Antonio Sanguino Páez
Sociólogo, Mag. desarrollo regional y PhD gobierno y administración pública. Ex senador y miembro de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde
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En el Congreso de la Republica no dejan de ocurrir travesuras. Y siempre corren por cuenta de los sectores parlamentarios que representan a la política tradicional, aquella que pisotea el interés público para legislar en causa propia y la de sus compinches, que en unos casos son poderosos sectores y conglomerados económicos, y en otros de mas baja ralea, son contratistas que merodean sin pudor los recursos de los colombianos de las regiones más pobres.
Es lo que esta ocurriendo con el proyecto de presupuesto bianual de regalías para las vigencias 2025-2026 que acaban de aprobar las comisiones terceras y cuartas o comisiones económicas de Senado y Cámara, que seguramente se refrendará en las plenarias respectivas para convertirse en Ley de la Republica, cuya ejecución ocurrirá en el segundo tiempo del Gobierno Petro. El tramite de esta importante iniciativa presupuestal ha estado atravesada por dos circunstancias particulares que han saltado en el debate: por un lado, las criticas al gobierno por los bajos niveles de ejecución en rubros como el de ciencia y tecnología; y por el otro, la resistencia de congresistas con intereses inocultables al establecimiento de controles a la ejecución de estos recursos.
El proyecto de presupuesto bianual de regalías, como lo establece la Constitución y Ley, es de iniciativa gubernamental. Busca distribuir los recursos que recibe la nación por concepto de regalías o de compensación económica derivadas de las actividades mineras, principalmente de petróleo, gas y carbón en el periodo respectivo. El Congreso de la Republica, mediante la Ley 2056 del 2020, reiteró la decisión de que el Sistema General de Regalías distribuyera sus recursos no solo en los departamentos y municipios de explotación de estos recursos naturales no renovables que generan importantes impactos ambientales. También estableció siete líneas de inversión para el cierre de brechas de desigualdad territorial, esto es, inversión en los territorios excluidos; asignación de recursos para la paz; promoción de ciencia y tecnología; y destinación de recursos para temas ambientales.
El Proyecto de regalías que está a punto de aprobar el Congreso de la Republica, propuesto por el Gobierno del Cambio, establece la distribución y ejecución de 30.9 billones de pesos en los dos años siguientes. Será un importante instrumento financiero que las regiones y municipios podrán convertir en una extraordinaria oportunidad para la construcción de paz y desarrollo territorial, si el gobierno nacional evita que se convierta en una piñata en manos de voraces contratistas y entramados de corrupción que han asaltado estos recursos en el pasado.
Eso fue precisamente lo que motivó la propuesta del Departamento Nacional de Planeación que en el articulo 23 del proyecto, obligaba a que las entidades de naturaleza publica como las Universidades o los extraños “Fondos Mixtos”, como un mínimo criterio de transparencia demostraran su idoneidad técnica y su robustez financiera a la hora de postularse ante las instancias rectoras del Sistema General de Regalías, aplicando los criterios de pluralidad de oferentes y selección objetiva previstos en las normas de contratación. Los “Fondos Mixtos”, convertidos en contrataderos de Clanes y mafias regionales, a través de sus Gobernadores, Alcaldes, Congresistas y oscuros personajes expertos en burlar la ley, en la oscuridad acceden a estos recursos sin acudir a licitaciones, mediante convenios interadministrativos tercerizando y entregando a dedo su ejecución amparados en el régimen privado y protegidos por los órganos de control en las regiones.
Y no era para menos. El pasado 26 de agosto, el propio Director de Planeación Alexander López, ampliando las denuncias del Presidente Gustavo Petro del robo en los gobiernos anteriores de los recursos el OCAD-Paz, alertó y puso en conocimiento de las autoridades, el riesgo de la perdida de recursos del sistema de regalías por el orden de los 12,1 billones de pesos. Según el DNP, son 2.094 proyectos en riesgo: 1.497 proyectos con los plazos vencidos cuyo valor total es de 9,2 billones; 301 proyectos con los contratos suspendidos por un valor de 1,2 billones; y 296 proyectos que al mismo tiempo tienen los contrataos suspendidos y los plazos vencidos por un valor de 1,5 billones de pesos.
Uno de estos contrataderos es el Fondo Mixto de la Sierra Nevada, creado en las tierras del Clan Gnecco. Se lo inventó en el 2021 el entonces Alcalde de la Paz (Cesar) Martin Zuleta quien además representaba a los municipios en el OCAD-Paz, uno de los órganos rectores del Sistema de Regalías. Este espurio Fondo Mixto registró como socios a las empresas INTEC de la Costa SAS, Betcon Ingeniería y los familiares del Alcalde de marras. Como si fuera poco, INTEC de la Costa SAS es una de las empresas que integraron, con un 15% de participación, la Unión Temporal Centros Poblados, culpable del desfalco de 70 mil millones de pesos del contrato de Min Tic que se abudinearon en el gobierno Duque. Y la empresa Betcon aparece vinculada, según la Contraloría General de la República, en el escandalo de Las Marionetas lideradas por el extrañamente fallecido ex Senador Mario Castaño y el detenido Senador Uribista Ciro Ramírez. Este Fondo, constituido con un capital de 5 millones de pesos en el 2021, ha contratado en tiempo record 194 proyectos por un valor cercano al billón de pesos. Mejor dicho, un negocio más rentable que la exportación de cocaína. No es extraño que quienes hayan liderado con éxito la cruzada por eliminar del proyecto de presupuesto de regalías el articulo 23 propuesto por el DNP, hayan sido los Congresistas ligados a los clanes políticos beneficiarios o socios de Fondos Mixtos como el de la Sierra Nevada. Estas travesuras no son jugaditas de fiestas de diversión, son hábiles maniobras que se recompensan dolorosamente con el asalto del erario público.
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