De la Catedral a la Casa Blanca de Barranquilla

Aunque los medios de comunicación privados han banalizado las consecuencias depredadoras de los sistemas de ilegalidad y corrupción, reduciéndolas a simples escándalos por contratos, estafas, saqueos o toma de instituciones, la memoria conserva otros testigos: casas, haciendas y sedes cargadas de un valor simbólico negativo. Son sitios desde los que se ejerció el poder y se organizaron técnicas para someter al Estado y a la democracia a intereses particulares y caprichos criminales mafiosos.

Dos casas recientes resultan especialmente significativas en ese sentido: La Catedral, en Medellín, y La Casa Blanca de Barranquilla.

La Catedral fue una mansión-cárcel construida en 1991, en la época del «Bienvenidos al futuro». Su ubicación, tamaño y diseño obedecieron a los deseos del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. Desde allí ejerció su poder y se desplegó la máxima capacidad de presión del narcotráfico sobre el Estado.

Tuvo amplias habitaciones, áreas recreativas, campo de fútbol, salas para invitados y espacios para negocios, torturas y asesinatos. Había un único acceso por carretera y una ubicación estratégica que permitía controlar desde la montaña todo cuanto ocurría a su alrededor.

La mansión-cárcel de La Catedral es un emblema del triunfo de la maldad, la ilegalidad y la obscenidad del poder mafioso, como lo fueron también la avioneta de la Hacienda Nápoles, los hipopótamos y los burros pintados para hacerlos parecer cebras. Política e institucionalmente, La Catedral demuestra cómo el poder económico y militar del narcotráfico logró penetrar las decisiones del Estado y cómo esa capacidad de incidencia todavía permanece. Treinta y cinco años después, la mansión-cárcel parece estar dedicada a actividades religiosas.

Otro emblema de ilegalidad y control mafioso del Estado por clanes políticos fue la Casa Blanca de Barranquilla. Funcionó como centro de mando de un muy bien organizado sistema de corrupción destinado a mantener el control del poder político y convertir lo público en negocio privado.

La Casa Blanca se convirtió en símbolo de la corrupción político-electoral en Colombia. La trama mafiosa-corrupta que operó desde allí la dirigían unas pocas, selectas y prestigiosas familias. Ellas pusieron el erario, los contratos, los cargos públicos, los endeudamientos y las obras públicas a su servicio, como amos, patrones y dueños absolutos.

Esa edificación está en la misma ciudad que ha convertido su estadio en «casa de la Selección», condición justificada por las altas temperaturas que juegan a favor del equipo nacional de fútbol (¿?).

Es una residencia de tres niveles situada en un exclusivo sector de Barranquilla. Desde allí, operó una compleja estructura de poder tradicional, hegemónico y de derechas, destinada a alterar la voluntad popular mediante la compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018.

La Casa Blanca tenía espacios de gerencia, salas de reunión general y salas especializadas para recibir a líderes políticos y coordinadores de barrio, áreas de sistemas, circuitos de vigilancia y cuartos para almacenar dinero en efectivo, armas, listas de electores, computadores y documentos.

Según la investigación judicial, estaba diseñada para comprar votos, controlar votantes y coordinar una extensa red de operadores de maquinarias políticas capaces de convertir el voto en una mercancía de bajo precio y la democracia en un mercado de bandidos.

El descubrimiento de esa casa y de los hechos que allí ocurrían, permitió que la opinión pública se enterara de cómo funcionaba un sistema integrado de criminalidad, fraude y corrupción electoral, estructurado con métodos empresariales privados, Se supo quiénes eran financiadores, administradores, intermediarios y operadores territoriales de la red criminal que la tenían por sede. Desde allá se hacía también el monitoreo y seguimiento que permitía garantizar que el dinero entregado se tradujera efectivamente en votos y estos, a su vez, en elegidos.

La secuencia era precisa: convertir dinero en votos, votos en elegidos y elegidos en poder. Quienes llegaban de esta manera a las instituciones podían tomar y controlar sistemas de coacción, presupuestos y recursos de fuerza para reproducir el mismo sistema que los había llevado hasta allí.

La Casa Blanca de Barranquilla capturó la democracia e impuso un modelo de corrupción a gran escala. Su fachada, era una copia de la Casa Blanca hoy ocupada por Trump; lo que ocurría de puertas para adentro era administrado por la abogada y congresista Aida Merlano. Ni el nombre ni su apariencia, lograron esconder la magnitud de los delitos cometidos.

El espacio físico albergó un modo de ser corrupto sostenido por clanes. Por eso su significado supera los delitos investigados y la selectividad de las condenas derivadas del caso. La Casa Blanca evidenció un patrón delictivo extensivo y mostró cómo la corrupción erosiona la democracia: engaña, falsifica la realidad, manipula y compra la libertad del elector mediante incentivos ilícitos.

La Casa Blanca mostró, finalmente, que cuando el voto se convierte en mercancía, la representación política pierde legitimidad y las instituciones quedan en muy alto riesgo ante la voracidad de los intereses privados. Comprar el voto significa algo más que alterar unas elecciones: significa apropiarse de la voluntad del ciudadano, convertir su libertad política en mercancía y abrir las puertas del Estado a una corrupción que destruye a la ciudadanía.

Casualidad o no, el presidente De la Espriella ha decidido construir, en esa misma ciudad, una sede alterna de su gobierno. Su estructura, levantada en materiales baratos, es sumamente parecida a la Casa Blanca ubicada en Washington D.C.

Desde ya se le conoce como la Nueva Casa Blanca. Todavía no sabemos si este gobierno seguirá la tradición casablanquística de aquella que gerenció la Señora Merlano o la del señor Trump. Cada caso peor que el otro.

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