El inmenso costo del antirreformismo agrario. Referencias a un libro reciente (I)

El libro Tierra, guerra y política, de Francisco Gutiérrez Sanín, es el resultado de una investigación académica que examina la experiencia del Frente Nacional (1958-1974), en adelante FN, en lo que respecta al esfuerzo real de los gobiernos liberales por impulsar una reforma agraria, así como la manera en que las fuerzas políticas y gremiales antirreformistas interrumpieron ese proceso durante el último gobierno del FN. El autor ausculta las consecuencias de esta decisión y profundiza en las relaciones entre tierra, guerra y política tras el abandono del reformismo agrario y el surgimiento de un nuevo ciclo de violencia.

El antecedente inmediato de esta guerra es el ciclo conocido como La Violencia, que se inicia en los años cuarenta y se recrudece con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Se trató de una confrontación entre los partidos Liberal y Conservador, impulsada por sus líderes políticos y ejecutada por las bases partidistas a través de las formas más extremas de violencia. La Violencia tuvo como escenario principal los campos colombianos y trajo como consecuencias la muerte y el despojo de cientos de miles de campesinos, el desplazamiento masivo hacia las ciudades y una mayor concentración de la propiedad de la tierra. Además, se profundizó la experiencia en el ejercicio de la violencia por parte de campesinos, líderes políticos, abogados, notarios, jueces y miembros de las fuerzas militares y policiales, lo cual cobraría importancia posteriormente. El ensañamiento en la victimización del campesino lo convirtió en un “campesino matable”, condición que se prolongaría en el siguiente ciclo de violencia.

El militar Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), con la promesa de pacificar el país, depuso al gobierno conservador de Laureano Gómez, líder del ala más extrema del conservatismo y principal instigador de la violencia estatal. Los pactos de Sitges y Benidorm, promovidos por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, alentaron el fin del gobierno militar y el inicio del Frente Nacional. Cabe señalar que este pacto político —mediante el cual los dos partidos tradicionales se aseguraron el poder por 16 años, alternándose la Presidencia durante cuatro periodos— fue aprobado mayoritariamente por la población colombiana, incluidas las mujeres, quienes participaron por primera vez en unas elecciones tras haber obtenido recientemente el derecho al voto.

Durante el FN, los presidentes liberales Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) plantearon la necesidad de reducir la alta concentración de la tenencia de la tierra como condición indispensable para la inclusión de los grandes contingentes de campesinos sin tierra y para avanzar hacia un país más equitativo en lo social y económico. En el primer gobierno se expidió la Ley 135 de 1961, mediante la cual se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora); en el segundo, la Ley 1 de 1968 abrió camino a decisiones como la compra de tierras, la titulación de baldíos, la expropiación de latifundios improductivos y la creación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

El compromiso reformista agrario se dinamizó durante el gobierno de Lleras Restrepo, especialmente en dos frentes. Por un lado, se fortaleció el andamiaje institucional basado en el Incora, al dotarlo de recursos económicos, directivos de alto nivel y funcionarios competentes y altamente motivados. Por otro, se creó en 1967 la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) como interlocutora del Estado en materia de reforma agraria y representante de los intereses campesinos.

La ANUC fue acogida con entusiasmo en todo el país por el campesinado, que acudió masivamente a afiliarse en las asociaciones municipales. Esta organización impulsó una amplia movilización por la tierra a través de distintas modalidades, incluidas las tomas, con el fin de que el Incora estableciera procesos de negociación y compra de haciendas para su posterior adjudicación a los campesinos. En un lapso relativamente corto se logró afectar centenares de miles de hectáreas que pasaron a manos campesinas. El libro destaca que la ANUC llegó a representar cerca de un millón de campesinos organizados, constituyéndose en la mayor expresión de organización campesina de su época, no solo en Colombia sino en toda América Latina.

La razón central del reformismo agrario fue la altísima concentración de la propiedad de la tierra, que para la época alcanzaba un índice de Gini de 0,83. De igual manera, se buscaba el reconocimiento social del campesinado como actor económico y social protagónico en la vida nacional, y transformar la percepción del campesino como un ser “matable” en la de un sujeto de derechos.

Los vientos reformistas contaron, de manera temporal, con el respaldo de los Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso en América Latina (1962), concebida como una estrategia preventiva frente a procesos revolucionarios de izquierda, como la Revolución Cubana de 1959.

La agitación provocada por la reforma agraria puso en alerta a las élites económicas y políticas, especialmente a los hacendados terratenientes, que se sentían vulnerables ante el proceso reformista y frente a las presiones ejercidas por los campesinos mediante tomas de tierras, movilizaciones y protestas. Tras finalizar el gobierno de Lleras Restrepo, durante la administración conservadora de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), último gobierno del FN, se convocó en 1972, en el municipio tolimense de Chicoral, un cónclave de los sectores antirreformistas, en el cual se decretó el entierro del reformismo agrario y se adoptaron los lineamientos de una política centrada en el respeto irrestricto a la gran propiedad.

