Germán Corredor Avella
Ingeniero y profesor
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Desde el inicio del actual gobierno, el presidente Petro ha planteado la necesidad de revisar el modelo del sector eléctrico para reducir las tarifas en el país. En ese momento las tarifas tuvieron un incremento importante en razón a la subida de índice de precios al productor, que se utiliza para actualizar todos los meses la tarifa.
La ministra de entonces, Irene Vélez, logró unos acuerdos con las empresas generadoras para revisar los contratos, pero sus efectos fueron marginales y las tarifas no se redujeron según lo esperado.
Su sucesor, Andrés Camacho, intentó por la vía regulatoria ponerle techo a los precios de la generación en la bolsa diaria, pero les dio la posibilidad a los generadores que se acogieran al mecanismo de manera voluntaria. Esta propuesta tampoco obtuvo los resultados esperados porque, en este caso, el gobierno está negociando con empresas cuyo único interés es la ganancia.
Hoy las tarifas siguen por las nubes. ¿En qué se ha fallado? Me atrevo a mencionar 8 puntos por los cuales no se ha logrado cumplir lo prometido por el presidente.
1). Las medidas tomadas por el gobierno hasta ahora se han enfocado en el mercado de corto plazo, comúnmente llamado bolsa de energía. Los precios que se dan en este mercado impactan en no más del 10% de la tarifa. En efecto, las empresas comercializadoras, a las que el usuario final les compra la energía, lo hacen a través de la bolsa o mediante contratos. Pero en la bolsa solo compran entre un 5 y un 20% de sus necesidades. Si se tiene en cuenta que el costo total de la energía representa entre un 40 y un 50% de la tarifa final, el precio de bolsa solo representará entre un 5 y un 10% de ésta. Es decir, reducir estos precios tiene un impacto muy pequeño en la tarifa de los usuarios.
2). No se han planteado medidas contundentes para ordenar el mercado de contratos, que si tiene un impacto de hasta 40% en la tarifa final. En este mercado hay un ejercicio de poder dominante por parte de las grandes generadoras: a las empresas pequeñas les venden más caro o no les venden, los generadores restringen la oferta para vender mas caro en la bolsa y no existe una obligación de cobertura mínima de contratos por parte de éstos.
3). Nada se ha hecho en lo referente al costo de transporte. Actualmente se traslada gran parte del costo en dólares, lo cual genera mayor riesgo al usuario y eleva normalmente los costos. Si se observa la evolución de las empresas trasportadoras desde la reforma eléctrica de 1994, es fácil darse cuenta del enorme crecimiento de estas empresas que realizan una actividad que tiene precios totalmente regulados. ¿No se podrá inferir que los precios altos son la causa de este crecimiento? Lo cierto es que no hay una evaluación al respecto. Este segmento representa entre un 5 y un 10% de la tarifa
4). La distribución de energía es el otro segmento, junto a la generación, que pesa más en la tarifa final. Ninguno de los ministros ha planteado cambios en la forma de regular esta actividad. Claramente es necesario revisar los costos de infraestructura reconocidos, la forma de actualización de los cargos, la forma como se usa la depreciación en el cálculo, el reconocimiento exagerado de las pérdidas, entre otros aspectos, que podrían reducir considerablemente el cargo de distribución e impactar en la disminución de las tarifas.
5). La Comercialización también impacta la tarifa en un 15 o 20%. Hay regiones con cargos demasiado altos sin aparente justificación. También es posible revisar los costos reconocidos y reducir significativamente este factor tarifario.
6). En la tarifa que pagamos los colombianos está incluido un cargo por confiabilidad que está denominado en dólares, siendo que los costos de generación incluyen un componente importante en pesos. Además, se reconoce el mismo cargo a plantas nuevas y a plantas existentes, sin que haya un esquema de competencia real que permita obtener costos eficientes. Por otra parte, los usuarios estamos obligados a tener la confiabilidad que define el regulador, sin que para todos los usuarios sea una necesidad.
7). El esfuerzo por reducir las tarifas se ha enfocado, más que en otras regiones, en la Costa Atlántica. Tal vez porque allí los usuarios están mas organizados y se quejan más. Lo cierto es que hay regiones con tarifas más altas que en la costa, por lo tanto, el objetivo de reducir tarifas debe ser nacional y no regional. Lo que sí sucede en la región costera, es que por su clima la gente consume más, sobre todo, en aire acondicionado, Se puede orientar la acción a medidas de eficiencia energética e instalación masiva de paneles solares para reducir la factura (no la tarifa). Esta última medida es válida para todo el país.
8). Por último, y quizá el error más importante, es que no se ha planteado por parte del ministerio, como si lo ha hecho el presidente, un cambio de modelo que permita a los usuarios pagar los verdaderos costos económicos de la prestación del servicio de manea eficiente. Para ello se deben hacer estudios rigurosos para que, dada la complejidad del sector, no se cometan errores de diseño que afecten la inversión y por tanto, la calidad, confiabilidad y seguridad del servicio. Hay poco tiempo, pero aún se puede intentar.