Esperanzas para el primer empleo

Especial para El Quinto

Colombia vive un momento económico complejo. El reciente aumento del salario mínimo, aunque podría estar motivado por el legítimo objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, ha tenido efectos contraproducentes que no podemos ignorar, especialmente para la base de nuestra estructura productiva: los microempresarios.

Los pequeños negocios, que representan una gran proporción de los empleos en nuestro país, han tenido que enfrentar costos laborales crecientes sin un aumento equivalente en sus ingresos o en el acceso a crédito y mercados. Para muchos, el resultado ha sido la eliminación de puestos de trabajo, la reducción de horas laborales o, incluso, la reducción de ritmo productivo. Y aunque la intención social detrás del incremento salarial es loable, no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un factor de desincentivo laboral o de contracción económica.

En este contexto, cuando el empleo formal para los más vulnerables se ve frágil, surge una noticia que merece atención, esperanza y, sobre todo, acción: un proyecto de ley en discusión que persigue facilitar las condiciones de inserción laboral para la población joven mediante mecanismos de acompañamiento y incentivos tributarios para los empleadores que contraten a estos jóvenes.

Según la información publicada en Red+Noticias, la iniciativa buscaría permitir que los jóvenes desde los 15 años puedan acceder al mercado laboral formal con apoyos que reduzcan el costo laboral para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. La ley incluye incentivos fiscales que alivian la carga tributaria de los empleadores que decidan incorporar jóvenes en formación, así como acompañamiento técnico, capacitación y rutas de inserción laboral que permitan una transición más fluida de la educación al empleo.

Esta propuesta no solo es bienvenida: es necesaria. Porque en un entorno donde los pequeños empresarios luchan por sostener sus plantas de personal, incentivar la contratación de jóvenes con beneficios tributarios puede ser un puente entre la oferta y la demanda laboral que hoy parece disociada. Para muchos jóvenes, obtener el primer empleo formal es un reto monumental: la experiencia que se les exige suele ser la barrera que los excluye del mercado formal, y ese círculo vicioso empuja a muchos a empleos informales, inestables o con poca o ninguna protección laboral.

Establecer incentivos para la contratación de jóvenes no es regalar empleos. Es reconocer que el capital humano del país se construye con oportunidades reales, no con discursos bienintencionados. Es entender que una política laboral efectiva no puede estar divorciada de la realidad empresarial, y que la sostenibilidad de cualquier incremento salarial también requiere medidas compensatorias para el tejido productivo.

La iniciativa, además, pone en el centro una verdad muchas vec es olvidada: los jóvenes no solo necesitan empleo, necesitan acompañamiento y formación continua. No basta abrir una vacante; se requiere que esa vacante vaya acompañada de capacitación, tutoría y seguimiento. Solo así se construyen trabajadores competentes y empleados de largo plazo, no figuras intercambiables que entran y salen del mercado sin arraigo ni proyección.

Este proyecto de ley no resolverá todos los problemas de fondo del mercado laboral colombiano, ni compensará por completo los efectos perversos que algunos aumentos de costos generan en los pequeños empresarios. Pero sí apunta en la dirección correcta: integrar a los jóvenes al sistema productivo con reglas claras, incentivos bien pensados y un enfoque pragmático que entienda que la economía no puede crecer si deja por fuera a su fuerza vital más renovadora.

Colombia no puede seguir apostando por políticas laborales que solo funcionan en teoría o que, sin acompañamiento integral, terminan siendo más simbólicas que efectivas. La protección social es vital, pero también lo es la generación de empleo sostenible y de calidad. Este proyecto de ley ofrece un espacio de convergencia: protege a los trabajadores y ofrece alivios reales a los empleadores que hoy más lo necesitan.

Si queremos una economía más justa, no basta con subir salarios: hay que ayudar a que más personas, especialmente nuestros jóvenes, puedan acceder al empleo formal, crecer profesionalmente y aportar al desarrollo del país. Y si ese puente lo construimos pensando en la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas, estaremos dando un paso firme hacia una sociedad más incluyente, productiva y con futuro.

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