Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Colombia enfrenta un panorama fiscal alarmante. El déficit del 3,3% del Producto Interno Bruto en el primer semestre de 2024, equivalente a $55,7 billones, es un recordatorio preocupante de la fragilidad de nuestras finanzas públicas.
Según la consultora Dapper, este es el peor balance en los últimos 20 años. Con la caída del recaudo tributario, que ya es un 31% inferior a lo registrado en agosto del año anterior, queda claro que estamos en una encrucijada. Las estrategias para ajustar las cuentas son limitadas y, si no se toman medidas inmediatas, corremos el riesgo de agravar la situación.
Es indiscutible que uno de los caminos más urgentes pasa por la reducción del gasto público. El Gobierno ya implementó un congelamiento inicial de $20 billones, pero parece que esta medida no será suficiente. El gasto público debe optimizarse de manera mucho más agresiva y estratégica. Sin embargo, esto no debe traducirse en un recorte ciego que afecte el bienestar de las regiones más vulnerables. Es fundamental que las reducciones se hagan con un criterio técnico, evitando que los territorios sufran la falta de partidas esenciales para su desarrollo. Además, es prioritario eliminar el uso de los recursos públicos para pagar favores políticos a los caciques clientelistas, un mal endémico que sigue drenando el erario.
El gasto ineficiente no solo ocurre en las inversiones regionales, sino también en la esfera nacional. La proliferación de nóminas paralelas y la contratación excesiva para funciones que podrían ser asumidas por servidores públicos ya contratados son áreas que demandan una intervención urgente. La austeridad debe comenzar en el corazón del Estado al eliminar la redundancia y asegurar que cada peso invertido en salarios y contratos realmente aporte al bienestar del país.
Un aspecto esencial que no se puede pasar por alto es el uso de tecnologías de la información para incrementar la trazabilidad y control del gasto público. La implementación de sistemas tecnológicos robustos basados en tecnologías de punta como blockchain permitiría un mayor control sobre cómo y dónde se gasta el dinero de los contribuyentes, cerrando así las brechas para la corrupción. La lucha contra la corrupción no puede quedarse en una promesa electoral, sino que debe ser una política real con acciones concretas. Cada contrato, cada nómina y cada inversión debe estar bajo un escrutinio riguroso que permita una administración más eficiente y transparente de los recursos públicos, como promete la plataforma SECOP II.
En cuanto al recaudo tributario, no podemos esperar milagros. Aunque se necesitan políticas de reactivación económica, no es realista creer que el recaudo pueda repuntar de manera significativa en el corto plazo, especialmente cuando la confianza empresarial y el crecimiento económico han mostrado signos de debilidad. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debe reforzar sus esfuerzos para reducir la evasión fiscal, pero esto tampoco será suficiente para cerrar el agujero fiscal si no se hace acompañar de una política económica integral que promueva la inversión, el consumo y la generación de empleo. Por esto mismo, el recaudo no puede consistir en asfixiar a los empresarios que generan los empleos.
Una estrategia agresiva de reactivación económica es crucial, pero esta debe estar acompañada de un compromiso real con la eficiencia fiscal. Los sectores productivos necesitan incentivos claros para invertir, y el Estado debe garantizar que su gasto sea eficiente, honesto y orientado a resultados concretos. Solo con una combinación de ambas cosas podremos salir del atolladero fiscal en el que nos encontramos.
Finalmente, la responsabilidad recae en todos. No podemos seguir esperando que las soluciones vengan solo del gobierno central. La ciudadanía también tiene un papel que jugar, exigiendo mayor transparencia, eficiencia y compromiso en la gestión de los recursos públicos. No podemos permitir que este déficit, que ya es un problema grave, se convierta en una crisis insalvable. Es hora de actuar con responsabilidad, audacia y compromiso, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Solo así podremos estabilizar nuestras finanzas y, de paso, asegurar un futuro sostenible para Colombia.
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