Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Especial para El Quinto
Anoche asistí a la asamblea de copropietarios, una asamblea extraordinaria para escuchar la presentación de un sistema de automatización que, según sus promotores, promete ahorros entre el 40 % y el 50 % en las cuotas de administración de la propiedad horizontal. La cifra, así puesta sobre la mesa, genera un silencio inmediato y una atención casi reverencial. No es para menos: para miles de familias de clase media como la mía pagar la administración se ha convertido en una carga cada vez más difícil de sostener.
El detonante de esta conversación es claro y tiene nombre propio: el incremento del salario mínimo del 23,5 %, que, aunque puede responder a una legítima intención de mejorar el ingreso de los trabajadores, está teniendo efectos colaterales profundos en sectores donde el costo laboral representa una porción altísima del presupuesto. La vigilancia privada es uno de ellos. Para muchos edificios residenciales, especialmente aquellos que no son de estratos altos, sostener turnos 24/7 con recargos nocturnos y dominicales se volvió, sencillamente, inviable.
En ese contexto, la automatización aparece como una tabla de salvación financiera. Cámaras con inteligencia artificial que no solo graban, sino que analizan comportamientos, identifican merodeadores, diferencian a los residentes de extraños e incluso distinguen entre una persona sospechosa y un gato caminando por los tejados sin disparar falsas alarmas. Tecnología que hace apenas unos años parecía futurista hoy se vende como una solución práctica y, sobre todo, más barata.
La empresa que hizo la presentación fue directa: están recibiendo alrededor de 15 solicitudes diarias de cotización para automatizar edificios en distintas ciudades del país. Solo en Bogotá llevan 504 edificios. No se trata de una moda pasajera ni de un experimento aislado. Es una tendencia que se acelera al ritmo de los costos laborales y del avance tecnológico.
Pero la automatización no se queda solo en las porterías. Labores como el aseo, la jardinería e incluso la distribución de la correspondencia empiezan a ser replanteadas. El esquema que se propone es el de un “todero” que estaría unas pocas horas al día para atender tareas puntuales, mientras la administración se ahorra los costos de las noches, los festivos y los domingos. En términos contables, la ecuación cierra. En términos sociales, las preguntas apenas comienzan.
Porque, en la práctica, esto significa que muchos puestos de trabajo se van a perder. No por mala fe de los residentes ni por una conspiración empresarial, sino por una suma de decisiones económicas que empujan a buscar eficiencia a cualquier costo. La inteligencia artificial, en este escenario, no llega como un lujo, sino como un instrumento para sobrevivir financieramente.
¿Cómo será la adopción tecnológica por parte de los adultos mayores para poder entrar y salir de sus casas? ¿Qué pasará con miles de hombres y mujeres que hoy devengan sus ingresos de las labores de vigilancia? ¿Qué va a pasar con las empresas de vigilancia tradicionales? Seguramente éstas tendrán que reinventarse para sortear la emergencia de las nuevas tecnologías y los embates generados por las decisiones del entorno económico.
Esto no es un tema del futuro… Está reventando ya en cientos de propiedades por toda Colombia y aquí no se puede juzgar a los residentes de una manera tan olímpica por si piensan en los trabajadores de la vigilancia. Al final, todos están luchando contra un entorno retador en un país donde los costos de vida comienzan a dispararse para todos y no solo para “los ricos” como estigmatizan desde la arenga a todos los que buscan su sustento todos los días.
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