Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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El paso de la vía nacional por Santander es una prueba contundente del abandono sistemático por parte de los gobiernos nacionales. A pesar de la importancia estratégica y económica de esta carretera, la infraestructura vial en la región sigue siendo inadecuada y mal mantenida, generando una justa indignación en las comunidades locales.
Entre el peaje de Oiba y el peaje de Curití hay 62,5 kilómetros, y del de Curití al de Pescadero (en Piedecuesta) hay 48 kilómetros. Esto significa que en apenas 100 kilómetros, los conductores que van del sur de Santander hasta el área metropolitana de Bucaramanga se encuentran con tres peajes. Este hecho no solo representa un costo económico significativo para los transportadores y campesinos que usan esta ruta diariamente, sino que también es un símbolo del desinterés del gobierno por el desarrollo vial de la región. O mejor dicho, nos ve a los usuarios como patrocinadores de la desidia.
El pasado martes 23 de julio, los campesinos y transportadores se organizaron y tomaron los peajes de Oiba y de Curití. Con paso restringido y alternado por un solo carril, permitieron el tránsito sin pago, dando prioridad a las ambulancias. Esta acción, aunque de hecho, refleja una inconformidad plenamente justificada. El inmenso recaudo de estos peajes no se ve reflejado en el mantenimiento de la vía, y mucho menos en la construcción de dobles calzadas, viaductos o terceros carriles. Es una situación inaceptable para un corredor tan crucial para de la cuarta economía nacional.
La protesta en Santander no es un caso aislado. Recientemente, el peaje Papiros entre Barranquilla y Puerto Colombia también fue tomado por la comunidad, y el año pasado se suspendió su cobro durante 45 días. Otro antecedente relevante es el peaje en Rionegro (Santander), donde la comunidad ha reclamado insistentemente por su impertinencia. Estos ejemplos muestran un patrón de descontento generalizado que no puede ser ignorado, y menos debería serlo ahora en “el gobierno del cambio”.
No soy partidario de las vías de hecho, pero es crucial entender el contexto de estas protestas. Las comunidades locales han sido testigos de cómo los peajes recaudan grandes sumas de dinero sin que esto se traduzca en mejoras tangibles en la infraestructura vial. Es una injusticia que mina la confianza en las instituciones y perpetúa la sensación de abandono y desigualdad.
El gobierno nacional y en particular, INVIAS, debe asumir su responsabilidad y tomar medidas concretas para mejorar la infraestructura vial en Santander. Es necesario invertir en la construcción de dobles calzadas, viaductos y túneles.
Además, es fundamental que los recursos recaudados en los peajes sean transparentemente administrados y que haya rendición de cuentas sobre su uso. Las comunidades tienen derecho a saber cómo se está invirtiendo su dinero y a exigir mejoras concretas en la infraestructura vial.
La situación de las vías en Colombia es un claro ejemplo de la centralización del poder y de la inversión en Colombia, donde las regiones periféricas, a pesar de su importancia estratégica, son relegadas y olvidadas. Es hora de que el gobierno nacional reconozca y atienda estas necesidades, asegurando que todas las regiones del país reciban el apoyo y la inversión necesarios para su desarrollo.
Que no nos sorprenda si en cada rincón de Colombia, ante las vías que están en desecho, comenzamos a ver más acciones por las vías de hecho.
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