
Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ph.D en DDHH; Ps.D., en DDHH y Economía; Miembro de la Mesa de gobernabilidad y paz, SUE.
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El triunfo electoral del Pacto Histórico confirma una vieja verdad política: cuando el pueblo se organiza y logra superar sus diferencias, puede unirse en aquello que lo convoca por encima de egos y mezquindades, ampliando su capacidad de convertirse en poder real.
En las urnas confluyeron diversos sectores sociales —movimientos ciudadanos, organizaciones populares, sindicatos, jóvenes, intelectuales, artistas, indígenas, campesinos, víctimas, defensores de derechos humanos y comunidades territoriales— que durante años han construido espacios de participación y articulación política. Esa acumulación social terminó expresándose en una victoria electoral.
Las elecciones del 8 de marzo muestran que una ciudadanía movilizada y consciente puede traducir sus aspiraciones en votos y convertir un proyecto político, como el del Pacto Histórico, en una fuerza efectiva de poder democrático. Una fuerza preparada para volver a disputar el gobierno, ganarlo y ejercerlo en nombre de las mayorías nacionales y no de las élites.
No es menor que esta jornada haya coincidido con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Su memoria histórica resuena en nombres como María Cano, Polonia Palenquera, Ana Prado, Catalina Mulata, Nicolaza Jurado, María Zabala o Juana Guzmán; en las lavanderas, fritangueras y vendedoras populares; en Felicita Campos y las ligas campesinas que enfrentaron a los terratenientes en Sucre; en Blanca Petrona reclamando justicia tras la masacre de las bananeras; en Betsabé Espinosa exigiendo salarios justos; en Débora Arango desafiando el conservadurismo cultural; o en Ofelia Uribe impulsando La Hora Feminista en Tunja.
Todas ellas, junto a cientos de mujeres más, forman parte de una tradición de lucha que hoy vuelve a resonar en el resultado político: el eco de una victoria electoral que anuncia algo más profundo que un simple dato numérico. Señala que una parte significativa de la sociedad colombiana se siente lista para ejercer poder y respaldar un proyecto político de cambio que profundice las transformaciones sociales y abra espacios a sectores históricamente excluidos.
La jornada electoral también dejó un mensaje directo para varios dirigentes tradicionales. Quizá el caso más simbólico sea la derrota del expresidente Álvaro Uribe, que aspiraba a regresar al Senado. A su caída se sumó la de otros aspirantes a reelegirse que durante años celebraron la impunidad, ignoraron el dolor de las víctimas, ridiculizaron el valor de la vida o convirtieron la política en espectáculo de ignorancia y vulgaridad.
La ciudadanía, esta vez, les pasó factura.
El avance del Pacto Histórico puede interpretarse como la consolidación de una fuerza política que ha transitado de ser una coalición emergente —nacida de la movilización social y de múltiples iniciativas locales— a convertirse en una organización política con capacidad real de disputar el poder.
Ya no es solo una alianza coyuntural de sectores progresistas. Es una fuerza con cohesión organizativa, presencia territorial, capacidad electoral y legitimidad democrática. Una fuerza que tendrá ahora el desafío de demostrar que las promesas de transformación pueden traducirse en políticas públicas eficaces, sostenibles y capaces de mejorar la vida de la población.
Los resultados del 8 de marzo hablan por sí solos. El Pacto Histórico se consolidó como la fuerza política más votada del país, con 4,4 millones de votos para el Senado (22 % y 25 curules), superando al Centro Democrático por más de 1,3 millones de votos; al Partido Liberal por 1,6 millones; al Partido Conservador por cerca de 1,9 millones; y a los Verdes por 2,5 millones.
A esta votación se suman los resultados en la Cámara de Representantes, las curules de movimientos emergentes y listas regionales, así como las circunscripciones especiales de víctimas, comunidades indígenas, afrodescendientes y colombianos en el exterior. Todo ello configura el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, con mayor representación popular y menor peso de los partidos tradicionales.
El mapa político resultante muestra una ventaja clara para el bloque progresista encabezado por el Pacto Histórico, que ahora enfrenta el desafío mayor: disputar la Presidencia de la República con un proyecto político que ha devuelto a la contienda electoral ideas que parecían extraviadas —programa, argumentación y ética pública— y que hoy tiene como candidato a Iván Cepeda.
Los balances y diversas encuestas lo muestran, por ahora, como un contendiente con amplia ventaja en la carrera presidencial.
El resultado del 8 de marzo reafirma, en suma, algo más que una victoria electoral. Expresa la consolidación de una convergencia democrática real y el surgimiento de una ciudadanía decidida a continuar y profundizar los cambios en marcha. Una ciudadanía dispuesta no solo a votar por ese proyecto, sino también a defenderlo.


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