalia.
Como colofón, cabe señalar que en la misma lógica de Uribe y a contrapelo de lo debatido en el Congreso por la Paz, Petro asume como objetivo principal la consolidación del poder central del Estado en los territorios. Sin agencia local y social en las transformaciones.
En otras palabras: este gobierno pretende devolverse 20 años en materia de acuerdos de paz.
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