Santander no puede seguir agradeciendo las migajas viales

Santander es la cuarta economía de Colombia, pero cuando se trata de infraestructura vial parece que ocupara un lugar muy distinto en las prioridades nacionales. Somos un departamento que produce, emprende, exporta y aporta al desarrollo del país, pero que todavía tiene que celebrar como una conquista extraordinaria la promesa de terminar una variante que debió estar lista hace años. ¿En qué momento nos acostumbramos a pedir tan poco?

La noticia de que la variante de San Gil recibiría $100.000 millones en 2027 para reactivar su construcción debería producir alivio, sin duda, pero también indignación. Según informó Vanguardia este 20 de octubre, el proyecto, iniciado en 2018, acumula inversiones de $174.890 millones en obra y $15.804 millones en interventoría, y aun así no conecta con ningún destino. De los 9,6 kilómetros previstos, apenas se han construido 4,4. Ahora se estima que terminarla requeriría cerca de $280.000 millones y que su culminación podría tardar otros cuatro años.

Ocho años después de su inicio, la variante sigue siendo una promesa inconclusa. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos hasta aquí?

No basta con conseguir nuevos recursos. Hay que establecer por qué una obra de esta magnitud terminó convertida en un problema de financiación, contratación, gestión predial y licenciamiento ambiental. Hay que determinar qué falló, quién debía anticipar las dificultades y qué responsabilidad les corresponde a las entidades encargadas de vigilar la ejecución. Una interventoría no puede ser un simple requisito contractual ni un testigo de honor de los retrasos. Su razón de ser es advertir oportunamente los problemas, exigir correctivos y proteger los recursos públicos.

Si una supervisión rigurosa y una gestión oportuna hubieran permitido anticipar y resolver las dificultades, ¿cuánto dinero adicional se habría podido evitar? No se trata de afirmar que todos los sobrecostos fueran necesariamente prevenibles, sino de exigir explicaciones documentadas. Cada peso adicional sale de un presupuesto que también debe atender otras necesidades urgentes de los santandereanos.

Y mientras esperamos por San Gil, ¿qué pasa con la variante de Socorro? ¿Qué horizonte tienen los terceros carriles para adelantamiento en corredores donde los vehículos pesados, las curvas y las pendientes convierten cada recorrido en una prueba de paciencia y seguridad? ¿Cuántos años más debemos esperar para que la conectividad de nuestras provincias deje de depender de anuncios que se renuevan cada cierto tiempo?

La discusión, sin embargo, va mucho más allá de tres proyectos.

El Índice Departamental de Competitividad 2025 ubicó a Santander en el cuarto lugar general del país. Es un resultado que reconoce las capacidades de nuestro tejido empresarial, el talento humano y el dinamismo regional. Pero ese liderazgo pierde fuerza cuando no se traduce en mejores condiciones para movilizar personas y mercancías. En materia de infraestructura vial, el departamento enfrenta un rezago que exige atención prioritaria. La medición de 2025 reportó avances en el pilar de infraestructura, pero también identificó desafíos en conectividad.

Una economía competitiva necesita vías que reduzcan costos logísticos, acerquen a los productores rurales a los mercados, faciliten la llegada de turistas, conecten los centros de conocimiento con las empresas y permitan que la inversión encuentre condiciones para crecer. Una carretera deficiente no es solamente un inconveniente para quien conduce: es tiempo perdido, combustible desperdiciado, mercancía que llega tarde, mayores costos de operación y oportunidades de empleo que se quedan en el camino.

Por eso, la pregunta de fondo es legítima: ¿Santander no merece proyectos de infraestructura de mayor envergadura, como autopistas de altas especificaciones, viaductos, túneles y corredores modernos que sí han transformado la movilidad y la competitividad en otras regiones del país?

No estamos pidiendo obras por vanidad ni una carrera de concreto contra otros departamentos. Estamos reclamando criterios transparentes de priorización, continuidad presupuestal y una distribución de la inversión que reconozca las necesidades reales de cada territorio. Santander tiene una geografía exigente, corredores estratégicos y una economía que necesita conectarse mejor consigo misma y con el resto de Colombia. Esas condiciones deberían motivar soluciones técnicas ambiciosas, no convertirse en una excusa permanente para postergarlas.

La pregunta también interpela a nuestros propios representantes. Congresistas, gobernadores, alcaldes, gremios y entidades territoriales deben coordinarse alrededor de una agenda vial verificable, con proyectos priorizados, estudios actualizados, responsables identificables, cronogramas públicos y mecanismos de seguimiento. Conseguir una partida presupuestal es importante, pero no equivale a entregar una carretera. El verdadero resultado es una obra terminada, funcional, segura y puesta al servicio de la gente.

Los $100.000 millones anunciados para San Gil pueden ser una oportunidad para corregir el rumbo. Pero deben venir acompañados de una estructuración técnica seria, presupuestos realistas, soluciones para los pendientes prediales y ambientales, y una contratación que minimice el riesgo de repetir la historia. La ciudadanía merece saber cuánto costará finalmente la obra, qué tramos se ejecutarán, cuándo estarán listos y cómo se garantizará que los recursos no vuelvan a quedarse atrapados en el camino.

Y hace falta una agenda que no se agote en San Gil. Santander necesita una hoja de ruta integral para sus corredores nacionales, secundarios y terciarios, así como para las conexiones que articulan sus provincias con Bucaramanga, Barrancabermeja, el Magdalena Medio, Boyacá, Antioquia y Norte de Santander. La competitividad regional no termina en los límites de un municipio ni se resuelve con intervenciones aisladas.

Me preocupa, además, que terminemos normalizando la precariedad. Que nos emocionemos cada vez que anuncian un reparcheo, que confundamos el mantenimiento indispensable con una transformación de fondo y que celebremos la asignación de recursos como si el anuncio fuera el resultado final. El mantenimiento es necesario, por supuesto; las vías deterioradas deben repararse. Pero una cosa es conservar lo que tenemos y otra muy distinta es construir la infraestructura que Santander necesita para dar el siguiente salto de desarrollo.

¿Nos han dado tan poco que unos reparcheos nos hacen inmensamente felices?

Santander no necesita privilegios. Necesita respeto, planeación y cumplimiento. Respeto significa reconocer que una región que contribuye de manera significativa a la economía nacional no puede quedar rezagada en una condición tan básica para su desarrollo. Planeación significa dejar de improvisar sobre proyectos que acumulan años de retraso. Cumplimiento significa que las obras anunciadas se contraten bien, se ejecuten a tiempo y se entreguen completas.

No podemos seguir aceptando que cada generación herede las mismas promesas viales, con nuevos presupuestos y los mismos interrogantes. La variante de San Gil no debería ser una noticia recurrente, sino una obra terminada. La de Socorro no debería ser una pregunta sin respuesta. Y los terceros carriles no deberían depender de que ocurra una tragedia o de que la congestión alcance niveles insoportables para convertirse en prioridad.

La exigencia no es contra un gobierno ni a favor de una administración en particular. Es una reclamación de región, que debe mantenerse más allá de los cambios políticos y de los ciclos electorales. Porque las carreteras no se terminan con discursos, y la competitividad no se construye con anuncios.

Santander merece mucho más que esperar. Merece vías que estén a la altura de su gente, de sus empresas y de sus posibilidades. Y, sobre todo, merece que dejemos de agradecer como favores aquello que debería ser una inversión pública planificada, transparente y cumplida.

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