Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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En el marco de la actual discusión sobre la posible legalización de la reelección presidencial en Colombia, es crucial reflexionar sobre los riesgos que esta medida podría acarrear. No se trata de una oposición al gobierno de izquierda que hoy ocupa la Casa de Nariño, sino de una postura fundamentada en los principios democráticos que deberían guiar nuestro concepto de Nación, independientemente de la ideología política del partido en el poder.
La historia reciente de Colombia ya nos ha mostrado los peligros de la reelección presidencial. Una de las principales preocupaciones es que las eventuales malas prácticas se legitimen y ganen espacio. La posibilidad de que un Presidente en ejercicio pueda ser reelegido abre la puerta a que se utilicen los recursos del Estado y la influencia del poder para asegurar su continuidad en el cargo, desviando así la atención de los problemas nacionales hacia la perpetuación en el poder.
Además, la reelección puede afianzar la corrupción. Aquellos servidores públicos corruptos, que ya tienen un control significativo sobre los recursos públicos, encontrarán en la reelección una oportunidad para consolidar su poder y continuar sus prácticas ilícitas sin temor a ser relevados de sus cargos, como ya ha ocurrido en el pasado en los segundos gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. La alternancia en el poder es un mecanismo esencial para la vigilancia y el control de la corrupción. Sin ella, el riesgo de que las redes de corrupción se fortalezcan y se perpetúen es mucho mayor.
Es importante destacar que este análisis no se limita a un contexto ideológico específico. La reelección es inoportuna e inconveniente sin importar si el gobierno de turno es de izquierda, derecha o de centro. Lo que está en juego es la salud de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Un sistema político que permite la reelección, como lo ha sugerido la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, facilitaría la concentración de poder, lo que va en contra de los principios de separación de poderes y de los mecanismos de control y equilibrio que son fundamentales en una democracia robusta. Si la actual coalición de gobierno quiere continuar el desarrollo de su modelo bien podrá ponerlo a consideración de los colombianos en las elecciones presidenciales, pero que busque un nombre diferente al de Gustavo Petro, quien ya ha dicho públicamente que no le interesa. Esperemos que cumpla, sea coherente y consistente con esa posición y que no se deje marear por el vaivén de la opinión de algunos de su sanedrín.
La reelección también tiende a polarizar aún más la política, dividiendo a la sociedad en bandos enfrentados que ven en la continuidad o la ruptura del mandato presidencial una batalla existencial. Este clima de confrontación perpetua dificulta la construcción de consensos y el diálogo, elementos esenciales para el progreso y la estabilidad de cualquier nación.
En resumen, la legalización de la reelección presidencial en Colombia representa un riesgo significativo para nuestra democracia. Más allá de la ideología del gobierno de turno, lo que se pone en juego es la integridad del sistema político, la lucha contra la corrupción y la necesidad de garantizar una alternancia que fomente la rendición de cuentas y la transparencia. Colombia necesita fortalecer sus instituciones y asegurar que el poder no se concentre en manos de unos pocos, sino que sea un reflejo de la voluntad y el bienestar de todos sus ciudadanos.
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