Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Llegó la tarde en que un atribulado mandatario ha vuelto a empuñar la cerilla, pero está vez está más cerca del fuego. En la tarde del martes 8 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) formuló pliego de cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro por, presuntamente, violar los topes electorales y no hacer los reportes requeridos ante el mismo órgano.
Lo que debería haber sido una reacción tranquila y madura por parte del jefe de Estado, que respete los cauces institucionales, terminó siendo una muestra más del tono incendiario que el presidente ha adoptado cuando se siente acorralado. “El presidente llegará hasta donde el pueblo diga”, dijo Petro menos de dos horas después del anuncio del CNE, señalando que no permitirá que “cinco politiqueros pagos hundan la democracia”. Minutos después, en su cuenta de X (antes Twitter), lanzó nuevamente su habitual advertencia: “Ha comenzado el Golpe de Estado”.
El tono y el contenido del discurso no pueden pasar inadvertidos, ya que invitan a varias preguntas. ¿A qué está jugando el presidente Petro con este tipo de declaraciones? ¿Está intentando seguir el libreto de otros líderes que, sintiéndose amenazados, han buscado apoyarse en las calles para presionar a las instituciones? Lo cierto es que, lejos de promover el diálogo democrático, Petro está optando por un discurso altamente inflamable, que pone en duda el equilibrio de poderes y, peor aún, amenaza con socavarlo.
Cuando el presidente pide «movilización generalizada» y hace un llamado a las «organizaciones populares» para entrar en asamblea permanente, ¿está sugiriendo que las decisiones de los órganos de control pueden o deben ser revertidas por la presión de las calles? Esa es una pendiente muy peligrosa en cualquier democracia. Las instituciones en Colombia, pese a sus imperfecciones, han sido clave para sostener la legitimidad del sistema democrático, incluso en los momentos más difíciles. Ir en contra de estas instituciones no es solo ir en contra de un grupo de personas o de una decisión específica, sino cuestionar las bases mismas del Estado de derecho.
El presidente parece querer presentarse como un mártir, alguien dispuesto a sacrificarse por lo que él considera la verdadera voluntad del pueblo, en una especie de reminiscencia de Salvador Allende. Sin embargo, la gran diferencia es que Petro no está enfrentando un golpe de Estado militar ni una conspiración para derrocarlo, como ocurrió con Allende en 1973. Está siendo cuestionado por un órgano legítimo del Estado, como lo es el CNE, que está cumpliendo con su deber de revisar el cumplimiento de las normas electorales. Petro no está siendo víctima de la violencia institucional; por el contrario, está utilizando un lenguaje beligerante para movilizar a sus seguidores y así presionar a las mismas instituciones que él, como Presidente, está llamado a respetar y fortalecer.
La democracia se basa en reglas, límites, y pesos y contrapesos. Ningún líder, por más votos que haya recibido, está por encima de la ley. La idea de que solo el «pueblo» puede decidir el destino del Presidente es una distorsión peligrosa del concepto democrático. En una democracia sólida, los líderes deben rendir cuentas, no solo al pueblo, sino también a las instituciones que están diseñadas para garantizar que el poder no se convierta en un instrumento arbitrario.
Si Petro está convencido de que no ha cometido ninguna irregularidad, tiene todos los medios a su disposición para defenderse dentro de los cauces legales. A todos los verdaderos demócratas nos interesa que el Presidente, como todo ciudadano, tenga plenas garantías para su defensa. Pero cuando opta por saltarse esos canales y lanza advertencias de «golpes de Estado» y «políticos pagos», está enviando un mensaje de desconfianza hacia las instituciones y alimentando un clima de confrontación.
¿Es posible que el presidente esté buscando atornillarse en el poder? Si analizamos su retórica, las señales son preocupantes. Llamar a la movilización popular para contrarrestar las decisiones de un órgano de control, en lugar de aceptar y enfrentar el proceso legal, sugiere que el mandatario está dispuesto a socavar las bases del sistema democrático en su propio beneficio. Esta es una estrategia que hemos visto en otros lugares de América Latina, donde algunos líderes, embriagados por el poder y la vanidad, se han hecho la falsa ilusión de ser imprescindibles. Queremos un presidente colombiano con madurez, no con Maduro…
Colombia ha sufrido demasiado por los caudillos y por la erosión de sus instituciones. No podemos permitir que la historia se repita. La democracia no es solo el voto popular, sino también el respeto a las reglas y a las instituciones que garantizan que ese voto no se convierta en un cheque en blanco. Si Petro realmente quiere defender la democracia, debe empezar por respetar sus principios fundamentales, y eso incluye aceptar las decisiones de los órganos de control, por incómodas que estas sean.
La noticia está en desarrollo y esta columna se escribe en el calor no de los argumentos, sino de los hechos que se producen con vértigo y tendrá nuevos giros. Mientras tanto, Presidente: Guarde el fósforo, no lo acerque a la candela.
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