
Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ph.D en DDHH; Ps.D., en DDHH y Economía; Miembro de la Mesa de gobernabilidad y paz, SUE.
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La reciente posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 tuvo todos los ingredientes de un exorcismo: oraciones, alabanzas, imágenes religiosas, pantallas, saludos militares, invocaciones y un ambiente de tensa expectativa. Se estaba exorcizando, sin embargo, no a un espíritu maligno, sino al mismo Estado de derecho.
El exorcismo daba cuenta de un rito de estructura clásica. Empezó por constatar que algo que había sido poseído por una fuerza extraña —el gobierno popular— ahora iba a ser “suyo” y solamente suyo. Ahí estuvo la negativa a recibir el informe sobre el estado de la nación, producto del empalme.
El rito lanzó primero algunos anzuelos, como divagar sobre dónde sería la posesión, ante la certeza de que la legitimidad del elegido no era unánime. La sombra de la duda sobre la limpieza en las urnas opacaba la investidura, a la que se quiso sacar del escrutinio y de la mirada pública: encerrarla en un coliseo, un teatro, un hotel, un lugar de banquetes; cualquier lugar menos la Plaza de Bolívar, donde el pueblo no lo recibiría.
Juró gobernar en nombre del pueblo con el fantasma de la ilegitimidad bajo el brazo y la Biblia por encima de la Constitución. Es de conocimiento general que la nación espera que quien ejerza el poder respete y haga respetar las reglas claras, aceptadas y construidas por los seres humanos, y que quien gobierne sepa que ningún capricho, deseo o ignorancia puede resquebrajar ese consenso.
En el exorcismo, nada se detuvo ante las dudas terrenales. Se invocó lo sagrado y se rompió la esencia del Estado laico consagrado por mandato constitucional. Se adelantó una ceremonia de investidura que fue, ante todo, un acto religioso, con creencias espirituales pasando por encima de las leyes de la República. Fue un acto de negación del Estado laico: no hubo concesión a la diversidad, sino una declaración según la cual el poder no emana de la Constitución, sino de una voluntad superior que ni el mismo elegido logra descifrar, debido a su distorsionada y rebuscada mezcla de gestos y vivas a Cristo Rey y al Estado genocida.
El exorcismo continuó mezclando gestos militares, discurso y saludo, con la mano derecha en la frente y la frase “firmes por la patria”, que no consigue disimular el símbolo cruel del ¡Heil! El grito, la arenga y la promesa de más guerra; la petición de que pongan a su nombre los “bandidos” dados de baja: todo ello llama no a combatir, sino a destruir sin límites, desde adversarios a destripar hasta bosques, páramos y reservas destinadas a la producción de alimentos que ahora se pretende explotar.
Su lenguaje no dio muestras de tolerancia ni de promoción de la deliberación democrática, del consenso para buscar la unidad o de la reconciliación nacional. Pidió obediencia, silencio y ofreció miedo. La duda sobre su legitimidad trata de saldarla con lenguaje marcial y gestos de fiereza, señalando el camino de más guerra para entrar al reino de la tiranía, donde las reglas se suspenden, opera el estado de excepción y el Estado de derecho resulta vulnerado.
Este exorcismo no fue inocente. Situó el origen del nuevo mandato en lo divino. El elegido se coloca por encima de lo humano, de la Constitución y de la ley pactada por los seres humanos y, en consecuencia, desatiende el imperativo de los derechos humanos —también laicos— y de las libertades. Anuncia retroceso, regreso al oscurantismo y a la guerra, ahora con visos religiosos de lucha entre el bien y el mal.
Es la sacralización del conflicto, capaz de convertir al adversario en enemigo de la fe y de negar el Estado de derecho, que es, ante todo, un artificio humano: un pacto entre iguales. Se apela a Dios para encontrar la legitimidad perdida en las urnas. El exorcismo deja así el mensaje de que, en realidad, el elegido y su grupo de poder no necesitan del pacto ni respetarán el Estado de derecho.
El exorcismo también requiere de brujos, y el mismo elegido ha desempeñado ese papel. Ellos estuvieron presentes, aunque no en la ceremonia oficial, sino en los corrillos del poder. Lo relevante es el gesto: quien busca la purificación por medios mágicos admite que no logra sostener el poder por sí mismo, que necesita de fuerzas ocultas para mantenerse.
Esa es la confesión, no de la fortaleza, sino de la debilidad. Una debilidad que no se agota con el rito del exorcismo, sino que tiene consecuencias prácticas: la diáspora de otros “aparentes” despachos presidenciales y la distribución del botín nacional mediante el nombramiento de amigos, socios leales y familiares en cargos públicos; el nepotismo llevado al control de las oficinas del Gobierno, de seis consejos superiores de universidades, de juntas directivas y del manejo de las cuentas de la nación.
Esto trasciende una anomalía menor. El Estado de derecho se funda en la impersonalidad de las reglas. Los cargos se otorgan por mérito y las hojas de vida se hacen públicas. Cuando el poder se distribuye entre los afectos, lo que está diciendo es que la lealtad personal vale más que la competencia y la norma.
Es el anuncio de la vuelta al antiguo régimen, al gobierno de los amigos, que es, en el fondo, el gobierno de nadie: aquel que al final devuelve apenas el cascarón de la nación, vaciada, enferma, rota, destruida.


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