Sara María Triana Lesmes
Abogada y magister en derecho procesal
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El 23 de julio de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura del “caso 003: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (JEP, 2018). A partir de allí, y a medida que el caso avanza, se ha conocido que el Estado colombiano implementó una política tendiente a asesinar civiles o personas fuera de combate con el fin de hacerlas pasar como pertenecientes a las guerrilleras, todo con miras a mejorar la sensación de seguridad en la época.
Todo ello ocurrió en el contexto de la política de Seguridad Democrática de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010).
Desde entonces, comenzó a llamarse a esta población asesinada como “falsos positivos” y hoy, según información recolectada y contrastada de la Sala de Reconocimiento, se habla de una lamentable cifra de 6.402 casos provisionales. Lo cierto es que la JEP hasta el momento tiene por probada la existencia, en total, de cerca de 2.435 casos, distribuidos así: 144 asesinatos en el Catatumbo, 47 en Dabeiba, 127 en el Caribe, 296 en el Casanare, 1.613 en el Oriente antioqueño y 208 en el Huila.
Probada la existencia de estas víctimas, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a un soldado regular, nueve soldados profesionales, dos cabos terceros, un cabo segundo, dos cabos primeros, ocho sargentos segundos, tres sargentos viceprimeros, cuatro sargentos primeros, ocho subtenientes, once tenientes, ocho capitanes, 11 mayores, 10 tenientes coroneles, nueve coroneles, dos brigadieres generales y tres mayores generales. Además, imputó a un agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a cuatro civiles.
De esta selección, quienes ostentan los mayores grados en el Ejército han tendido a no reconocer su responsabilidad en la consolidación de esta política criminal de Estado. Eso ha sucedido en los casos de los mayores generales Mario Montoya Uribe y Alberto Rodríguez Sánchez, del brigadier general William Fernando Pérez Laiseca, de los coroneles Juan Carlos Figueroa, José Pastor Ruiz, Publio Hernán Mejía, David Herley Guzmán, Jorge Alberto Amor, Iván Darío Pineda, Germán Alberto León y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, del teniente coronel Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y del mayor general Marcos Evangelista Pinto.
Lo anterior significa que solo un mayor general (Henry Torres Escalante), un brigadier general (Paulino Coronado Gámez), un coronel (Heber Hernán Gómez Naranjo) y ocho tenientes coroneles han reconocido la responsabilidad por la totalidad de la estructura organizada de poder que se gestó con fines criminales.
Es una práctica evidente esa negación sistemática de la responsabilidad judicial de quienes otrora ordenaron, de manera explícita o implícita, el aumento de las cifras de falsos positivos para entregar resultados bajo la política de la Seguridad Democrática. Sin embargo, no existe solamente eso: también hay una responsabilidad política derivada de lo ocurrido.
Esta responsabilidad política se deriva, principalmente, de lo que la cultura castrense ha denominado el “honor militar”, fundante de la necesidad de empuñar las armas para defender la “patria” bajo postulados de abnegación, subordinación, dignidad, respeto por los derechos humanos, disciplina y fortaleza.
En reciente audiencia de reconocimiento de responsabilidad celebrada en el departamento del Huila, las víctimas manifestaron que los militares “son el verdadero peligro para la sociedad” (2024)[1]. Esta víctima sostuvo que el Estado debía reconocer su responsabilidad, por cuando el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, y sus ministros de defensa alentaban a cumplir la Política de Seguridad Democrática a través de los altos mandos militares, quienes requerían resultados operacionales sirviéndose de las armas y logística a su disposición, encontrándose ahora estas víctimas ante un escenario de búsqueda de justicia y verdad por más de 15 años.
Como sabemos, y ha sido la defensa de los altos dignatarios, jamás hubo órdenes expresas de asesinar a cualquier persona para hacerla pasar como guerrillera. Si algo han entendido quienes están detrás de estas grandes políticas criminales de Estado es que hay sujetos fácilmente influenciables y dependientes del amo, que requieren el reconocimiento militar, la recompensa y aumentar el egocentrismo militar que llega una vez se alistan en las mañanas con su uniforme verde oliva y su arma para convencer a otros de hacer lo que sea por “construir Patria”. Eso es muy del estilo alemán en su época nazi. Quienes están detrás comprenden, desde su visión de clase o de poder, que pueden convencer a esos sujetos.
