Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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La reciente carta de Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores y quien fuese una figura cercana al presidente Gustavo Petro, no solo expone un profundo desencanto político, sino que introduce un tema delicado, pero ineludible: la salud del jefe de Estado. En un país donde cada decisión presidencial tiene consecuencias directas sobre la vida de millones, no es un asunto menor que un exfuncionario de altísimo nivel afirme haber confirmado una adicción del Presidente durante un viaje oficial a París.
No soy nadie para juzgar los padecimientos personales de un ser humano, ni tampoco para meterme en su privacidad. Pero cuando lo personal interfiere con el mandato de lo público, todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad. ¿Puede alguien con dificultades severas de salud física o mental —adictiva o de otro tipo— ejercer a plenitud la responsabilidad de conducir el Estado colombiano?
La carta de Leyva hace eco a una serie de señales que, aunque muchos preferían ignorar, ya eran parte del dominio público: inasistencias injustificadas, notoria impuntualidad, decisiones erráticas y declaraciones desconectadas del contexto. Por años, ha circulado el rumor, pero es la primera vez que un colaborador tan cercano y de tan alto nivel se atreve a afirmarlo sin ambages. Y eso cambia todo.
No se trata de politizar la salud. Se trata de exigir transparencia. Los colombianos eligieron por un margen apretado pero mayoritario a Gustavo Petro para que ejerciera la Presidencia con plenas facultades. Si hoy no las tiene, debe decirlo. Si la situación lo supera, debe someterse a una evaluación médica rigurosa y, si corresponde, declarar su incapacidad ante las autoridades competentes. La Constitución prevé este tipo de escenarios, precisamente para proteger la institucionalidad y garantizar la continuidad del gobierno.
Una decisión de este calibre no sería vista como debilidad, sino como un acto de grandeza. Petro puede ser recordado como el líder que abrió paso a una nueva era política, pero también como el hombre que, cuando su humanidad se impuso sobre su investidura, tuvo la altura de reconocerlo y priorizar a su país.
Porque ningún cargo vale más que la dignidad de quien lo ocupa. Y ningún presidente está por encima del pueblo que lo eligió. Presidente, Colombia merece la verdad. Y usted, si aún se considera un demócrata íntegro, debe dársela.
3 respuestas a «El deber público exige sinceridad privada»
Sobre ese espinoso tema creo que hay más juicios a priori que verdades comprobadas.
El poder y la frustración ante hechos que sobrepasan hasta la capacidad de auto control pueden hacer mella en el manejo de las emociones de cualquier ser humano que además se obliga por el cargo a contenerse para no decir lo que siente y expresa. La palabra se atropella por ese conflicto y ocurre lo que nadie espera. Hay rabia contenida y pocas formas de hacer catarsis.
Me pregunto cuantas cosas habrán consumido los anteriores presidentes que consiguieron cometer tantos errores…
No es nadie para juzgar pero lo hace. No quiere politizar la salud pero la politiza. Desde tiempos antiguos la moral fue pilar del juicio para signar la enfermedad. Lepra, tuberculosis, sida. La verdad es una sociedad enferma, carente de moral que juzga ante la incapacidad de auto observarse