La consulta popular como un medio para la movilización social

Entre los mecanismos de participación ciudadana que tenemos en la Constitución, la consulta popular ha sido quizás el más democrático y el que más puede ser aprovechado por el pueblo y sus movimientos sociales para avanzar en sus propias luchas. Así ocurrió entre 2013 y 2018, cuando los pobladores de Piedras, Cabrera, Tauramena, Cajamarca, Cumaral, Arbeláez, Pijao, Jesús María, Fusagasugá y otros municipios, le dijeron NO al extractivismo y a la explotación de la minería y los hidrocarburos en sus territorios.

Las gentes se organizaron, se movilizaron masivamente y ganaron sus consultas con resultados superiores al noventa y seis por ciento (96%) en cada una de las votaciones. Los medios de comunicación hablaron del “boom de las consultas populares” y que “tiembla la industria petrolera.” Y ante los anuncios de que para los meses siguientes se estaban preparando otras consultas en unos cincuenta municipios, las élites y el gobierno se asustaron, el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional impusieron aplazamientos y restricciones para atajarlas y finalmente la Corte Constitucional definió que, por medio de este mecanismo, ya no se podían frenar las atrocidades mineras.

Tal como se puede observar en las crónicas o fotografías de cada caso, quienes promovieron esas consultas asumieron con entusiasmo sus tareas. Recorrieron   el territorio, vereda por vereda, casa por casa. Parecía una fiesta popular para defender el agua y sus montañas. Desplegaron toda su creatividad para explicar, comprender, organizarse y movilizarse masivamente.  Es que cuando el pueblo toma la consulta como algo que toca sus sentires más profundos, asumiendo su propio poder constituyente, abre la posibilidad de que, incluso, ella vaya más allá de lo institucional y sus formalidades legales.

Esto sucedió en Mogotes en 1998, en el período en el que allí mandó la Asamblea Municipal Constituyente de Paz. La propia gente descubrió que la manera de revocar el mandato del alcalde corrupto, impuesto por los gamonales, era a través de una consulta preguntándole a toda la ciudadanía si quería que siguiera su período o si, por el contrario, debía renunciar. Las organizaciones sociales, los liderazgos que allí había y la población en su conjunto organizaron autónomamente su consulta popular. Recorrieron el casco urbano y el área rural, sumaron voces y propuestas, atrajeron más y más gente, convocaron, organizaron, fabricaron las urnas y papeletas. El 96.25% de los votantes pidió que se fuera el alcalde cuestionado, él tuvo que renunciar y el gobierno convocar elecciones atípicas.

Hubo otros casos en que las consultas no se pudieron concretar porque, faltando unos pocos días para su realización, el Consejo de Estado ordenó su suspensión o aplazamiento. Así ocurrió, entre otros, en los municipios de Pasca y San Bernardo, en ese santuario de agua, paz y silencio que es el páramo de la Suma-paz, que quiso ser violado y saqueado por el fracking de las multinacionales petroleras.  Pero los preparativos que hicieron sus pobladores para rechazar ese ecocidio a través de la consulta, con sus consignas “Multinacionales fuera de Sumapaz”, “Agua SÍ, petróleo NO”, aunque no hayan podido llegar a ver reflejado su resultado en las urnas, sí tuvieron unos efectos importantes porque contribuyeron a elevar sus niveles de organización y de conciencia para seguir defendiendo su agua y su montaña.

El presidente Gustavo Petro decidió convocar una consulta popular para que sea el pueblo el que le diga sí o no a la reforma laboral rechazada por el Senado. Las movilizaciones del 18 de marzo, que llenaron las plazas públicas de las principales ciudades del país, marcaron el inicio de los preparativos.

La reforma no resuelve los problemas de opresión y explotación de los trabadores y las trabajadoras; pero sí puede frenar la súper explotación, la pérdida sistemática de derechos mínimos y recuperar algunos de ellos.

Sabemos muy bien que una consulta nacional no es igual que una a escala municipal, ni son iguales los conflictos socio ambientales y los que afronta la contradicción entre el gobierno y la oposición. También sabemos que los demás aparatos del Estado y del sistema, los poderes de dominación de las altas Cortes, de la economía, de los medios y de las mafias, usarán todas sus argucias legales e ilegales y harán hasta lo imposible por impedir o matar la consulta.  

Aún está por verse qué decisión tomará el Senado, si le dará viabilidad o no a la iniciativa presidencial. Habrá un derroche de creatividad, eso sí es seguro, en las estrategias de comunicación y pedagogía: los movimientos y organizaciones sociales y el gobierno, los partidos que los conforman y sus simpatizantes, por un lado, y toda la oposición por el otro. ¿Hasta dónde le alcanzará la fuerza y la persistencia a cada bloque enfrentado?

Aquellas otras consultas contribuyeron a abrir el debate sobre el desmadre del extractivismo y su locomotora minero-energética y pararon un poco la avalancha de títulos y concesiones que inundaron hasta los páramos. Ahora, pase lo que pase, la consulta le puede abrir otras posibilidades a la movilización social e incorporar nuevos actores y contingentes al debate democrático sobre la transformación de la sociedad. Lo mejor que podría pasar es que las y los trabajadores recuperen los derechos que les quitaron a principios de este siglo y logren otras mejoras en sus condiciones de trabajo.

Y ya que los vientos no le fueron favorables a una asamblea nacional constituyente en este período, ayudemos a empujar esta movilización hasta donde más pueda llegar.

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