Estado, Mercado y Comunidad: los poderes ocultos en el trámite de las reformas

Los dos años que lleva el actual período presidencial de Gustavo Petro han sido un pulso permanente y a fondo en torno a las reformas, principalmente las de la salud, la educación y la laboral. El gobierno las ha presentado y defendido como proyectos de ley ante el Congreso de la República, donde, la oposición, que ostenta la mayoría, las ha rechazado, boicoteado o hundido. 

Ante la crisis del sistema de salud, lo que defiende el gobierno es que se elimine la intermediación de los recursos económicos que son públicos, por las EPS, que son unas entidades privadas y sin ningún control del Estado. Y que sean los entes públicos, con el apoyo de entidades privadas y mixtas, las que asuman su manejo. La oposición, en el Congreso y en los grandes medios de comunicación, no acepta esta solución y exige que sigan siendo esas empresas privadas las que continúen atendiendo la salud.

En la educación, el proyecto de ley estatutaria del ejecutivo propone “desarrollar las garantías del derecho fundamental a la educación, su regulación y fijar las condiciones y obligaciones necesarias para su efectiva protección la cual será de forma progresiva y estará a cargo del Estado, la sociedad y la familia”; elcierre de brechas para grupos discriminados o marginados; condiciones laborales y garantías de bienestar para el ejercicio de la labor docente, además de un enfoque territorial. La oposición, por su parte, pretende continuar profundizando su privatización.   

¿Qué es lo que está en el fondo de este pulso? ¿Cuál es la lucha que escenifica esta pelea?

Lo que se debate no es la reforma de Petro o la de Vargas Lleras y los uribistas. La discusión es entre dos principios o maneras de regulación de la vida de la sociedad actual: el del Estado y el del Mercado. El gobierno defiende a fondo y con argumentos el principio del Estado que es el de lo público; mientras que las mayorías del Senado y la Cámara asumen el principio del Mercado, que es el de lo privado, pues la privatización es el dominio del Mercado.

Pero resulta que, las sociedades también pueden orientarse, organizarse y dirigirse a partir de las necesidades, intereses y deseos de la comunidad. La pregunta es, entonces, en esta discusión sobre las reformas que promueve el gobierno,¿dónde ha quedado y qué pinta la comunidad? 

Según Boaventura de Sousa Santos, “Rousseau fue el gran teórico del principio de la comunidad”, el cual “afirmaba la obligación política horizontal y solidaria entre ciudadanos” y que “esta última obligación política (distinta a la del Estado que es una obligación política vertical) es la originaria, la que establece el carácter inalienable de la soberanía del pueblo”.

Pues ha ocurrido que el capitalismo ha impuesto la falsa dicotomía Estado/Mercado que, como un péndulo, gira, de más del uno y menos del otro a menos del uno y más del otro, fuera de la cual no hay salvación. Y la Comunidad fue condenada al exterminio por ambos y ha querido ser transformada en el llamado “tercer sector” o llamarla con el ambiguo nombre de sociedad civil.

Sin embargo, la Comunidad ha resistido y se mantiene: históricamente, en los pueblos originarios indígenas, negros, rom y raizales; en las organizaciones gremiales campesinas y de trabajadores y trabajadoras; en los nuevos movimientos sociales, tales como los feminismos, el juvenil, los de las comunidades LGTBIQ+; en las barriadas populares y ecoaldeas.

Buena parte de esas Comunidad ha salido a las calles, exigiendo no sólo esas reformas, sino que el gobierno vaya aún más allá, porque esas son insuficientes.

Y es igual en la reforma agraria: el Estado quiere entregar alguna tierra a los campesinos; pero el Mercado no las quiere soltar ni siquiera a sus precios comerciales; aquí hace falta aún que la propia comunidad campesina, largamente perseguida y masacrada, retome masivamente, como en los años setentas del siglo pasado, su consigna de “la tierra pa’l que la trabaja”.

De ese pulso, del gobierno dentro del Estado, el Mercado atrincherado en el Congreso y la Comunidad en la calle, se pueden extraer tres conclusiones.

Primera: en las últimas cuatro décadas, en las que el Mercado ha subordinado al Estado a tal punto que este ha perdido su autonomía para definir sus políticas macroeconómicas, la batalla argumental, oratoria y legislativa que ha entablado el presidente Petro para defender al Estado debe tener su reconocimiento; ningún otro mandatario progresista se había batido tan a fondo en este punto.  

Segunda: es posible que, en medio de esas movilizaciones, la Comunidad eleve sus niveles de conciencia y movilización para que esas reformas coronen algún cambio significativo que le abra esperanzas a la emancipación. Y que el Gobierno la reconozca, valore su papel y la promueva para ganarle alguna partida al Mercado y cumplir con sus obligaciones y promesas.  

Tercera: que todos nos aclaremos que, además del Estado y el Mercado, también existe la Comunidad; que en muchos países se está planteando “un retorno de la comunidad”, y que no es lo mismo lo público estatal que lo comunitario. Para que el Gobierno no trate a la comunidad sólo como una “usuaria”, tal como está en el proyecto de ley sobre la salud, sino que se alíe con ella: ¿por qué no impulsar, por ejemplo, cooperativas autogestionarias de comunidades de base junto con profesionales de la salud, en unos casos, y de la educación, en otros, que gestionen esos derechos en barrios y municipios?

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