Yeslie Hernández
Artista plástica, diseñadora gráfica y comunicadora social
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Fonseca (La Guajira) 2025 debería ser un punto de inflexión en la historia política y social de este municipio, pero lo que prevalece es la sensación de que las mismas dinámicas del pasado, vinculadas a las promesas electorales, a la ejecución de obras y al clientelismo político, se reproducen una y otra vez, reproduciendo frustración, desconfianza y dudas sobre si realmente el pueblo fonsequero está siendo escuchado y representado por quienes se comprometen con su futuro. Fonseca, municipio fundado en 1773 y centro de una zona rural con profundas carencias estructurales, vive desde hace décadas la contradicción entre discursos de progreso y realidades materiales de abandono histórico.
En las elecciones municipales de 2023, el escenario político en Fonseca estuvo marcado por una recomposición de fuerzas que terminó definiendo el resultado final. Aunque Micher Pérez Fuentes, avalado por el Partido Alianza Social Independiente (ASI), resultó finalmente elegido alcalde con cerca de 3.733 votos, el candidato más votado en las urnas fue Benedicto González Montenegro, del movimiento político Avanzar y con respaldo del partido Colombia Humana, quien obtuvo alrededor de 4.715 votos. Sin embargo, tras la contienda electoral, González Montenegro decidió sumarse políticamente a Micher Pérez, alianza que en la práctica terminó consolidando su gobernabilidad y dándole la victoria política efectiva en el municipio. La participación electoral, con 12.331 votos de un total de 31.551 ciudadanos habilitados, apenas superó el 39 % del censo, lo que ya evidenciaba un primer síntoma de desafección ciudadana y una democracia local sostenida más en acuerdos entre élites políticas que en un mandato popular amplio y contundente.
Desde su posesión, la administración municipal ha difundido logros enfocados en educación y otras inversiones que, según el portal institucional, transforman la realidad de las familias fonsequeras. Sin embargo, sobre el acceso a derechos básicos como el agua potable y los servicios de saneamiento para comunidades como Conejo, Laguna, El Hatico y Guamachal, hay discrepancias entre lo anunciado y lo experimentado por las comunidades. Por ejemplo, proyectos de agua potable promovidos por agencias como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), desde 2018, beneficiarán a alrededor de 1.700 habitantes rurales como parte de programas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, pero estos han tenido avances lentos con resultados todavía insuficientes frente a las necesidades históricas.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con recursos adicionales del Gobierno nacional, aprobó una inversión total de $41.710 millones para ampliar el alcantarillado, especialmente en barrios como El Carmen, con cobertura prevista para 3.300 habitantes tras una adición de $19.626 millones al proyecto inicial. Este tipo de intervenciones demuestra avances en cobertura de saneamiento y mitigación de inundaciones, pero también revela que la política de obras se ejecuta muchas veces más como gesto visible que como solución estructural integral a problemas básicos como el acceso permanente al agua potable.
La misión y visión del municipio incluso en documentos oficiales como la versión del Plan de Desarrollo “Fonseca, Potencia del Desarrollo” para 2024-2027, presentado como guía institucional para transformar realidades y cerrar brechas propone mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico como pilares del desarrollo humano sostenible. Sin embargo, la diferencia entre objetivos planteados y ejecución realizada evidencia una persistente brecha entre planes y realidades sociales que muchos habitantes aún no sienten plenamente traducida en calidad de vida.
En ese contexto político y administrativo ha tomado relevancia el surgimiento y consolidación de agrupaciones como el movimiento Avanzar, el cual, más que ser un actor aislado, representa una fuerza política emergente construida desde procesos sociales, comunitarios y de incidencia territorial, muchas veces vinculados al espíritu de participación que emergió tras la firma de los acuerdos de paz de 2016. Según reportes de prensa, Avanzar ha sido descrito como una fuerza política en crecimiento en La Guajira caracterizada por congregar sectores de excombatientes, firmantes de paz y activistas de base social, con concentraciones que han unido a comunidades en eventos políticos y culturales en el marco de ferias, festividades y encuentros. En ciertos actos, los seguidores caminaban y acompañaban a sus líderes como parte de una movilización que si bien puede parecer festiva y alegre también cumple una función de reafirmación de presencia política en el terreno.
El origen de Avanzar vinculado a los procesos de reintegración de excombatientes, de construcción de paz territorial y de participación política ciudadana lo sitúa en medio de una lógica de transición que aspira a transformar redes comunitarias en poder político legítimo. Sin embargo, también debe evaluarse en función de cómo la organización logra realmente traducir ese capital social en gestión pública efectiva, más allá de su crecimiento orgánico como movimiento. El hecho de que varias de las figuras que lideran Avanzar en La Guajira sean a su vez firmantes del Acuerdo de Paz añade una ironía política singular: quienes prometían llevar a la práctica la transformación social y cerrar brechas históricas hoy enfrentan el juicio crítico de sus propios electores por la repetición de patrones tradicionales de promesas no cumplidas en infraestructura básica.
Esta lectura se vuelve aún más sensible considerando que en 2025 se ha divulgado información sobre suspensión programada del servicio de acueducto en Fonseca por trabajos técnicos, lo cual evidencia que las necesidades básicas no están completamente resueltas y que, incluso durante procesos de modernización de redes, la población percibe la falta de agua como una situación persistente y contingente.