Manipularlos con la promesa de un reconocimiento o recompensa por hacer algo que enorgulleciera a la Patria fue la principal estrategia de los altos mandos. Así lo relatan algunos de los comparecientes:
“Nosotros, por lo menos, entre operación y operación, veníamos dos veces (a casa), dormíamos en una cama sobre 30 centímetros, comíamos mejor que los pelotones del área, teníamos mejor bienestar y [fue por] ese hecho que los soldados, los cuadros, el oficial y que yo [quisimos] estar ahí en el batallón, porque teníamos ese bienestar” (Teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, 2024).
El soldado profesional Alex José Mercado lo expresó de la siguiente manera: “por un premio, un arroz chino, un permiso de un mes, por el ego de llegar al batallón, darle el gusto a un coronel de que mantuviera el batallón en los primeros lugares (…)” (2022).
Por supuesto, además de los reconocimientos, pesaba en gran parte de esos militares el miedo pasivo, entendido como abnegación hacia la causa, e impuesto mediante el (mal entendido) honor militar: “era el miedo de los soldados que estábamos en el momento, porque los comandantes tenían vínculos con los paramilitares y un soldado que hablara, un soldado que no volvía de un permiso” (Teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, 2022). En otra declaración, se escucha lo siguiente: “si [uno] no estaba de acuerdo, tal como sucedió con el señor subteniente Suárez Caro, lo asesinaban a uno […], no se lo decían ahí, pero de pronto lo asesinaban más adelante. Esa presión existía y uno tenía que dar resultados como fuera en esa Unidad” (2022).
Finalmente, usar el ego como herramienta de convencimiento fue crucial en el momento de gestar esta política criminal. Así lo dijo un declarante: “el ego mueve más a los militares que la vida, porque para un militar es más importante lucir una medalla que tener piernas” (Teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez, 2024).
Resulta evidente entender que la manipulación a partir de la exaltación del orgullo personal genera un poder infinito que le permite al ser humano que está detrás conseguir exactamente lo que quiere, sin decirlo, cientos de ejemplos en el mundo lo comprueban.
Contrario a lo que muchos dignatarios actuales consideran, incluso muchos de esos militares que perviven en su nefasta utopía de que “por la Patria todo”, tanto Álvaro Uribe Vélez, como sus ministros de defensa: Marta lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe , Omar Camilo Ospina y Juan Manuel Santos (Infobae, 2021), no levantaron de las cenizas al glorioso Ejército Nacional.
En forma irónica, fue la misma Política de Seguridad Democrática la que desestructuró el poco y real honor militar que tenía la institución. Promovió en la ciudadanía colombiana de a pie no ver con dignidad portar un fusil, pues con él acabaron la vida de quienes han jurado proteger. Lo dijo el mayor Ernesto Hernández en su breve texto sobre el honor militar: “[e]l jefe que no enseña a sus hombres el respeto a su conciencia (…) está formando criminales en potencia, verdaderos monstruos de la sociedad y de la patria” (Hernández, 1961, p. 110).
[1] Víctima José Armando Narváez.
Referencias
Hernández, B. (1961). El honor militar. En Revista de las Fuerzas Armadas, (10), pp. 109–115. doi: 10.25062/0120-0631.4528
Infobae. (2021, 18 de febrero). Los cuatro ministros de Defensa que tuvo Colombia durante el periodo más álgido de los falsos positivos. En Infobae. Los cuatro ministros de Defensa que tuvo Colombia durante el periodo más álgido de los falsos positivos – Infobae
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. (2018, 23 de julio). JEP abre el caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-caso-003.aspx
Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad. Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Auto de determinación de hechos y conductas subcaso Norte de Santander de 2021, párrs. 27-41, Auto de determinación de hechos y conductas subcaso Antioquia -Dabeiba- de 2022, párrs. 242, Auto de determinación de hechos y conductas subcaso Caribe de 2021, párr. 89, Auto de determinación de hechos y conductas subcaso Casanare de 2022, párr. 131, Auto de determinación de hechos y conductas subcaso Oriente Antioqueño de 2023, párr. 73 y Auto de determinación de hechos y conductas subcaso subcaso Huila de 2023, párr 535. Disponibles en: https://relatoria.jep.gov.co/caso003.
Sala de Reconocimiento de verdad y Responsabilidad. Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Resolución de Conclusiones subcaso Caribe, 2022. Disponible en: https://relatoria.jep.gov.co/caso003 Sala de Reconocimiento de verdad y Responsabilidad. Jurisdicción Especial para la Paz. Audiencia pública de reconocimiento, subcaso Huila, agosto 2024. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SKZntUz42sA, https://www.youtube.com/watch?v=tOVqSv3MLKk y https://www.youtube.com/watch?v=4byfxFIECG4
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