No, las elecciones no definen todo

En Colombia existe la ilusión de que las elecciones lo resuelven todo, que basta con ganar la Presidencia o conseguir mayorías en el Congreso para enderezar el rumbo del país. La realidad es más difícil que la ilusión.

Aquí hay un problema que se ha convertido en parte del sistema y, por lo tanto, es dificilísimo de resolver: la toma del Estado por parte de la mafia.

Se puede decir que dicha toma empezó el 1.º de enero de 1976, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Ese día se creó la llamada ventanilla siniestra del Banco de la República. A partir de entonces, se pudo acudir a ella y cambiar dólares por pesos sin que nadie preguntara su origen. Así, se legalizaron divisas provenientes del contrabando, de la compraventa de marihuana —que estaba en plena bonanza— y de cualquier otro comercio delictivo. Entre 1976 y 1977, el dinero del contrabando y del mercadeo de sustancias de uso ilegal sumó casi 1.600 millones de dólares anuales.

Poco a poco, los mafiosos se integraron al paisaje social: compraron tierras, bancos, industrias y comercios, y buscaron la protección activa de la clase política.

Con el tiempo, esa relación se volvió estructural. A través de amenazas, asesinatos y sobornos, las mafias infiltraron prácticamente todas las instituciones. Hoy tienen presencia o dominan los tres poderes públicos, las Fuerzas Armadas, los órganos autónomos, la organización electoral y los entes de control. A nivel territorial, los clanes regionales son el mecanismo con el que capturan gobiernos y rentas departamentales y municipales.

Llevan más de medio siglo apropiándose del Estado, paso a paso, y adaptándolo a sus intereses, tal como se muestra en el libro La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, de Garay, Salcedo-Albarán, De León-Beltrán y Guerrero, publicado en 2008.

El presidente Petro ha luchado contra esta situación desde que empezó su vida parlamentaria. Por eso, aunque suena paradójico, él y sus equipos fueron elegidos y gobiernan contra un sistema político en el que la mafia tiene una presencia decisiva.

Eso explica que haya tanta y tan enconada oposición contra su persona y su gobierno.

Solo una minoría de sus opositores hace parte de esa trama criminal o está a su servicio. Pero todas las personas que integran el poder mafioso dentro de las instituciones son opositoras al actual gobierno.

Para poner un ejemplo ilustrativo: todas las personas al servicio de la delincuencia que hoy están en el Senado y en la Cámara —aproximadamente el 30 % de los parlamentarios— se oponen al gobierno; pero no todos los opositores están al servicio de la banda delincuencial que ha venido capturando el Estado desde hace medio siglo.

Algo similar puede decirse del poder judicial. No cabe duda de que algunas personas de las altas cortes y de la Fiscalía General de la Nación mantienen niveles de articulación con grupos delincuenciales. Esto ocurre desde hace muchos años. Pero no todas las personas del poder judicial que toman decisiones contra algunas medidas del gobierno actual son parte de la trama mafiosa.

Ese entramado fue parcialmente descubierto y perseguido cuando Gustavo Moreno fue nombrado zar anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, y terminó convirtiéndose en pieza clave de la red de corrupción judicial conocida como el Cartel de la Toga.

La incidencia de los delincuentes en estas dos ramas del poder se hace más notoria cuando el gobierno intenta revertir parte del poder que estos grupos mafiosos tienen en algunas actividades económicas. Su oposición al cambio tiene dos momentos y dos ramas del poder como protagonistas.

Primero, el Congreso no aprueba o no tramita las propuestas legislativas que buscan pequeñas reformas en sectores de los cuales esos grupos se han lucrado durante años. Se ha negado, por ejemplo, a reformar la salud, el sistema pensional, la educación y a realizar ajustes salariales y prestacionales.

Después, cuando son derrotados en debates y votaciones y las leyes pasan al control de las cortes más importantes del sistema judicial, con frecuencia estas les encuentran algún defecto por el que emiten concepto negativo y las dejan sin validez. Lo mismo ocurre cuando este gobierno, sin apoyo parlamentario suficiente, expide decretos que afectan los intereses de la mafia. Entonces, el órgano judicial correspondiente deja sin efecto lo legislado por el Ejecutivo.

Lo vimos la semana pasada: el Legislativo negó el presupuesto presentado por el gobierno; luego rechazó la ley de financiamiento y, ahora, la Corte Constitucional deroga los decretos de emergencia económica con los que se pretendía financiar los proyectos y programas de desarrollo social que se están implementando. Intentan evitar que el gobierno gobierne y que ocurra cualquier transformación.

Todo esto es muy negativo. Pero más negativo es que las personas que hoy ocupan cargos que no son de elección popular seguirán allí aunque gane el Pacto por la Vida. Esta coalición puede elegir presidente, gobernar con los funcionarios más honrados y consolidar una mayoría sólida en el Congreso, pero el funcionariado al servicio de la mafia permanecerá en sus puestos y seguirá haciendo daño.

Frente a un problema de esta magnitud, se necesita que las candidaturas anticrimen ganen. Pero no es suficiente. Se requiere aumentar la sanción social.

Ahí, el periodismo cumple un papel fundamental: investigar, probar, comprobar y luego publicar cada comportamiento inapropiado, cada hecho delictivo y cada acto orientado a proteger los intereses de la mafia. No se trata solo de ganar las elecciones. Se trata de derrotar a la banda criminal y desterrar la ética traqueta. De cancelar al periodismo que todo banaliza. Y lo más decisivo e importante: se trata de movilizar permanentemente a la ciudadanía para que reclame, para que proponga, para que mande. No todo se define en elecciones.

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