Salario mínimo: deseo, estructura y límite

Nadie en su sano juicio desea que el salario mínimo no suba. Desearlo no cuesta nada. Lo costoso es sostenerlo. Confundir ambas cosas, el deseo y la capacidad material, es uno de los errores más persistentes del debate público colombiano.

La apelación a la “dignidad” se ha convertido en una palabra de alto rendimiento simbólico y baja capacidad explicativa. En Colombia, vivir dignamente no es un ideal moral: es una operación material extremadamente costosa, y ese costo no desaparece porque se lo nombre. La dignidad no es un enunciado; es una relación entre estructura productiva, salario y capacidad real de reproducción de la vida.

El problema no es el aumento del salario mínimo.

El problema es el tipo de realidad económica que pretende absorberlo.

Colombia no es una economía altamente industrializada ni una economía de alta productividad. Es una formación social atravesada por una informalidad estructural, con una base productiva débil y una capacidad de absorción empresarial limitada. Produce poco valor agregado, depende en gran medida del comercio y los servicios, y sostiene buena parte de su funcionamiento en pequeñas unidades económicas apenas viables. En ese contexto, el salario mínimo no opera como instrumento económico general, sino como marcador político.

Se discute como si organizara el conjunto del sistema salarial, cuando en realidad solo regula a una minoría. La mayor parte de la población económicamente activa trabaja por fuera de ese marco. Desde ahí, el aumento del salario mínimo no transforma la estructura: la tensiona. Obliga a trasladar costos a precios, a reducir empleo formal o a profundizar la informalidad. No por maldad empresarial ni por conspiración de clase, sino por límites materiales objetivos.

Evidencia empírica

Esta caracterización no es una apreciación retórica. Colombia presenta niveles de informalidad laboral persistentemente superiores al 50 % de la población ocupada, incluso en grandes centros urbanos. Se trata de un rasgo estructural del mercado de trabajo, no de una anomalía coyuntural. Diversos estudios del Banco de la República y de organismos multilaterales muestran que esta informalidad está asociada a menor productividad por trabajador, menor inversión en capital y tecnología, y menor generación de valor agregado.

La estructura empresarial refuerza este límite: las micro y pequeñas unidades económicas concentran una parte sustantiva del empleo y operan con márgenes estrechos, baja capitalización y escasa capacidad para absorber incrementos sostenidos en los costos laborales sin trasladarlos a precios o empleo. A ello se suma una estructura productiva dominada por sectores de bajo valor agregado, especialmente comercio y servicios de baja complejidad, con brechas significativas frente a economías más industrializadas.

Desde este marco empírico, el salario mínimo no puede funcionar como palanca autónoma de transformación social. Actúa sobre una estructura que no fue diseñada para sostenerlo de manera generalizada, lo que explica por qué los ajustes tienden a redistribuirse vía inflación, informalidad o contracción del empleo formal antes que vía mejoras reales y sostenidas del ingreso.

Conviene detenerse aquí. El miedo no es infundado, pero tampoco concluyente. No estamos ante un colapso automático ni ante una conquista social definitiva. Estamos ante un ajuste impuesto sobre una estructura frágil. Y las estructuras frágiles no absorben decisiones sin redistribuir internamente sus costos.

Desde un análisis materialista estricto, no hay lugar ni para la celebración ni para el pánico. Colombia puede absorber el aumento solo mediante compensaciones sistémicas. Si estas se producen vía inflación o informalidad, el beneficio se disuelve. Si se acompañan de transformaciones productivas reales, el impacto puede estabilizarse. Pero ninguna transformación productiva se decreta por vía salarial.

Aquí se cometen dos errores simétricos. La izquierda yerra cuando cree que el salario produce la economía. La derecha, cuando supone que el mercado la ordena por sí solo. Ambas posiciones olvidan lo mismo: es la estructura material la que decide qué salarios son sostenibles, no la voluntad política ni la corrección moral.

El problema no es querer que la gente viva mejor.

El problema es un país que no ha construido las condiciones materiales para hacerlo posible.

Por eso, frente a este debate, no conviene invocar ni la fe ni el miedo. Conviene aceptar una verdad incómoda y poco épica: el salario no transforma la economía; es la economía la que determina qué salarios puede sostener.

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