¿Impunidad total?

Especial para El Quinto

Hay decisiones de gobierno que, más allá de su intención declarada, terminan enviando mensajes a la sociedad que podrían estar profundamente equivocados. La suspensión de las órdenes de captura contra 23 de los máximos jefes de estructuras delincuenciales en Medellín es una de ellas. Y lo es no solo por su contenido, sino por su contexto, su oportunidad y sus posibles consecuencias.

La medida, enmarcada en la ya desgastada estrategia de la llamada ‘Paz Total’, plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué tipo de paz se está construyendo cuando quienes han sembrado el miedo en los territorios reciben un compás de espera judicial, justo en un momento electoral?

Seis meses no son un detalle menor. En política, seis meses pueden redefinir un mapa electoral; en el mundo criminal, pueden significar la consolidación de estructuras, el reacomodo de mandos y el fortalecimiento de redes ilegales. Y cuando ambos mundos se cruzan —como lamentablemente ha ocurrido tantas veces en Colombia— el riesgo no es teórico, es real.

La suspensión de capturas en este contexto abre la puerta a que estos actores, lejos de desmovilizarse o contribuir genuinamente a procesos de paz, utilicen ese margen de maniobra para incidir en la voluntad de los ciudadanos. No necesariamente con discursos, sino con lo que mejor saben hacer: intimidar, presionar, cooptar. En territorios donde el Estado aún no logra garantizar plenamente la seguridad, el silencio obligado de muchos votantes puede terminar siendo el resultado más visible de esta decisión.

Pero el problema va más allá del calendario electoral. Lo que está en juego es la legitimidad misma de la política de seguridad y de paz del Gobierno. La ‘Paz Total’ nació con la promesa de cerrar ciclos de violencia, de abrir espacios de diálogo y de construir soluciones estructurales, inclusive con bandas que distan mucho de tener un discurso y argumentación política. Se trata simplemente de empresas delictivas que asesinan, trafican con todo tipo de sustancias ilegales, prostituyen menores de edad, contrabandean e intimidan a comunidades enteras. Sin embargo, para amplios sectores de la ciudadanía, esa promesa se ha ido diluyendo en una percepción creciente de permisividad frente al crimen.

Cuando se suspenden órdenes de captura a cabecillas de bandas, el mensaje que muchos interpretan es simple y devastador: delinquir sí paga. Y no solo paga, sino que puede convertirse en una carta de negociación. Es una narrativa peligrosa en un país donde miles de jóvenes, atrapados en contextos de exclusión, podrían ver en la ilegalidad un camino no solo rentable, sino eventualmente legitimado.

Las autoridades locales han expresado su preocupación, y con razón. No se trata de oponerse de manera dogmática a cualquier intento de diálogo o sometimiento. Y tengo claro que la paz no se firma con los amigos, sino con los adversarios por duro e incómodo que resulte ese tránsito. Colombia ha demostrado que la paz, en muchos casos, requiere conversaciones difíciles con actores igualmente difíciles. Pero esas conversaciones no pueden darse a costa de debilitar el Estado de derecho ni de generar vacíos de autoridad que luego resultan mucho más costosos de recuperar.

Existe además un temor fundado: que este período de suspensión sea aprovechado para el rearme, la reorganización y el fortalecimiento de estas estructuras. La historia reciente del país está llena de ejemplos en los que treguas mal diseñadas terminaron consolidando el poder de los grupos ilegales en lugar de desmantelarlos. Repetir ese error no sería solo ingenuo; sería irresponsable.

La paz no puede construirse sobre la base de concesiones unilaterales que desdibujen la justicia. Tampoco puede depender de señales ambiguas que erosionen la confianza ciudadana. La verdadera paz exige equilibrio: firmeza institucional, claridad en las reglas y, sobre todo, coherencia entre el discurso y la acción.

Hoy, más que nunca, el país necesita certezas. Necesita saber que el Estado no abdica de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos; necesita sentir que la ley no es negociable al vaivén de las estrategias políticas. Y necesita confiar en que los procesos de paz no son sinónimo de impunidad.

Porque cuando la justicia se suspende, aunque sea temporalmente, lo que queda en pausa no es solo un proceso judicial. Es la confianza de toda una sociedad que se pregunta si vamos al abismo de una impunidad total.

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