En Chicoral confluyeron el gobierno con todas sus instituciones, los partidos políticos, delegados del Congreso y los gremios agropecuarios, con especial protagonismo de los ganaderos a través de Fedegán y la SAC. Como hecho particular, se destaca la participación del intelectual Indalecio Liévano Aguirre, quien representó las ideas de Alfonso López Michelsen, político de avanzada en varios aspectos, pero a la vez estrechamente comprometido con los terratenientes y militante del antirreformismo agrario. La fracción llerista del Partido Liberal fue excluida de la convocatoria, al igual que las agrupaciones de izquierda. La ANUC, representante directa del campesinado, no fue invitada, bajo el argumento de que los gremios empresariales ya los representaban.

El núcleo de los acuerdos de Chicoral consistió en blindar la tenencia de la tierra en su modalidad hacendataria frente a cualquier intento redistributivo por vías legales. Como alternativa a las demandas campesinas por tierra, se promovió la colonización de zonas periféricas en los límites de la frontera agraria. La ganadería extensiva, bajo la promesa nunca cumplida de convertirse en una agroindustria exportadora de carne, fue el gremio más beneficiado. Asimismo, se planteó la necesidad de desmontar la legislación favorable al reformismo y de fortalecer, de manera paralela, el aparato represivo del Estado frente a la movilización campesina.

De manera simultánea a lo ocurrido en Chicoral, el gobierno de Pastrana, con la asesoría del economista canadiense Lauchlin Currie, aprobó el plan de desarrollo Las Cuatro Estrategias, que proponía como necesaria la migración de los campesinos hacia las ciudades para ser absorbidos como mano de obra en la construcción de vivienda e infraestructura. El texto de Gutiérrez Sanín establece una correlación entre los acuerdos de Chicoral, que sepultan el reformismo agrario, y el nuevo ciclo de violencia que se extiende desde mediados de los años setenta hasta el Acuerdo de Paz de 2016, con el protagonismo de las guerrillas de izquierda y la anuencia del Estado frente a la contrainsurgencia paramilitar.

Tras el Acuerdo de Chicoral se fue legitimando progresivamente la autodefensa hacendataria como un derecho, e incluso como un deber, de los terratenientes, a medida que las guerrillas de izquierda comenzaron a hostigarlos. Esta estrategia adquirió un carácter contrainsurgente avalado por los Estados Unidos, que desde 1967 habían abandonado las intenciones reformistas de la Alianza para el Progreso y promovían las doctrinas de seguridad nacional en América Latina. Expertos del Ejército colombiano formados en la Escuela de las Américas adoptaron esta misma concepción.

El libro examina el surgimiento y desarrollo de cada una de las guerrillas (FARC, ELN, EPL y M-19) y de los grupos paramilitares, y resalta los elementos que conectan a estas organizaciones con la vida rural, los territorios campesinos y las dinámicas económicas agrarias configuradas antes y después del Acuerdo de Chicoral. En este sentido, se destacan varios aspectos:

• El escenario principal de la confrontación, tanto en el ciclo de violencia estudiado como en La Violencia de mediados del siglo XX, ha sido la ruralidad; solo de manera excepcional y por periodos breves la violencia ha alcanzado las ciudades.
• Los campesinos han sido tanto víctimas como victimarios; las juventudes rurales han sido reclutadas para la guerra por guerrillas, el Estado y los grupos paramilitares.
• La violencia desarrollada en la ruralidad durante el primer ciclo formó especialistas en la guerra, muchos de los cuales fueron posteriormente cooptados por guerrillas o paramilitares.
• En las zonas de colonización espontánea, a las que fueron empujados por el antirreformismo agrario, los campesinos afrontaron condiciones de extrema precariedad debido a la ausencia de bienes públicos productivos y sociales. Dado que las guerrillas buscaron estos territorios periféricos para su protección y expansión, no resulta extraño que se generaran simpatías mutuas entre campesinos colonizadores y organizaciones insurgentes.
• En el ideario político de las guerrillas aparece de manera recurrente la injusticia social en el campo, la alta concentración de la tierra y el abandono estatal como justificación de la lucha armada. Las FARC, en particular, se constituyeron como una organización con un programa agrarista; el ELN desarrolló casi toda su trayectoria en zonas rurales, destacándose su presencia histórica en Arauca, donde encontró comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria pero sin respaldo estatal para consolidar su economía. El EPL buscó influencia en zonas rurales del noroccidente del país, en consonancia con su orientación maoísta. El M-19, por el contrario, intentó inicialmente consolidarse en ámbitos urbanos, pero ante las dificultades operativas terminó replegándose hacia zonas rurales. Finalmente, los paramilitares lograron un desarrollo progresivo en territorios rurales, especialmente donde predominaban las grandes propiedades, defendiendo con éxito el régimen hacendatario e impulsando incluso una contrarreforma que incrementó la concentración de la tierra en numerosos territorios.

En múltiples espacios de reflexión, tanto en el país como a nivel internacional, se ha planteado la pregunta sobre la persistencia del conflicto social en Colombia y su alto componente de violencia. Al cierre de estas notas, puede afirmarse que el libro ofrece una interpretación sólida de este fenómeno. Queda abierto el interrogante sobre lo que habría ocurrido si el reformismo agrario impulsado durante el Frente Nacional hubiese continuado y tenido éxito: cuántas vidas se habrían salvado y cuánta prosperidad se habría gestado en el mundo rural con una distribución más equitativa de la tierra. Probablemente, un país distinto y mejor habría florecido.

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