Dura es la JEP, pero es la JEP

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Se dice que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el escenario jurisdiccional que permitiría transitar de la guerra entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), hacia la consolidación de la paz.

Lo primero que hay que aclarar es que la guerra, como si fuera una de las propiedades de la materia, no desapareció, sino que se transformó y recrudeció en pocos años. En segundo lugar, es bueno precisar que la JEP comenzó un proceso de declive debido, principalmente, a que esta jurisdicción -al menos algunos de sus funcionarios más reconocidos- reproducen -en sentencias y declaraciones públicas- la falacia de que las FARC-EP fueron el cáncer que acabó con el país y que la actuación de los otros actores armados fueron pequeñas respuestas.

Por un lado, la JEP emite decisiones como las del pasado 14 de febrero de 2025 en el macro caso 03 sobre los falsos positivos, en la cual se libra de responsabilidad judicial a los responsables políticos cuyas decisiones promovieron que se cometieran los crímenes contra civiles para presentarlos como bajas en combate. Por otro, en la misma Sala de Reconocimiento, pero esta vez en casos contra las FARC-EP, la magistrada que adelanta las diligencias y preside el macro caso 09, denominado “crímenes contra pueblos y territorios étnicos en el conflicto armado”, ha presionado a excombatientes para que participen en audiencias sin nada por preguntarles y sin la compañía de sus abogados.

Da la impresión de que las llamadas que les hacen a los firmantes ex combatientes de las FARC, las amenazas de expulsarlos de la JEP si continúan negándose a asistir a las audiencias, los obstáculos que les imponen para comunicarse con sus abogados se han convertido en prácticas habituales.

Así, mientras una parte de la JEP se doblega ante victimarios agentes Estatales, especialmente si son políticos con grandes haciendas en Córdoba, otra parte se convierte en una especie de verdugo que hostiga, amenaza y vulnera los derechos humanos de otro tipo de comparecientes, los que, creyéndolo o no, han estado participando de la construcción de la verdad y la justicia desde el día uno.

Esta jurisdicción investiga poco y limitadamente cuando debe indagar a personas que han hecho parte de la fuerza pública; más poco aún y con menor profundidad y presteza cuando se trata de averiguar acerca de la participación y posible responsabilidad de civiles que usaron las instituciones y la fuerza del Estado para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz, al menos algunos de sus funcionarios y funcionarias, se niegan a escuchar y a permitir que se relate cómo se instrumentalizó la existencia de un grupo rebelde para justificar la desaparición forzada, el asesinato de liderazgos sociales y políticos y las violaciones masivas a los derechos humanos, por fuerzas combinadas de miembros de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares.

La JEP es dura, como toda Ley, cuando se obstina en multiplicar el relato según el cual la guerrilla es el origen de todos los males que aquejan a la sociedad colombiana y es clara y directa cuando trata de trasladar la culpa de sus propias demoras, equivocaciones y fracasos a la defensa de estos ex combatientes.

La JEP podría ser dura consigo misma, asumiendo que algunas de las personas que allí imparten justicia no tienen suficiente capacidad profesional para entender las múltiples causas del conflicto armado y las diversas manifestaciones del mismo.  Eso la llevaría a reconocer que sus equivocaciones impulsan un nuevo ciclo de violencia. La JEP siendo la JEP, es decir, siendo rigurosa consigo misma y con cada persona que allí trabaja, podría ayudar a construir un relato de nuestra violencia política; podría reconstruir la historia del uso de las armas para acceder o mantenerse en el poder y, sobre todo, podría reconocer los grandísimos esfuerzos que las comunidades hacen para construir la paz cotidiana. Son tareas duras e ineludibles, como la Ley.