Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos – Corporación Justicia y Dignidad
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Una versión de este artículo fue publicado el pasado 25 de julio en Justiciaydignidad.org
Ubicado en la vertiente occidental de los Andes en el Cauca, el Cañón del Micay ha sido escenario de décadas de conflicto armado. Este cañón, que abarca los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay, está atravesado por el río San Juan de Micay, una arteria que conecta los recursos naturales de la región con el Pacífico.
El conflicto en la región se intensificó en la década de 1970 con la llegada del Frente 8 de las FARC-EP, al que se unieron otros grupos guerrilleros como el M-19 y el EPL. Las FARC consolidaron su control con el Frente 60 «Jaime Pardo Leal» a finales de los años 90. En el año 2000, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llegó a la región, y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez incrementó la militarización. Esta intensificación llevó a la entrada de los paramilitares de Los Rastrojos y a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones Espada I y Espada II.
En 2011, las FARC-EP recuperaron el control del Cañón tras derrotar a los paramilitares. Sin embargo, la firma de los acuerdos de paz en 2016 llevó a una nueva dinámica: el Frente José María Becerra del ELN tomó el control, y en 2018, surgió la facción disidente «Carlos Patiño», estructura armada del Estado Mayor Central de las FARC, que se enfrentó al ELN por el control del territorio.
En 2018, el presidente Iván Duque intensificó la militarización en el Cañón del Micay, pero esto no detuvo la expansión de la columna Carlos Patiño. De hecho, consolidaron su control en la región y lograron avanzar hacia el corregimiento de El Sinaí, expulsando al ELN de esa zona. En una segunda ofensiva en 2020, la columna Carlos Patiño intentó avanzar hacia el casco urbano de Argelia, pero la ofensiva fue contenida por la Segunda Marquetalia y el ELN.
Desde 2022, ha surgido el grupo armado de «Los Pocillos», formado por exguerrilleros firmantes de paz aliados con el ejército para expulsar a la columna Carlos Patiño y controlar rutas de narcotráfico. Medios de comunicación confirmaron un acuerdo entre el Ejército y estos grupos, posteriormente Los Pocillos se integraron a la Segunda Marquetalia, continuando los enfrentamientos con la columna Carlos Patiño.
En 2023, el presidente Gustavo Petro lanzó la Operación Trueno para recuperar el control del Micay y fomentar el diálogo entre el gobierno y la sociedad. A pesar de la presencia militar, los grupos armados aún dominan la región. A finales de agosto, Petro ordenó movilizar 1,000 soldados para retomar el control del Cañón del Micay y promover la sustitución de economías ilícitas a favor del campesinado.
En junio de 2024, desde la Casa de la Moneda en Popayán, el director del DNP, Alexander López Maya, junto con el gabinete ministerial, el Ministerio de Defensa y el presidente Petro, lanzaron la Misión Cauca. Esta iniciativa busca transformar el Cauca, mejorar las condiciones de vida y sustituir economías ilícitas por proyectos productivos. Sin embargo, las organizaciones populares y la sociedad civil no fueron invitadas a la presentación ni consultadas para asegurar la efectividad de la política pública.
Desde mediados de julio, se realiza otra ofensiva del frente Carlos Patiño hacia el corregimiento de El Sinaí intensificando el conflicto armado en el Cañón del Micay. La columna Carlos Patiño se enfrenta al ejército y a la Segunda Marquetalia por el control de la parte alta de Argelia. Desde el 15 de julio, La Carlos Patiño ha sitiado a los habitantes de Argelia, establecido retenes ilegales, atacado poblaciones como El Sinaí, El Encanto, La Playa y La Belleza, y sembrado minas antipersonales que han confinado a la población campesina. Estos actos han resultado en desplazamientos masivos, amenazas a líderes, asesinatos y secuestros de campesinos. En El Plateado, un artefacto explosivo lanzado por Carlos Patiño en una cancha sintética mató a un niño de 10 años y dejó 12 heridos.
Desde 2018, se han asesinado 18 líderes campesinos de ASCAMTA. Desde 2020, aproximadamente 20,000 personas han sido desplazadas forzosamente. Estos desplazamientos son en su mayoría temporales, ya que muchos de los campesinos en Argelia provienen de otras regiones del país como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Nariño, y suelen regresar a sus lugares de origen debido a la falta de una política pública seria por parte del Gobierno Nacional para atender a la población desplazada. Los desplazados que llegan a Popayán enfrentan maltratos por parte de funcionarios del municipio de Popayán y de la Unidad para las Víctimas, quienes no permiten el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto obliga a los desplazados a regresar a Argelia, donde se encuentran en medio de las confrontaciones armadas. El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha pedido a los habitantes de Argelia no realizar asonadas contra la fuerza pública, pero no se ha implementado un plan de atención humanitaria para los civiles atrapados en los operativos militares y afectados por las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por grupos armados ilegales. Sin una protección efectiva de la vida de la población civil, la Misión Cauca y la recuperación del Cañón del Micay no tendrán éxito.
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