Dialogo Gobierno-ELN: nuevas dificultades para continuar

Según una información publicada el pasado 7 de noviembre por las delegaciones del Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ellas se reunieron en Caracas, Venezuela, entre el 1º y el 7 del mismo mes. Así, finalizó la suspensión oficial de los diálogos entre las partes.

Si pudieron hacerlo ahora, talvez lo hubieran podido hacer antes: nos habrían evitado estos meses de dolor y muerte. Si pudieron reunirse la semana pasada para revivir un proceso que parecía muerto, podrán reunirse siempre que así lo decidan.

Eso último depende de múltiples factores. Para empezar, son necesarias la voluntad política de las partes, la confianza mutua y la claridad de que ninguna delegación dialogará si la otra no la valora como interlocutora válida y, en cambio, la insulta y la desprecia en público.

Pero, el éxito de esas reuniones se soporta, además, en otros aspectos. Uno muy importante, la correlación de fuerzas que haya en cada parte negociadora.

Eso quiere decir que, para seguir dialogando en forma productiva con la delegación del ELN, el gobierno deberá contar con un sólido respaldo en esa labor de los partidos políticos con asiento en el Congreso actual, de las otras ramas del poder público, de las Fuerzas Armadas, de las organizaciones que representan al empresariado, de los medios de comunicación y de la opinión pública.

Por su parte, la delegación del ELN deberá constatar y demostrar el respaldo de la totalidad de las estructuras en cuyo nombre están dialogando; solo así, su contraparte y el país entero tendrán la seguridad de que se está negociando con una organización de carácter nacional y no con la suma de sus partes.

En pocas palabras: el gobierno y la guerrilla deben garantizar que cada cual tiene legitimidad suficiente entre sus representados y unidad de mando sobre su fuerza de combate.

Creer que esto es una exigencia que se le debe hacer solamente al ELN es una paparrucha que le vendieron a este gobierno un sector de la inteligencia militar, los más leídos medios de comunicación y algunas personas con pretensiones académicas. Así lo han hecho con todos los gobiernos que han buscado una solución política del conflicto armado. Y han logrado que los mandatarios compren ese desatino.

Por eso, el presidente Petro y su comisionado para la Paz, Otty Patiño, creyeron que esa insurgencia es una especie de federación y que solo faltaba saber aprovecharse de esa circunstancia para pactar, por separado, con cada frente que la compone.

El Gobierno nacional decidió, entonces, promover, crear o legitimar una disidencia en el ELN y negociar con ella; la representa Gabriel Yepes Mejía, quien está pedido en extradición. Creyeron que al hacerlo habría un efecto dominó que aislaría a la comandancia de ese grupo guerrillero de sus tropas y se vería obligada a obedecer lo que el presidente y/o Patiño le dijeran.

Pero,  no le funcionó al Gobierno la estrategia de dividir a la organización insurgente para vencerla y obligarla a hacer acuerdos una vez derrotada. No logró el efecto deseado y, además, el ejecutivo se fue debilitando: se disolvió la mayoría parlamentaria que llegó a tener, se ha ampliado y consolidado el sector político que está dando un golpe blando contra el presidente Petro,  ha crecido el número de casos comprobados de corrupción en los que están envueltas personas afines al gobierno actual que, por otra parte, es perseguido por los organismos de control, tomados desde hace décadas por sectores vinculados a la corrupción y al narcotráfico.

No obstante esa situación y el inaceptable bajo nivel de ejecución presupuestal que muestran algunas instituciones del Estado, según las encuestas, el presidente no pierde en forma drástica el apoyo y la simpatía popular: mantiene un poco más del 30% de aceptación, muy cercano al índice que tenía en la primera vuelta electoral de 2022. Eso es mucho decir, si se tiene en cuenta que ha estado bajo constante ataque por parte de los grandes medios de comunicación, las altas cortes y los grupos paramilitares que asesinan simpatizantes del actual gobierno.

Con esa favorabilidad debe contar la contraparte.

La gente del ELN debe saber que al frente no tiene a un gobierno ajeno al sentir popular, sino a uno frágil en el terreno político y, por lo tanto, incapaz de sacar adelante sus propuestas legislativas. Un gobierno no muy fuerte que, sin embargo, ha logrado debilitar con éxito considerable a la mafia, enquistada en las Fuerzas Armadas y que, por eso mismo, tiene más o menos garantizada la obediencia de sus policías y militares.

La insurgencia haría bien en no asumir que Gustavo Petro y su equipo carecen de gobernabilidad o que Colombia tiene un gobierno fragmentado y sin margen de maniobra. Si, como ya hizo el Gobierno nacional, se compran esta otra paparrucha -que no falta quien la venda-, pueden caer en dos equivocaciones que prolongarán esta guerra hasta que la ciudadanía rechace cualquier opción de conversaciones con el ELN.

La primera equivocación es que decidan esperar a que se acabe esta administración para empezar con la próxima que tenga intención de dialogar con esa insurgencia. Mientras tanto, la población civil seguiría siendo víctima de la fuerza combinada de paramilitares y grupos de las Fuerzas Armadas que, como dijo el exagente de inteligencia militar José Dorado Gaviria, en entrevista con Helena Urán Bidegain, persiguen y pueden asesinar a quien consideren enemigo interno (personas del actual gobierno, defensoras de derechos humanos, promotoras de la participación de civiles en el dialogo Gobierno-ELN y quienes ejercen algún liderazgo social).

El segundo yerro sería aún peor: imitar el desacierto del presidente y del comisionado de paz e iniciar conversaciones con alcaldes y gobernadores de sus zonas de influencia. Conversaciones que significarán acuerdos acerca de cuánto de las rentas será apropiado por esa guerrilla, cuántos contratos se les asignarán a personas y empresas cercanas o que se puedan acercar al ELN y presentar un supuesto plan de paz territorial, sin la presencia del gobierno central. Eso sería renunciar a sus aspiraciones de transformación social y condenarnos a la guerra eterna.

Cualquiera de las dos equivocaciones, pueden entenderla integrantes de esa guerrilla como una oportunidad de enriquecerse. Abandonarían sus ideales de hacer una revolución en favor de lo que el ELN llama pueblo y podrían dedicar sus días al lucro personal mediante su participación en economías ilegales.

Eso sería imitar a funcionarios y contratistas gubernamentales de la paz que renunciaron a sus ideales y se han dedicado a hacer negocios. Sería lo mismo pero en rojo y negro.