Cambio, sí pero de turno

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, su campaña prometía ser un faro de esperanza para un país agobiado por la corrupción y las prácticas políticas cuestionables. Prometió un «gobierno del cambio», un gobierno que se apartaría de las prácticas clientelistas y de la corrupción que han plagado tanto a gobiernos de liberales como conservadores. Sin embargo, al cumplir dos años de gestión, el análisis de Transparencia por Colombia pinta un cuadro desalentador: el gobierno de Petro no solo ha incumplido sus promesas, sino que está dejando a una sociedad aún más desencantada y frustrada.

El análisis que Transparencia por Colombia presentó esta semana señala que se han identificado 57 acciones del gobierno de lucha contra la corrupción, lo cual es altisonante y esperanzador. No obstante, de las 57 analizadas en materia de lucha contra la corrupción, la mayoría está aún en progreso o en etapa de formulación. Apenas 16 han sido culminadas, un avance insatisfactorio considerando que ya hemos pasado la mitad del periodo presidencial. Si bien las acciones logran una buena valoración en términos de pertinencia, su eficacia es cuestionable, con un puntaje de solo 1,28 sobre 2. Esto refleja que las medidas adoptadas no están teniendo el impacto esperado en la reducción de los riesgos de corrupción y que su sostenibilidad a largo plazo genera dudas.

Uno de los aspectos más alarmantes es la situación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que sigue en etapa de formulación. Esta falta de avance evidencia un vacío en el enfoque estratégico y coordinado necesario para enfrentar la corrupción de manera efectiva. El retraso en la implementación de esta estrategia crucial es un indicativo preocupante del compromiso real del gobierno con la lucha anticorrupción.

En el ámbito anticorrupción, el gobierno ha mostrado algunos avances, como el proyecto de Ley 291 de protección a denunciantes de corrupción. Sin embargo, muchas de las acciones están aún en progreso o formulación, y se necesita un mayor impulso para implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esto es esencial para que las promesas de cambio no se queden solo en el papel.

La gestión pública también muestra signos de progreso, especialmente en la promoción de una mejor infraestructura de datos públicos. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un problema persistente en los territorios del país, y se necesita un mayor énfasis en garantizar el derecho de acceso a la información pública. La falta de transparencia sigue siendo una barrera significativa para combatir la corrupción de manera efectiva.

En términos de integridad política, el gobierno ha tomado algunas medidas positivas, como la conformación de una terna para Fiscal General integrada por tres mujeres con amplia trayectoria en materia penal. Sin embargo, estos avances se ven ensombrecidos por los múltiples cuestionamientos sobre la integridad de la campaña presidencial de 2022 y las dudas sobre la transparencia en la financiación de la misma.

La gestión de recursos para la paz también presenta desafíos significativos. Si bien se han identificado acciones para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y presupuestación, su eficacia está limitada por la falta de voluntad política y la discrecionalidad en la toma de decisiones. La corrupción en el OCAD Paz sigue siendo un problema crítico que necesita una atención urgente.

Así las cosas, mi sensación de hace meses se refuerza con un informe como el de Transparencia por Colombia: Las expectativas de un gobierno menos corrupto y más transparente se han venido desvanecido, sembrando más cansancio y desilusión en la ciudadanía. Da muy mala espina que la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, la que debería ser la brújula para no perdernos en el camino, esté apenas en formulación. Por ahora (y vamos por la mitad), el cambio prometido ha resultado ser más de lo mismo: un cambio pero de turno en la perpetuación de las prácticas clientelistas y de corrupción que han carcomido los presupuestos de la Nación.

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