Santander sin vías

Especial para El Quinto

En Santander no estamos pidiendo autopistas de lujo ni túneles futuristas (aunque deberíamos y nos deben eso como sí otros territorios lo han alcanzado). Mientras en Antioquia y Valle del Cauca, las conversaciones sobre la infraestructura vial se hacen en código de 5G, en Santander toca agradecer los reparcheos con una melcocha de grava de mala calidad que se deshace a los pocos días…

Estamos pidiendo vías transitables, carreteras que no se desmoronen con la primera lluvia ni condenen al aislamiento a comunidades enteras. Sin embargo, el Gobierno Nacional sigue actuando como si lo que ocurre en nuestro departamento fuese un asunto menor, una molestia local y no el síntoma grave de un colapso nacional en la infraestructura vial.

El caso de la Transversal del Carare es el más reciente y doloroso ejemplo. Su colapso no afecta únicamente a los municipios de Vélez y Barbosa, aunque bastaría con eso para exigir acción inmediata. Lo que está en juego es la conectividad del Oriente colombiano con Antioquia y el Caribe, es decir, una arteria económica que sostiene el comercio, el turismo y la movilidad entre regiones atravesado tres cordilleras. La fractura de esta vía no es un problema regional, es un golpe directo al sistema circulatorio del país.

A esta realidad se suma la caída de la banca a la altura de Oiba, en la vía 45A, el corredor que conecta a Santander con el centro del país. Una vía que debería ser estratégica para el transporte de carga y pasajeros, y que además sirve como conexión entre Venezuela, Colombia y el resto de Suramérica, hoy se encuentra al borde del colapso por el abandono sistemático y la desidia gubernamental, dese hace varios gobiernos pero que esperábamos como se prometió en su campaña, que ahora sí se pondría en funcionamiento ya que sería “el gobierno del cambio”…

Ante este panorama, las comunidades no han tenido más remedio que levantar su voz. Los campesinos y transportadores de Oiba, Curití y Pescadero se han tomado los peajes como acto de protesta legítima. Las talanqueras permanecen levantadas —unas cuatro instalaciones— desde hace más de un mes, no por capricho, sino por desesperación. Durante este período, se calcula que los tres peajes en el tramo Los Curos, Curití y Oiba recaudaron entre 2017 y 2025 aproximadamente $385.000 millones sin que se invirtiera ni el 10 % de esa suma en mejoras viales. ¿A dónde va a para esa platica?

Mientras tanto, el Gobierno Nacional responde con silencio o promesas vagas. No se entiende cómo un departamento que aporta tanto a la economía nacional toda vez que es la cuarta según el Índice Departamental de Competitividad —por su industria, su comercio y su ubicación estratégica— sigue siendo tratado como una periferia prescindible. Santander no pide privilegios, pide justicia territorial.

Y lo más preocupante es la miopía política con la que se ha manejado el tema. Las afectaciones no se limitan a retrasos logísticos: hay pérdidas millonarias para los productores, dificultades para el turismo y riesgo inminente para los viajeros. Adicionalmente, 14.500 familias en varios municipios del sur de Santander están sin el suministro eléctrico. A problema de no poder sacar la che y las carnes que se producen en la región hay que agregar el gravísimo problema de que no hay cómo refrigerar el acopio por lo que son otros miles de millones perdidos en este momento.  Las vías de Santander están literalmente en cuidados intensivos, y lo peor es que los síntomas se conocían hace años, pero nunca hubo tratamiento.

Por eso, esta no es solo una denuncia: es un llamado urgente a la acción. El Ministerio de Transporte de Colombia y la Agencia Nacional de Infraestructura deben dejar de mirar hacia otro lado y asumir que lo que ocurre en Santander compromete la competitividad de todo el país. Si queremos un modelo de desarrollo equilibrado, debemos empezar por conectar al país consigo mismo.

Santander no puede seguir pagando el precio del olvido. Cada derrumbe, cada banca caída, cada kilómetro intransitable es también un derrumbe moral del Estado. Y si el gobierno no escucha a las comunidades, a los gremios y a los empresarios, será la ciudadanía —como ya lo está haciendo— la que tome la vocería y reclame con dignidad lo que por derecho le pertenece: unas vías seguras, funcionales y dignas para todos.

Santander tiene la vocación para ser “el corazón logístico de Colombia” pero no podrá serlo si insisten en que sus vías estén obstruidas.

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