Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos – Corporación Justicia y Dignidad
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Las primeras semanas de 2025 han mostrado que no cesa la violencia contra las mujeres en Colombia.
En Mocoa, el 7 de enero, se halló el cuerpo de Yussy Dayana Ruiz Rosero, de tan solo 17 años, con signos de violencia; había desaparecido tras asistir al Carnaval de Blancos y Negros en Nariño. Un día antes, en Yopal, Saúl Ramírez, exagente del hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), asesinó a Yanith Sigua, de 16 años.
El 1º de enero, Paola Andrea Quinayás fue víctima de un ataque armado mientras celebraba el inicio del año en la zona rural de Timbío, Cauca. Al día siguiente, Dayana Camila Ruiz Bolaños, de 19 años, intentaba defender a su madre en medio de un episodio de violencia intrafamiliar en el corregimiento El Mango, en Argelia, Cauca, cuando cayó asesinada.
Sí, además de los asesinatos, han escalado otras formas de violencia basada en género: entre enero y septiembre de 2024, se reportaron 26.605 casos de violencia de pareja y 33 de trata de personas, con un aumento del 26 % con respecto de lo sucedido el año anterior.
Si en 2025 continúan agrediendo y matando mujeres por el mero hecho de ser mujeres, este país va continuar con la misma tendencia del año anterior: en promedio, a dos mujeres se les asesina cada día en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2024, se registraron 745 feminicidios, incluidos los de 44 niñas y 11 personas trans.
En el país, el conflicto armado agrava los riesgos para las mujeres, en especial, para lideresas sociales, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Entre 2017 y 2024, la Defensoría del Pueblo emitió 325 alertas tempranas y 205 de ellas mencionaban riesgos específicos para las mujeres. Ellas enfrentaron altas posibilidades de sufrir desplazamiento forzado, explotación sexual y feminicidios.
En 2023, se expidió la Ley 2294 (Plan Nacional de Desarrollo) que en su artículo 344 declaró emergencia por violencia de género y prometió proteger a las mujeres mediante la asignación prioritaria de presupuestos, creación de unidades de atención y capacitación a las y los funcionarios. Sin embargo, continúan los homicidios y las agresiones contra las mujeres.
Es muy difícil acceder a las rutas de atención (en algunas zonas rurales, es prácticamente imposible) y las campañas de prevención no han logrado transformaciones culturales significativas.
Las estrategias de la creación de cuerpos élite y las capacitaciones con enfoque de género han tenido un impacto limitado debido a la falta de recursos económicos, técnicos y tecnológicos, a la falta de articulación entre las instituciones involucradas en la ejecución de esa política y, no pocas veces, a la carencia de conocimiento y voluntad por parte de los funcionarios encargados de ejecutar esas tareas. Uno de los resultados de todo esto es la impunidad que rodea a los casos de feminicidio.
Es claro, entonces, que las declaratorias de emergencia y las leyes no son suficientes si ellas no se implementan de manera efectiva y sostenible. Se requiere un compromiso real por parte de las instituciones y de la sociedad para garantizar justicia, protección y prevención de la violencia contra las mujeres.
Colombia necesita un cambio estructural que enfrente las causas más profundas de la violencia de género. No solo está en juego la vigencia de las políticas públicas, sino la vida y dignidad de cientos de mujeres que merecen vivir sin miedo en una sociedad igualitaria y libre de violencia.
Las promesas de protección se deben convertirse en acciones reales.
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