Equipo de comunicaciones de SINCOPE
•
A menos de una semana de haber asumido la presidencia de Colombia, el gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta su primera gran crisis de legitimidad y transparencia. Así lo informó el periódico español El País en su edición del lunes pasado.
El mandatario y su equipo, debían, en primer lugar, orientar la búsqueda de personas y otros seres vivos bajo escombros, hacer llegar ayuda humanitaria a los cientos de miles de víctimas y diseñar un plan de reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que Colombia acaba de vivir. De todo eso han hecho muy poco, en cambio, ocurrió un silencioso y coordinado «apagón» de datos oficiales que ha dejado a los periodistas y a los ciudadanos a oscuras sobre la verdadera dimensión de la tragedia: intempestivamente se cortó el acceso al tablero de control de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que es donde la base de datos que mide los daños en tiempo real municipio por municipio.
Dicho apagón informativo ha desatado el rechazo unánime por parte de los gremios informativos El Sindicato Colombiano de Periodistas (SÍNCOPE) calificó el hecho como «el primer acto de censura a la prensa» del nuevo mandato.
Otro tanto han dicho la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). Todos coinciden en un diagnóstico alarmante: el Ejecutivo ha decidido monopolizar la información.
42 minutos de transparencia
La cronología del bloqueo técnico demuestra que la opacidad gubernamental fue quirúrgica y premeditada. En medio del caos por el sismo con epicentro en el departamento del Chocó, el periodista especializado en salud y emergencias, Ronny Suárez Celemín, localizó el enlace del visor digital interno de la UNGRD
Esta herramienta pública permitía verificar en tiempo real cuántas viviendas colapsaban, el estado de los hospitales locales y la penosa contabilidad de muertos y desaparecidos por región. Suárez compartió el acceso en sus redes sociales.
La reacción institucional fue fulminante. Exactamente 42 minutos después de la publicación, la oficina de tecnologías de la UNGRD modificó los permisos del sitio web, revocó el acceso público y levantó un muro digital que ahora exige credenciales institucionales privadas. Desde ese instante, la plataforma quedó vedada para el periodismo, especialmente el independiente y para la sociedad civil en general.
¿Controlar la consecuencias de un desastre sin timonel formal?
El bloqueo digital ocurre en medio de las consecuencias institucionales que deja la desacertada decisión del presidente De La Espriella de no realizar un proceso de empalme formal con el gobierno saliente: la UNGRD operó durante la fase inicial de la emergencia sin un director nombrado y posesionado en propiedad.
Bajo mandos interinos y con una evidente falta de coordinación técnica para unificar los reportes de los comités departamentales, la Presidencia de la República optó por la centralización absoluta de la vocería. Remplazaron la información verificada y proveniente del lugar de los hechos que se encuentra en la base de datos abierta, por ruedas de prensa esporádicas en Bogotá.
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRONOLOGÍA DEL CORTE INFORMATIVO │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📌 Lunes 10 de Agosto: Terremoto sacude el territorio │
│ 📌 Jueves 13 de Agosto: Periodista comparte visor web │
│ ⏳ 42 minutos después: UNGRD revoca accesos públicos │
│ ⚠️ Hoy: Datos cerrados; solo se emiten boletines fijos │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Esta estrategia de comunicación ha fracturado el cubrimiento en las zonas más afectadas. Según denuncias de la FLIP, en regiones críticas como el Eje Cafetero se ha restringido el espacio para preguntas de los reporteros locales.
«Centralizar y verificar la información es un deber, pero monopolizarla y restringir su acceso equivale a un acto de censura», advirtió SÍNCOPE en un comunicado oficial expedido el pasado miércoles en horas de la tarde.
Al no contar con datos crudos actualizados, los periodistas en los territorios aislados carecen de herramientas para contrastar si los auxilios estatales están llegando verdaderamente a las veredas destruidas.
El balance de la tragedia bajo sospecha legal
Expertos en derechos digitales del Centro de Internet y Sociedad (ISUR) recuerdan que la acción tomada por el gobierno actual en la UNGRD viola flagrantemente la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública).
Los manuales de la propia entidad catalogan los reportes diarios de crisis como información pública e ilimitada. Eso quiere decir que no existe reserva legal ni argumento de seguridad nacional que justifique ocultar la cifra de damnificados o las que dan cuenta de otras consecuencias del sismo.
A pesar del cerco informativo, el balance oficial ofrecido por el presidente para decretar el estado de emergencia económica expone el horror que vive el país, según informó Caracol el día12 de este mes:
| Categoría de Impacto | Cifras Consolidadas por el Ejecutivo |
| Personas Fallecidas | 265 víctimas [caracol.com, 2026-08-12] |
| Personas Heridas | 3.494 ciudadanos |
| Personas Desaparecidas | 496 ciudadanos |
| Viviendas Afectadas | 11.347 destruidas / 53.526 averiadas |
| Infraestructura Educativa | 1.819 escuelas con daños estructurales |
| Centros de Salud | 179 hospitales afectados |
Con más de 160 réplicas registradas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y miles de familias durmiendo a la intemperie, la exigencia de los defensores de la libertad de prensa es categórica: el gobierno nacional debe acatar el mandato del Artículo 20 de la Constitución Política, que garantiza que en Colombia no habrá censura.
En una emergencia humanitaria de esta magnitud, los datos abiertos no son un asunto técnico; son un recurso de supervivencia para fiscalizar los recursos, coordinar las ayudas y salvar vidas.
Deja una respuesta