Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos – Corporación Justicia y Dignidad
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Tradicionalmente, los golpes de Estado en América Latina fueron violentos, como en Chile, Argentina y Brasil. En el siglo XXI, han evolucionado hacia formas más sutiles. El golpe blando desestabiliza a los gobiernos mediante campañas de desinformación, movilizaciones sociales y presión política, sin parecer una intervención directa. Por su parte, el golpe de Estado constitucional manipula el marco legal y las instituciones para concentrar el poder sin recurrir a la violencia abierta.
En Colombia, el panorama actual evidencia la coexistencia de estos dos tipos de golpes. El golpe blando se manifiesta a través de estrategias conspirativas, como la desinformación y la presión mediática impulsadas por sectores conservadores para desestabilizar al gobierno. Mientras tanto, el golpe constitucional se gesta desde el interior del Estado, utilizando decisiones judiciales y mecanismos legales que erosionan la democracia desde dentro. Ambas formas representan una seria amenaza para el orden democrático del país.
El «golpe de Estado blando» o «suave» se refiere a técnicas conspirativas que buscan desestabilizar un gobierno sin que parezca la intervención de otro poder. Este concepto, atribuido a Gene Sharp, quien fundó el Instituto Albert Einstein para promover la acción no violenta, se asocia con las «Revoluciones de Colores», movimientos en Europa y Asia promovidos por Estados Unidos a través de la CIA, que buscaban cambios políticos en naciones de influencia rusa.
Los golpes de Estado blandos siguen varias etapas: primero, generan un clima de malestar social, promoviendo denuncias de corrupción y rumores. Luego, se lanzan campañas en defensa de derechos humanos y libertad de prensa, acusando al gobierno de totalitarismo. A continuación, se movilizan protestas y manifestaciones, seguidas de operaciones de guerra psicológica para desestabilizar el gobierno. Finalmente, buscan forzar la renuncia del presidente mediante revueltas y presiones callejeras, preparando el terreno para una posible intervención militar y aislamiento internacional del país.
En Colombia, estamos presenciando de forma continua las etapas del golpe de Estado blando, donde los medios de comunicación tradicionales son controlados por grupos como el Grupo Gilinski, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Ardila Lülle, Carlos Slim y el Grupo Santo Domingo. Estos medios, al servicio de la ultraderecha promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desempeñan un papel protagónico en la desinformación. A diario, propagan mentiras sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, engañando a la audiencia. La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila parece tener un papel central en esta estrategia de desinformación.
Escándalos mediáticos como los de Laura Sarabia y Armando Benedetti, el proceso penal de Nicolás Petro, los supuestos gastos excesivos de la primera dama Verónica Alcocer y las acusaciones de corrupción en la UNGRD han creado un clima de intriga y desestabilización en Colombia. La violencia dirigida contra Antonella, la hija menor del presidente, y la difusión de un video controvertido que involucra a una persona supuestamente vinculada a Petro en Panamá han intensificado la presión sobre su gobierno. A esto se suma el constante acoso mediático por las llegadas tarde del presidente, así como las falsas acusaciones de alcoholismo y adicción a las drogas, que se repiten diariamente en los medios de comunicación. El exfiscal Francisco Barbosa, durante su mandato, respaldó con fuerza estos intentos de desestabilización, contribuyendo a un ambiente de ingobernabilidad que buscaba implicar directamente al presidente en esta crisis.
El gobierno de Iván Duque adquirió el software espía Pegasus en 2021 para espiar a opositores, y hoy es parte de un sistema de vigilancia ilegal que también afecta al gobierno actual. Además, se han denunciado planes de asesinato contra el presidente, según el embajador de EE.UU. en Colombia. El presidente acusa a un nuevo cartel, «La Junta Directiva del Narcotráfico», de haber contratado a alias Iván Mordisco para asesinarlo con francotiradores. Circulan rumores de un complot para envenenarlo y simular una sobredosis, mientras los medios lo estigmatizan como alcohólico y adicto.
En el contexto de un posible golpe de Estado blando en Colombia, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal ha asumido un papel clave. Lideró un paro camionero, que fue levantado después de las denuncias sobre el espionaje con Pegasus reveladas por el presidente Petro, lo que sugiere una posible implicación de la derecha. Junto a su esposo, Cabal impulsa una campaña de desinformación con mercenarios digitales para las elecciones de 2026, donde es candidata. Siguiendo el modelo de Donald Trump, utiliza su portal APN Noticias y la ONG Escuela Libertad para propagar noticias falsas, en una estrategia similar a la del partido de ultraderecha español Vox, cercano al Centro Democrático.
El «lawfare» se ha convertido en el principal mecanismo para ejecutar un golpe de Estado constitucional en Colombia, utilizando la rama judicial como aliada de la ultraderecha para deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro. Mediante tácticas judiciales, se busca frenar la agenda progresista y desestabilizar su administración. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han anulado reformas progresistas que son banderas del gobierno y han destituido líderes del Pacto Histórico, alineándose con intereses de la derecha colombiana. Esta estrategia, apoyada por medios tradicionales de comunicación, erosiona los principios democráticos y amenaza con consolidar un golpe de Estado constitucional.
La estrategia de lawfare que más está amenazando con consolidar este golpe de Estado constitucional se ejecuta a través de un proceso administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo que carece de la competencia para juzgar al presidente. Este ente, de carácter administrativo, está compuesto por miembros designados por el Congreso, lo que refleja la actual mayoría opositora, con un ponente del Centro Democrático a la cabeza. La intervención del CNE en asuntos que exceden su competencia no solo debilita la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro, sino que evidencia una maniobra jurídica para desestabilizar el proyecto progresista elegido democráticamente.
La argucia jurídica del CNE vulnera principios fundamentales del derecho y la Constitución, empezando por la negación del derecho a un juez independiente. La Convención Americana, en su artículo 23, establece que los derechos políticos de un ciudadano solo pueden ser limitados por decisión de un juez penal, y el Presidente no ha cometido ningún delito. Además, la Constitución y la Corte Constitucional reconocen un fuero integral para el Presidente, lo que impide que sea investigado por instancias administrativas como el CNE, que carece de competencia para sancionar al Presidente.
El Consejo de Estado erró al interpretar que el CNE puede sancionar administrativamente al Presidente, ignorando el fuero presidencial y confundiendo las atribuciones del CNE. Las sanciones hacia el Presidente solo pueden ser impuestas por el Congreso, según el artículo 175 de la Constitución, que establece que el Congreso es el juez natural del Presidente. Esta confusión jurídica genera una ruptura institucional, otorgando al CNE facultades que constitucionalmente corresponden al Congreso, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema presidencial y amenaza el equilibrio de poderes.
La combinación de un golpe de Estado blando y un golpe constitucional representa una grave amenaza para la democracia y la soberanía popular Colombiana, donde tácticas de desinformación y manipulación legal buscan desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro y erosionar los principios del Estado de derecho. A medida que el lawfare se consolida como herramienta de deslegitimación, es fundamental que la sociedad civil se una en defensa de la democracia, promoviendo mecanismos de participación como una asamblea constituyente para restaurar el poder constituyente del pueblo.
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