César Torres Cárdenas
Investigador, consultor y profesor
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La Mesa de Diálogos entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está muy cerca de fracasar. Primero, dijeron que estaba congelada; después, que estaba suspendida; luego, que esa suspensión era indefinida.
Los militares de ambos bandos volvieron a atacarse, a matarse entre ellos. Decenas de civiles que viven en las zonas de mayor confrontación y no están enlistados en grupo armado alguno, son asesinados por presunta “colaboración con el enemigo” o porque estaban en el sitio y hora en que se ejecutó un ataque u ocurrió un combate: sus muertes son presentadas como un daño colateral no deseado.
Poco a poco, parece que estamos volviendo a la crudeza de la guerra tal como la hemos vivido por tres generaciones en Colombia.
Aparecen periodistas, comentaristas, empresarios, dirigentes políticos y personas del común diciendo que qué bueno que no haya más diálogo y que, por fin, volvamos a matarnos los unos a los otros. Dicen la misma tontería que llevan repitiendo por más de medio siglo: el Estado debe usar todo el peso de su fuerza armada sobre las mujeres y los hombres que hacen parte de la guerrilla.
Tontería argumental que ya habían usado en 1962 Guillermo León Valencia, Álvaro Gómez Hurtado y sus alfiles periodísticos mientras hacían las primeras pruebas del paramilitarismo como política de Estado y prometían que, así, derrotarían al comunismo y darían fin a las repúblicas independientes.
También la usaron Uribe Vélez y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a principios de este milenio. Esa vez, según decían, acabarían con “la far” y las buenas personas podríamos vivir libres y sin miedo; lo mismo que en el gobierno de Valencia (1962-1966), deshonraron a las Fuerzas Armadas y las llevaron a aliarse con paramilitares; lo que más lograron fue asesinar civiles. Sin embargo, otra vez, contaron con el apoyo de las grandes empresas de comunicaciones.
Claro que, también, circulan cartas, llamamientos, peticiones y exigencias -todas firmadas por comunidades, organizaciones, partidos, movimientos y personas- pidiendo que se superen los problemas, los malos entendidos y los incumplimientos en los que han podido incurrir las partes (Estado y ELN) para que la Mesa de Diálogos pueda continuar.
Parece que todas esas comunicaciones y convocatorias tienen un fundamento común: la convicción de que, como en todo diálogo que se deteriora, la responsabilidad es de ambas partes. Responsabilidad que podrían reconocer y asumir, no solo en la Mesa de Diálogos frente a frente y en presencia de la comunidad internacional, sino ante el país entero, afectado por la confrontación armada.
No se trataría de hacer un juicio para establecer de qué lado se tuvo más o menos culpa. Sería, más bien, volver a la Mesa superando los errores cometidos.
Talvez no sea tan difícil, si, para empezar, cumplen uno de los primeros acuerdos: lo que se va pactando se va implementando.
Así, uno y otro dejarían de difundir comunicados, cada cual por su lado, para contarnos las versiones unilaterales acerca de cómo va todo en la Mesa. En cambio, aplicarían lo acordado al respecto el 5 de febrero de 2024 (Acuerdo # 25): crear una comisión de comunicaciones para “(…) orientar y aprobar todos los contenidos en materia de comunicaciones, así como definir su tratamiento, conforme con los acuerdos de la Mesa de Diálogos para la Paz”.
¡Caramba, dice uno, si lo pactaron, creen la comisión y dejen de enviarse carticas, comunicados, insultos e invitaciones públicas cuyo propósito es que el público crea que el malo es el otro!
En seguida, el Gobierno puede cumplir el pacto de sacar al ELN de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO); eso implicaría que se le reconoce estatus político a la insurgencia y se legitima -por eso mismo- que el Gobierno dialogue con ella.
Ya puestos en la tesitura de cumplir lo que se pacta, Estado y ELN podrían reunirse con el Comité Nacional de Participación que se creó por acuerdo entre las partes que dialogan. Escucharlo y permitirle conocer todo lo que cada parte le informó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación acerca del cumplimiento del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal que pactaron el Gobierno y el ELN y que empezó a regir el 3 de agosto de 2023.
Nada de esto se puede hacer si Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, sigue creyendo que, como lo dijo públicamente, con los elenos se está negociando una lonchera que ellos patean cuando no aceptan sus ofrecimientos de puestos, contratos e ingresos para quienes dejen las armas.
Ojalá el presidente Petro y Patiño puedan entender que la guerrilla con la que hoy dialogan no se parece mucho a las guerrillas que hicieron sus procesos de Desarme, Desmovilización y Reincorporación (o reintegración o reinserción) en los años 90 del pasado siglo. En sus comunicados y entrevistas, los actuales dirigentes guerrilleros han dejado claro que no pactarán el final del conflicto armado a cambio de un ministerio, un taxi, una ONG o un noticiero.
Las y los elenos parecen estar de acuerdo con algo que, en su día, dijo el fundador y primer comandante del M-19, guerrilla a la que pertenecieron Gustavo Petro y Otty Patiño:
¿La paz es que se acaben los combates guerrilleros? O ¿la paz es que dejen de morirse cuatrocientos niños al día? ¿Qué es la paz? ¿La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas hambrientas, desesperadas? ¿La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia? ¿La paz es que el 70 % de la población colombiana siga desnutrida? La paz pasa por la justicia social, por ahí es [por] donde pasa la paz.
Una convicción como esta no significa que quienes hoy dirigen al ELN tengan que obstinarse en continuar el conflicto armado hasta que el Gobierno ejecute el programa de cambios estructurales que haría la insurgencia si estuviera en el poder.
Si condicionan la continuidad del diálogo a la transformación radical de la sociedad, no habrá conversaciones de paz con este gobierno. Ni con ninguno.
En cambio, esos dirigentes y el gobierno podrán elaborar un acuerdo de paz si comprenden que el diálogo, tal como lo plantea David Bohm, más que una negociación en la que cada adversario procura imponerle condiciones al otro y, así, obtener ventajas, es una conversación mediante la cual se construyen una comprensión y una solución nuevas acerca del asunto sobre el que se dialoga: la guerra y la paz.
Quizá, por eso, el Estado y el ELN están en una mesa de diálogos y no en una de negociaciones.
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