Gobierno-ELN: una mirada al cese al fuego como avance en derechos humanos

El cese al fuego de 360 días entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un avance significativo en el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una paz duradera.

Como en la primera declaración de derechos de 1789, el primer pacto entre antagonistas obedeció al mutuo reconocimiento de partes como actores políticos, adversarios, no enemigos, aunque contrarios en los modos de acción y metodologías en las acciones de poder, que entablarían conversaciones hacia la paz duradera y el cierre del conflicto armado por vía de la negociación política. El segundo pacto fue el acuerdo del cese al fuego entre el primer gobierno realmente elegido por el pueblo y la guerrilla más antigua de América que mantiene el ideario y programa de su fundación, que supera seis décadas de existencia. El esperado tercer pacto es el del cierre definitivo del conflicto y la superación de las causas que lo mantienen e incuban estructuras insurgentes.

El cese de fuego, en sí mismo, es un avance significativo para el gobierno y la insurgencia. Representa un hito, un año sin acciones militares sistemáticas, sin emboscadas, masacres, ajusticiamientos ni ejecuciones extrajudiciales, en acatamiento del propósito común de búsqueda de una paz duradera en medio de una realidad de violencias e indicadores de muerte, despojo y crueldad sin paralelo en el mundo civilizado que tiene a Colombia como uno de los cinco países más conflictivos del mundo, desiguales, militaristas y del más alto nivel de menosprecio por la vida, donde a los adversarios se les acusa de enemigos y se les mata como a moscas, como ha ocurrido con el exterminio del partido político Unión Patriótica, los falsos positivos, masacres, magnicidios de candidatos, sindicalistas, obreros, indígenas.

De manera general durante el cese se reportaron 222 hechos de violencia de menor escala e impacto, un promedio de menos de un hecho por día, que implica una reducción superior al 90% y prácticamente desaparecieron las confrontaciones directas.

El logro fundamental del cese fue el respeto por la población civil, las dos partes cumplieron éticamente los tres principios básicos del DIH. Hubo distinción entre población civil y combatientes, lo que ya ha empezado a hacer parte de un imaginario colectivo nuevo. Hubo proporcionalidad cuando se usó la fuerza demostrable con los repliegues tácticos de las fuerzas en armas y; hubo prudencia en el respeto por el adversario, responsabilidad con lo pactado y ánimo de dialogo. Desplazamientos forzados, asesinatos, masacres y violaciones masivas de derechos humanos dejaron de ser el anuncio diario por efecto y la suspensión de manera temporal y nacional del uso de las armas disminuyó las hostilidades y permitió garantías de seguridad y por lo menos un año de tranquilidad a los pobladores de los territorios olvidados y creó condiciones para comenzar a reconstruir sus vidas sin humillaciones e inclusive fomentar el retorno de los desterrados.

El acuerdo de cese del fuego entre el gobierno y el ELN representó el primer gran avance de un proceso, que puede ser más prolongado de lo previsto, y por la presión de la clase política que espera resultados inmediatos, al tiempo que aplauden y se acercan a quienes se niegan a renunciar al fracasado modelo de guerra y actúan en contra con bloqueo y distorsión a las iniciativas del gobierno popular al que ven más como un aliado de las insurgencias que como el enemigo que quisieran ver.

Sin embrago los resultados son múltiples desde sostener el cese de fuego temporal y nacional a pesar de desaciertos, desencuentros y adversidades y alcanzar importantes resultados de impacto positivo en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Del cese es verificable la disminución de muertes, lesiones de civiles y de combatientes y de daños en infraestructuras públicas y privadas. Se redujeron las acciones violentas, atentados, emboscadas y minas antipersonales, que históricamente han cobrado miles de vidas de inocentes en zonas de conflicto. Se amplió la protección de grupos vulnerables, especialmente niños, mujeres y ancianos, al ser eliminada la amenaza constante de la violencia armada. Se fortaleció un sentido de la dignidad humana y de reconfiguración de tejidos sociales y condiciones para unas economías más seguras y motivantes para promover la idea de quedarse en el territorio. Se alcanzaron niveles de mejora en el respeto de derechos humanos y se reafirmaron entornos propicios para integrar valores y principios más humanos en las prácticas cotidianas de las comunidades afectadas.

El cese al fuego permitió reducir las tensiones, temores y amenazas en el territorio colombiano y contribuyó a sentar bases de confianza y comprensión de que a pesar de los desafíos en un proceso de esta magnitud, que debe producir resultados y al mismo tiempo defenderse del asedio estratégico de los sectores del poder tradicional hegemónico, empresarios, políticos, medios, que actúan desde adentro de las instituciones democráticas, y desde afuera a través de estructuras organizadas para adelantar el saboteo a la paz y en general a la realización de todos los derechos.

Los resultados, con independencia de cómo se miren han sido alentadores con beneficios significativos para la población colombiana y así lo reconoce también la comunidad internacional, medios independientes y organizaciones, ONU, AI, HRW y gobiernos democráticos, que valoran el cese como un avance significativo hacia la paz sostenible en Colombia, resaltando que este acuerdo representa un paso histórico, que contribuye a asegurar las rutas para que todas las partes involucradas pongan fin a los ataques contra civiles y otros crímenes bajo la ley internacional, al tiempo que es una oportunidad para avanzar hacia el fin de otras violencias.

El cese, con su sola existencia, contribuyó a reducir las tensiones propias de la latente amenaza de retorno a una guerra que sería incierta en sus métodos y medios y que fácilmente podría degenerar en otro ciclo de barbarie.

Los retos y principales desafíos a superar en las negociaciones para la paz definitiva y la sociedad de derechos, vendrán cuando se aborden las formas de cierre del conflicto que requiere prudencia, paciencia, respeto y compromiso de todas las partes involucradas, ya que la formula final habrá que construirla, sin dejar de comprender que el objetivo no es desmovilizar a una insurgencia si no eliminar las causas que la generan y pactar la paz con los responsables de la producción de esas causas para lograr una Colombia verdaderamente libre de conflicto, alejada del uso de las armas y sin opciones de bloqueo para la derecha y la ultraderecha nacional que no conciben una paz negociada y se niegan a renunciar a la continuidad de la guerra hasta producir la derrota militar del enemigo interno, en desarrollo de la doctrina militar de la seguridad democrática, que los sostiene en el poder.

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