
Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Especial para El Quinto
En la última semana, el país ha sido sacudido por denuncias de acoso sexual en algunos de los principales medios de comunicación. Casos como los que involucran a reconocidos periodistas de Caracol Televisión —y que han derivado en salidas de figuras visibles— han abierto un debate necesario, incómodo y, sobre todo, urgente.
Pero más allá de los nombres propios, lo que verdaderamente importa es la reacción social frente a estas denuncias. Y ahí es donde preocupa un fenómeno recurrente: la sospecha automática sobre las víctimas, especialmente cuando deciden hablar tiempo después de ocurridos los hechos. “¿Por qué no denunciaron antes?”, preguntan muchos, como si el silencio fuese prueba de inexistencia y no, como suele ser, evidencia del miedo.
Esa pregunta, formulada con ligereza, desconoce una realidad estructural: las asimetrías de poder. En entornos laborales altamente jerarquizados como los medios de comunicación, donde la visibilidad, la estabilidad y la reputación dependen muchas veces de unos pocos, denunciar no es un acto sencillo. Es, en muchos casos, un salto al vacío. Las víctimas temen —y con razón— represalias que van desde el despido hasta la estigmatización profesional, pasando por el descrédito público.
A esto se suma un historial desalentador: durante años, muchas denuncias de acoso han sido minimizadas, ignoradas o tratadas como simples malentendidos. En ese contexto, el silencio no es complicidad, es supervivencia.
Nada, absolutamente nada, justifica el acoso. No lo justifican los “piropos”, ni las “bromas”, ni las “confianzas” mal entendidas. Lo que durante décadas fue tolerado bajo una cultura permisiva hoy debe ser leído con el rigor que corresponde: como conductas inapropiadas y, en muchos casos, delictivas. El siglo XXI no admite excusas para lo que siempre estuvo mal, pero que ahora, además, resulta anacrónico.
Por supuesto, el debido proceso es fundamental. Los señalados tienen derecho a defenderse, a ser escuchados y a que su situación sea evaluada con garantías. Pero ese principio no puede convertirse en una coartada para deslegitimar de entrada a quienes denuncian. Entre el linchamiento mediático y la negación sistemática hay un punto de equilibrio que como sociedad debemos aprender a habitar.
Hoy, más que nunca, es necesario rodear a quienes se atreven a hablar. No desde la ingenuidad, sino desde la presunción de buena fe. Denunciar acoso no puede convertirse en un acto heroico ni en un riesgo existencial; debe ser un ejercicio respaldado por instituciones sólidas y protocolos claros.
Y ahí hay una deuda enorme. No solo en Caracol, sino también en otros escenarios donde han surgido denuncias, como RCN o el sistema de medios públicos RTVC, que también ha sido objeto de cuestionamientos. Los medios, que tienen como misión informar con rigor y buscar la verdad, deben empezar por casa: construir entornos seguros, transparentes y justos para sus propios equipos.
Porque no se trata únicamente de reputación corporativa. Se trata de coherencia ética.
Si los medios aspiran a ser guardianes de la verdad en la sociedad, deben garantizar que al interior de sus redacciones no haya espacio para el abuso, el silencio impuesto o la impunidad disfrazada de camaradería. Los que trabajamos en medios de comunicación no podemos prestarnos para legitimar el silencio. De lo contrario, cualquier discurso sobre transparencia hacia afuera será, en el fondo, profundamente inconsistente.
Quizás este momento doloroso sea también una oportunidad. La oportunidad de que el silencio deje de ser la norma y la denuncia deje de ser la excepción. La oportunidad de entender que escuchar —de verdad— es el primer paso para transformar.


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