Al mismo tiempo, iniciativas de mayor envergadura como el tratamiento de aguas residuales para más de 58.000 personas muestran que el Estado central y regional están invirtiendo en infraestructura de mayor escala, pero la pregunta que surge es si estas inversiones encuentran coherencia efectiva con las prioridades más sentidas de las comunidades rurales o si sirven para generar narrativas de progreso que esconden fragmentos de abandono histórico.
Esta tensión entre expectativas y realidades se reproduce en la actual coyuntura electoral de la Circunscripción Especial Afro-Colombiana para la Cámara de Representantes 2026, donde actores políticos de La Guajira incluidos sectores cercanos a Avanzar, han organizado eventos masivos con tono festivo y político que, para muchos, evocan el patrón tradicional del “pan y circo”: actos que mezclan entretenimiento y clientelismo político más que debates serios sobre propuestas claras de representación afro, justicia social y desarrollo rural equitativo.
En el actual ciclo electoral hacia la Cámara de Representantes 2026, ese mismo entramado político local se expresa en el apoyo del movimiento Avanzar y aliados al nombre de Kendrys Paola Reyes Torres, quien aspira a representar a LaGuajira por la Circunscripción Especial Afrodescendiente. Kendrys Reyes, nacida y formada en Maicao, se ha consolidado como una figura con trayectoria en defensa de los derechos étnicos y colectivos, habiendo sido Delegada Nacional de Consulta Previa por comunidades afro y parte de instancias consultivas departamentales, lo que le ha dado reconocimiento territorial más allá de la mera presencia electoral. Su candidatura descrita como “una voz que irrumpe con fuerza” en la política regional representa tanto una posibilidad histórica para ampliar la presencia de mujeres afro en el Congreso como un desafío en cuanto a traducir ese liderazgo en impacto legislativo real para las comunidades que históricamente han estado marginadas. No obstante, el apoyo político que ha recibido Kendrys Reyes por parte de sectores cercanos al alcalde incluidos líderes de Avanzar se ha expresado en acciones cuyas formas rememoran viejas prácticas de proselitismo: el pasado 20 de diciembre se organizó un evento “navideño” al que se invitó a la comunidad del corregimiento de Conejo, que en realidad terminó funcionando como un acto con fuerte carga política y de apoyo explícito a su proyección electoral, más que como una celebración comunitaria independiente. Este tipo de actividades abonan a la percepción de que la campaña se organiza bajo lógicas de clientelismo y espectáculo político, más que de construcción de propuestas programáticas profundas y coherentes con las necesidades de los territorios rurales olvidados. En un departamento donde la discusión sobre la circunscripción afro ha pasado de ser una conquista histórica a un campo de disputa electoral como ha ocurrido con figuras previas que ocuparon esa curul sin necesariamente rendir cuentas a las comunidades la manera en que se articula el apoyo político importa tanto como los contenidos de las propuestas.
Lo que en su origen fue una conquista histórica para las comunidades afrodescendientes, con la creación de curules especiales que buscan garantizar voz política a sectores históricamente excluidos, ha venido convirtiéndose en un botín electoral más, disputado por figuras con agendas políticas diversas, incluidas aquellas que han mostrado poca coherencia entre promesas de campaña y resultados concretos en el día a día de los territorios. Este fenómeno no es exclusivo de Fonseca o La Guajira, sino una expresión local de la tensión entre representatividad legítima y estrategias de poder que reproducen dinámicas electorales tradicionales más centradas en intereses de grupo que en resultados sociales tangibles. Las disputas por esa curul, que en su momento involucraron incluso a figuras polémicas como Miguel Polo Polo, reflejan cómo espacios diseñados para ampliar la democracia pueden ser cooptados por estrategias de poder que replican ciclos de clientelismo.
Frente a este paisaje complejo, la reflexión que debemos hacernos como sociedad y como comunidades políticamente activas es directa y urgente: si en el ciclo electoral anterior se generaron expectativas de mejoras reales con promesas de servicios básicos, acueducto y gestión pública transformadora y muchas de esas medidas no se tradujeron en cambios sustanciales en la vida de la gente, ¿cómo podemos confiar en que esos mismos actores lograrán resultados diferentes en un escenario nacional como la Cámara de Representantes?
No se trata de negar la participación ni de desincentivar la movilización ciudadana, sino de exigir coherencia, transparencia, resultados verificables y compromiso permanente con las necesidades básicasde las comunidades. La política local no puede seguir siendo un espacio de discurso más que de ejecución, ni puede permitirse que agrupaciones que emergieron de procesos de paz y transformación social terminen reproduciendo los mismos patrones políticos que las comunidades arduamente criticaron. Si no se pudo garantizar el agua potable estable, la infraestructura rural o la inversión efectiva para obras que mejoren la vida diaria, entonces debemos cuestionar qué propone cada actor para cumplir esas metas desde cargos de representación más altos.
La pregunta que este momento electoral en Fonseca y La Guajira nos deja es básica pero profunda: ¿estamos realmente avanzando en términos de justicia social, equidad y dignidad o simplemente estamos repitiendo las mismas prácticas de siempre bajo nuevos nombres y discursos? La tarea de una comunicadora profesional y crítica es poner estos hechos, cifras y contradicciones en el corazón del debate público y provocar que las comunidades exijan responsabilidad política, coherencia programática y resultados reales antes que símbolos vacíos de “avance” que no se traducen en vida digna para todos.
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