Apuntes sobre el contenido y trámite de la Ley Estatutaria de Educación

Como parte de su proyecto de reforma educativa, el gobierno nacional presentó, en septiembre de 2023, el proyecto de Ley Estatutaria de Educación. La expedición de una norma jurídica de esa naturaleza y dimensiones está contemplada en la Ley general de Educación – Ley 115 de 1994- cuyo artículo 9 define que “el derecho a la educación se regirá por ley especial de carácter estatutario”.

Para elaborar el actual proyecto «Por medio de la cual se desarrolla el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones”, se convocó y tuvieron en cuenta las propuestas de movimientos y organizaciones sociales, de la Federación Colombiana de Educadores -FECODE- y de grupos de ciudadanas y ciudadanos.

El acuerdo más importante y que servía de base al proyecto que se presentó al Congreso fue reconocer que la educación es un derecho fundamental.

Son aspectos medulares de la propuesta que se llevó al Congreso:

1. Hacer obligatoria la educación media.
2. Avanzar en lograr que el sistema educativo público garantice la educación pre escolar completa en tres niveles.
3. Asumir la jurisprudencia de la Corte y lo ordenado en el bloque de constitucionalidad (es decir, en los convenios y pactos firmados por Colombia y ratificados por el Congreso de la República) como parte integrante de la ley y que esta sirva como un instrumento único para definir los alcances del derecho a la educación.
4. Generar acciones afirmativas orientadas a una serie de grupos poblacionales vulnerables.
5. Clarificar el régimen de las escuelas normales. 

El proyecto se tramitó, primero, en la Cámara de Representantes. Allí, se tuvieron en cuenta propuestas que se recibieron en las audiencias públicas realizadas en distintas ciudades, y se debatieron cerca de 1.000 proposiciones de todos los partidos. Se aprobó por unanimidad en la comisión primera y en la plenaria de ese cuerpo legislativo.

Con el tiempo muy ajustado para hacer el resto del trámite en el Congreso, el texto aprobado en Cámara llegó a la Comisión Primera del Senado de la República. Allí, el ambiente es muy hostil y hasta agresivo hacia el gobierno nacional.  

Debido a distintas maniobras dilatorias realizadas por los Senadores de los partidos de oposición, era imposible continuar con el trámite del proyecto. Entonces los Senadores María José Pizarro y Ariel Ávila, junto con la ministra de Educación lideraron una propuesta de enmienda que asumía los puntos de vista de quienes no desean hacer reforma alguna.

Así, el texto que se aprobaría no transformaba los 5 aspectos enumerados antes, pero saldría de la Comisión a la plenaria del Senado en donde, muy seguramente, se volverían a someter a debate y aprobación. 

Esta enmienda fue rechazada por todos los movimientos, organizaciones sociales y sindicales que en algún momento participaron en la elaboración del proyecto de Ley. Continúan apoyando el articulado original, pero no están dispuestos a avalar los aspectos que la oposición impuso para llegar a un acuerdo con los senadores afines al gobierno y la ministra.

Los debates que se evidencian son profundos y dan cuenta de dos posturas frente a la educación.

1. La prioridad en la financiación pública: uno de los aspectos medulares es la eliminación, en todo el articulado, de la priorización de los recursos del Estado para la oferta de educación pública.

Aquí subyace el viejo debate sobre la financiación a la oferta y/o a la demanda. Lo cierto, es que lo planteado por el gobierno no elimina la posibilidad de generar programas como ser pilo paga, pero considera que un objetivo de la ley es confirmar que el Estado está obligado a financiar la educación.

2. Elevar a la Educación Terciaria como un nivel, un derecho fundamental y parte de la educación formal. Este debate no es menor. Los defensores plantean la necesidad de flexibilizar la educación para atender las nuevas realidades. No es que el gobierno y su bancada estén en contra de la formación técnica en el país, es que la Educación Superior contiene a la técnica profesional, tecnológica, las Escuelas Normales y la universitaria.

La propuesta acordada, es decir impuesta por la oposición, lo que pretende es definir, como parte del derecho fundamental a la educación, diplomados, cursos cortos y micro certificaciones, todo para favorecer instituciones privadas.

Este tipo de formación no es educación formal y tampoco hace parte de la competencia del Ministerio de Educación Nacional. Está es la razón por la que el SENA ha salido con tanta contundencia a pronunciarse en contra de esta propuesta.

3. Evaluación castigo hacia los docentes. En la enmienda se aprobó la evaluación obligatoria para los docentes y que uno de los criterios de la misma sea los resultados de sus estudiantes en las pruebas estandarizadas.

Lo primero a decir sobre este aspecto es que a los docentes se les evalúa permanentemente. Es mentira decir que los educadores y las educadoras le temen a la evaluación o que rechazan ser evaluados.

Lo que sí es cierto es que no admiten que se les asigne un puntaje tomando en cuenta los resultados de sus estudiantes. Esto porque diversos estudios señalan que el rendimiento escolar está asociado múltiples factores que van, desde lo socio económico, hasta las condiciones de infraestructura de los centros educativos. Resultaría, pues, injusto que se le culpe al maestro por todas las situaciones que afectan el rendimiento escolar.

Hoy martes 18 de junio, se deberá llevar a cabo el último debate en la plenaria del Senado de la República.

Se radicaron dos ponencias, una, liderada por la Bancada del Pacto Histórico que retoma la redacción del texto aprobado en la Cámara de Representantes y otra, radicada por la oposición, en la que se reafirman los aspectos cuestionados por ser contrarios al propósito de la ley. 

Ninguna de las ponencias pareciera tener los votos suficientes para lograr su aprobación. Lo más seguro es que este proyecto se archive, pues el tiempo de tramite no puede sobrepasar el tiempo de un periodo legislativo.

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