César Torres Cárdenas
Investigador, consultor y profesor
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El presidente Gustavo Petro usó sus facultades constitucionales para ofrecerle un trabajo a Armando Benedetti. Las funciones que le asignará, son, todavía, un poco difusas. Se dice que estará cerca del primer mandatario y que ayudará a mejorar las relaciones del ejecutivo con el Congreso de la República.
Sin duda estará cerca de Petro. Quizá se le encargue un trabajo que tenga más que ver con las elecciones del 2026, que con aceitar las relaciones del gobierno con el poder legislativo. Tal vez la intempestiva llegada del exembajador Benedetti al palacio presidencial, sea una jugada con la que se busca garantizar la continuidad del Pacto Histórico en la dirección del Estado.
Lo otro que también es cierto, es que la presencia de este personaje político ha causado revuelo.
La oposición, de la que son integrantes algunos dirigentes de los partidos más corruptos y ligados a la mafia, saltó inmediatamente a dar declaraciones a los medios de comunicación que quisieron escucharla. Señaló todos los defectos, errores y posibles delitos de los que se acusa a Benedetti, para concluir que el gobierno tiene secretos qué esconder y que, como el exembajador los sabe, el presidente se ve obligado a darle puesto.
Al interior de los partidos que conforman la coalición de gobierno, también se alzaron voces en contra de ese nombramiento. Gente tan cercana a Petro, como la Senadora María José Pizarro o el Senador Iván Cepeda, manifestaron su descontento. Un grupo de Ministros, dentro de los cuales estaba la Vicepresidenta, Francia Márquez Mina, pidió hablar con el Presidente, sobre “el asunto Benedetti”, antes de la reunión oficial que tenían programada para el lunes 25 de este mes.
Para completar, la recién elegida Defensora del Pueblo, Iris Marín, también manifestó su repudio a la llegada del personaje en cuestión al equipo de gobierno. Dijo: “Llamo al presidente de la República a no nombrar al señor Benedetti en altos cargos públicos del Gobierno. No nombrarlo sería un gesto coherente con la igualdad de género que su gobierno dice pregonar”.
Este nombramiento, que, por otra parte, no ha ocurrido oficialmente aún, es como si alguien hubiera tirado una bomba fétida en un coctel: nadie quiere estar cerca de ella, sólo quien produce el nombramiento, es decir, quien desató el mal olor se quedará impertérrito para que no le echen la culpa.
Pese al descontento, es necesario tener en cuenta que Colombia tiene un régimen presidencialista que faculta al presidente para nombrar a quien le parezca conveniente, en el cargo que él considere apropiado. Lo inusual es que las y los ministros cuestionen una decisión presidencial. Tan inusual como que se pida el no-nombramiento por actos cometidos en la vida privada de las personas.
Pero, todo parece indicar que, durante este gobierno, autoproclamado Gobierno del Cambio, efectivamente están ocurriendo varios cambios.
Hasta esta semana, no se conocían antecedentes de que un grupo de Ministros/as cuestionara una decisión presidencial. Ningún presidente había dado explicaciones a sus ministras/os acerca de las razones que lo llevaron a hacer un nombramiento. También es la primera vez que miembros del partido de gobierno desaprueban una decisión del presidente que apoyan y ayudaron a elegir.
Nunca antes Colombia tuvo a una mujer defensora de Derechos Humanos como Defensora del Pueblo. Es la primera vez que quien ostenta ese cargo se atreve a sugerir la viabilidad o no de un nombramiento hecho por el Presidente de la República, argumentando que el nombrado posiblemente ha cometido actos de violencia basada en género contra su esposa.
Las empresas de comunicación opositoras a este gobierno y sus periodistas empleados, se alegraron mucho con la posible fractura del gobierno. Esa actitud también es poco usual. Debe ser porque, desde hace más de un siglo, esos medios se benefician con los pagos que los gobiernos les hacen por concepto de pauta publicitaria y el gobierno Petro les ha disminuido esa fuente de ingresos.
Esa alegría de la dirigencia y del periodismo político opositor, se parece a la que muestran algunos funcionarios gubernamentales cada vez que logran dividir a un grupo insurgente para negociar con la fracción minoritaria.
La oposición no se ha dado cuenta que esas discusiones al interior del gobierno y de los partidos que lo apoyan son una muestra de que, poco a poco, va creciendo una nueva cultura política que permite y anima el disenso. El gobierno, por su parte, parece ignorar que su estrategia de divide, debilita y negocia con los derrotados, alimenta el próximo y más degradado ciclo de la violencia política en Colombia.
Si persisten en sus equivocaciones y no tienen en cuenta los imperceptibles cambios que hay en la cultura política, ni la oposición será alternativa de poder en el 2026, ni el Presidente Petro será recordado como un hombre de paz.
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