¿Hay Ruptura Democrática en Colombia?

La democracia no se destruye solo con golpes militares. También se hace mediante la erosión institucional que ocurre cuando las dirigencias políticas ponen la toma y el uso y abuso del poder, por encima de los principios de la democracia. Así ocurre hoy en Colombia.

Parece que nuestro país regresa a la época de exclusión y marginación política total. En ese entonces, las mismas familias, con los mismos o similares sirvientes, que hoy impiden hacer la reforma laboral y la consulta popular, se inventaron el Frente Nacional. Así, únicamente los afiliados a los partidos liberal y conservador pudieron acceder a los más altos cargos del gobierno.

Son las mismas familias que, tiempo después, crearon el Estatuto de Seguridad y la política de Seguridad Democrática.  Con ambos instrumentos persiguieron, encarcelaron, torturaron y desaparecieron a quienes pensaban diferente. Exterminaron a un partido completo, la Unión Patriótica, y asesinaron a varios candidatos presidenciales que se atrevían disputarles el poder a esas familias que lo habían ejercido durante décadas. 

Es la ultraderecha del NO: no a los cambios que amplíen los derechos y garantías para los sectores más vulnerables de la sociedad; no a la pequeña apertura democrática que permita la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan la vida de todas y todos en Colombia; no al plebiscito por la paz; no a las reformas.

Es la ultraderecha de las jugaditas en el Congreso de la República. La que, después de tantos años en el poder, ha hecho de la corrupción y el asesinato, un régimen político.

La misma que gobernó a punta de miedo, manipulación y fraude. ¿Recuerda usted la Yidispolítica?   ¿Se acuerda que hubo políticos que cambiaron sus votos en el Congreso de la República y, así, facilitaron la reelección del expresidente (actualmente acusado ante el sistema penal colombiano) Uribe Vélez y, a cambio, recibieron dinero en efectivo y/o notarias con las cuales se enriquecieron?

Cometer acciones ilegales no les parece mal ni les causa asco ni los amedrenta. Uribe, sin reatos de conciencia, ordenó a los delincuentes que tenían asiento en el Congreso que, antes de que los metieran a la cárcel, votaran en favor de su propuesta legislativa. Así, podría reelegirse en la Presidencia de la República.

En cambio, les da pánico que las y los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Peor aún, si se organizan, protestan y exigen.

Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de casi mil días del gobierno popular: para evitar cualquier cambio, cualquier mejora en la situación de los trabajadores y para obstaculizar la participación ciudadana, el congreso rompió el equilibrio de poderes y la capacidad de cooperación y búsqueda de acuerdos de unidad nacional entre el ejecutivo y el legislativo.

El congreso ha organizado mayorías del “No al gobierno”. Es una alianza ya no de derechas, si no de ultraderechas, convertida en mecanismo de oposición sistemática, retadora, agresiva, cínica y vulgar, fracturando el funcionamiento del estado y generando crisis institucionales, erosión de las normas constitucionales, parálisis legislativa frente a las propuestas de cambio votadas por amplias mayorías de población.

Ha abierto una grieta entre ese órgano del poder público y la gente trabajadora. Llenos de temor y odio hacia las personas más vulnerables y empobrecidas, deciden polarizar cada vez más. Esto tiene consecuencias previsibles: ocurrirán nuevas formas de desencuentro, se desestabilizará el sistema de pesos y contrapesos que garantiza la subsistencia de la democracia e incluso puede llevar al colapso las normas de tolerancia y respeto mutuo. En ese panorama, no faltarán quienes propongan y lleven a cabo medidas no convencionales para “salvar” al país de sus rivales.

Algunos casos históricos de ruptura democrática se han presentado en diversos países y en distintas épocas históricas.

En Alemania a finales de los años 20 del pasado siglo, la fragmentación política y la polarización entre socialistas, comunistas y nacionalistas produjo una parálisis legislativa crónica entre 1930 y 1933. Esto llevo al presidente a gobernar mediante decretos de emergencia, ignorando al Reichstag (Parlamento) lo que sirvió de pretexto a los nacionalsocialistas, liderados por Hitler, para ganar influencia, suspender libertades y diseñar el holocausto.

En Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular a principios de los años 70s del siglo pasado, el presidente Salvador Allende enfrentó la oposición del Congreso, controlado por partidos de derecha y centristas que bloquearon reformas sociales y económicas y acusaron al presidente  de sobrepasar sus atribuciones. Declararon que dicho gobierno era ilegitimo y pavimentaron el camino social y político para el golpe militar de Augusto Pinochet.

En Turquía, tras las elecciones de junio de 2015, el Partido AKP de Erdoğan perdió su mayoría parlamentaria. Siguió un breve periodo de negociaciones fallidas con la oposición. En nuevas elecciones, el AKP recuperó el control, pero el conflicto con sectores laicos y kurdos escaló y tras un intento de golpe en 2016, Erdoğan impulsó un referéndum en 2017 para establecer el sistema presidencialista hiperconcentrado, que redujo el papel del parlamento.

La democracia en Colombia parece haber agotado sus mecanismos para resolver conflictos entre las distintas ramas del poder del Estado.

Dado el grado de polarización, es muy posible que -en el corto plazo- empiece a ocurrir una especie de enfrentamiento existencial en el que cada parte de esa disputa demoniza a su adversario. En ese escenario, el país no es gobernable y eso es lo que parece querer la oposición más irracional y ultramontana. Así la democracia pierde.

También puede ocurrir que el ejecutivo (presidencia y ministerios) justifique y tome medidas de excepción para equilibrar el ejercicio del poder e impedir la parálisis. Puede gobernar mediante decretos, reformas constitucionales y movilización social permanente que neutralice al legislativo (en posición de confrontación).  

Para consolidar ese estilo de gobierno, éste puede convocar a la comunidad internacional imparcial e independiente (si aún queda) a monitorear y sancionar a los que manipulen instituciones. De esta manera se pueden evitar rupturas con consecuencias irreparables, que ocurren cuando el congreso ve lo popular y al gobierno como enemigos. No sería un gran triunfo de la democracia, pero, al menos no la rompe.

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