César Torres Cárdenas
Investigador, consultor y profesor
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Lo que debió ser una solución parcial a la sequía que padece la población de La Guajira, se convirtió en un proceso en medio del cual, algunos de los más altos directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, cometieron diversos actos de corrupción.
Hasta ahora, y sin condenas judiciales en firme, se puede afirmar que este inmenso robo al erario, solo es comparable al que se cometió en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) cuando Karen Abudinen era la jefa de ese despacho.
Aunque, en realidad, también se puede comparar con cualquiera de los robos cometidos contra Colombia durante los primeros 18 años de este siglo. Para no ir tan lejos.
Algunos de ellos fueron presentados en un informe especial de la Contraloría General de la República en 2018. Los siguientes pueden destacarse, por el daño causado a poblaciones muy vulnerables y a la institucionalidad: el Cartel de la Hemofilia, con cuya investigación se terminó destapando el cartel de la Toga; la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) y la expropiación que se hizo contra los recursos de Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Sobre la modernización de la Refinería de Cartagena, la Contraloría dijo:
En definitiva, por la modernización de Reficar, la Nación terminará pagando no solo más del doble de lo presupuestado (3.777 millones de dólares), o sea. 8.326 millones de dólares, sino más de 4.000 millones de dólares más en intereses por la deuda adquirida para financiar el proyecto.
Acerca de la auditoría que adelantó sobre el PAE, la misma entidad informó que hizo “control fiscal a recursos que se distribuyen cada año a 8 millones de niños en 13.000 colegios y escuelas del país” e indicó que “[d]etalles de las investigaciones (…) llevaron a abrir 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $ 84.000 millones” y que en ellos “están implicados 5 gobernadores, 2 alcaldes, 3 congresistas, 6 exgobernadores y 52 exalcaldes”.
Pues bien: esos son algunos de los casos de corrupción que pueden ser similares a los delitos que cometieron, según lo han dicho ellos mismos, Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez.
Los anteriores casos y los actuales tienen varios rasgos comunes: los delincuentes son altos funcionarios gubernamentales que actúan en complicidad con senadores, representantes a la Cámara y empresarios del sector privado; la corrupción cometida implica la pérdida de miles de millones de dólares destinados a mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía, en particular los sectores más vulnerables de la población; esa acción afecta el goce de, al menos, uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Colombia; también impacta el funcionamiento de alguna de las ramas del Estado y, por último, quienes la perpetran, al verse descubiertos, deciden colaborar con la justicia, hacer un acuerdo que les permita una rebaja importante de la pena y salir a gozar lo robado.
En el caso de los carrotanques, hay una situación particularmente grave: el delito lo ejecutan personas cercanas en términos políticos al presidente de la República, quien, durante sus años como parlamentario, combatió la corrupción con valentía y determinación. A él le cabe la responsabilidad política por haber nombrado a esos delincuentes.
Tanta como tendrá por el nombramiento de Otty Patiño al frente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Aunque en este asunto no se trata de lo mismo que aceptaron haber liderado Olmedo, Sneyder y compañía.
Se trata de que el comportamiento y las declaraciones públicas de Patiño hacen imposible, por completo, la ejecución de la política de paz total propuesta por el presidente Petro.
Por ejemplo, decidió suspender el diálogo en la Sierra Nevada de Santa Marta, estrategia que permitiría encontrar una solución al enfrentamiento armado entre los dos grupos paramilitares que se disputan el poder en ese territorio.
Mientras tanto, dialoga en Nariño con un grupo armado llamado Comuneros del Sur e insiste en que dicha agrupación es una especie de disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la que el gobierno se encuentra desde hace casi dos años. Según Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, Patiño dijo que solo se suspenderían los diálogos con Comuneros del Sur pasando por encima de su cadáver (el de Patiño).
Así como la corrupción cometida por Olmedo y Snyeder en la UNGR golpea la credibilidad del gobierno en materia de lucha contra la corrupción, el comportamiento del comisionado Patiño crea dudas acerca de la voluntad de paz del gobierno dirigido por un hombre que ha mostrado un hondo compromiso con la superación del conflicto armado.
Ojalá que la OACP no sea otra UNGRD. O que nuevos directores de esas dos instituciones gestionen bien y creativamente el riesgo de desastre que hoy se cierne sobre ellas.
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