La soberanía, ese manoseado concepto

La palabra soberanía se ha convertido en un comodín del discurso político contemporáneo. Se invoca con solemnidad cuando sirve para blindar abusos y se relativiza cuando incomoda. Pocas coyunturas recientes la han puesto tan crudamente en evidencia como la operación militar de Estados Unidos que incursionó en territorio venezolano, llegó hasta Fuerte Tiuna, en Caracas, y “extrajo” a Nicolás Maduro. Desde la óptica estricta del Derecho Internacional Humanitario (DIH), no hay matices: se trató de una violación flagrante de la soberanía territorial de un Estado por parte de otro y en la que secuestró a dos personas.

Pero quedarse ahí sería un ejercicio intelectualmente cómodo, aunque moralmente incompleto. Porque si vamos a hablar de soberanía con seriedad, debemos preguntarnos cuándo fue realmente violentada en Venezuela y por quiénes. Y la respuesta no es reciente ni exclusivamente externa: la soberanía venezolana ha sido entregada, erosionada y finalmente pulverizada durante casi tres décadas por la propia dictadura de Hugo Chávez (que fue elegido democráticamente al menos la primera vez con total certeza) y continuada por Nicolás Maduro.

No se trata de opiniones sueltas ni de propaganda. En 2024, investigadores designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyeron que las violaciones documentadas en Venezuela —incluido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos— no eran hechos aislados ni excesos circunstanciales. Eran parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, intimidar y reprimir a la oposición. Tras las elecciones de 2024, en las que el régimen fue incapaz de demostrar su supuesta victoria, mientras la oposición presentó el 83,5 % de las actas que evidenciaban un triunfo abrumador, la respuesta fue la represión: en la primera semana de protestas se registraron más de 2.000 detenciones arbitrarias, entre ellas las de 130 niños y 28 niñas —algunos con discapacidades— acusados de terrorismo e incitación al odio. Los investigadores también documentaron más de 40 allanamientos a domicilios sin orden judicial.

A ese cuadro se suma un registro estadístico que estremece y que debería ser central en cualquier discusión honesta sobre soberanía. Según la ONG Provea, entre 2013 y 2023, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se registraron 1.652 víctimas de torturas, 7.309 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 10.085 asesinatos cometidos por agentes de seguridad (Provea, 2024). Solo en 2017 —un año marcado por protestas masivas y una profunda crisis institucional— se contabilizaron 143 asesinatos, más de 3.000 personas heridas y 5.000 detenciones, además del uso de la justicia militar para procesar civiles, allanamientos y otros ataques represivos. Todas estas víctimas han visto truncada la construcción de su destino, del que querían para ellos y para la sociedad.

El Atlas Mundial de Impunidad ubica a Venezuela en el puesto 11 entre 163 países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que desde 2003 no se realizan concursos públicos para designar jueces titulares. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) asegura que en 2017 fallecieron, en promedio, 106 personas por semana a manos de funcionarios policiales o militares, aunque la mayoría no aparece en estadísticas oficiales. Y, según Amnistía Internacional, el 98 % de los casos de violaciones de derechos humanos y el 92 % de los delitos comunes quedan sin juicio en Venezuela. ¿Puede llamarse soberano un Estado que normaliza semejante nivel de impunidad?

La soberanía económica tampoco corrió mejor suerte. Recientes investigaciones internacionales periodísticas han revelado que al menos 117 toneladas de oro —parte de las reservas del Estado venezolano— terminaron en bancos de Suiza, y todo apunta a que ahora estarían en cuentas a título personal. Ese oro pertenecía a toda una nación. Su desaparición es una mutilación directa del patrimonio colectivo. A ello se suma el uso del petróleo, principal riqueza del país, como moneda de cambio político: vendido a precios devaluados para comprar voluntades en las votaciones en los organismos multilaterales o para pagar favores geopolíticos.

Tampoco resiste análisis la soberanía militar. Durante años, el régimen aseguró que la presencia de Cuba en Venezuela era exclusivamente civil. Sin embargo, tras los bombardeos, a mi modo de ver ilegales de Estados Unidos a bases militares venezolanas, el propio régimen cubano denunció la muerte de 32 de sus efectivos. ¿No que solo había civiles procedentes de Cuba? ¿Qué clase de soberanía es aquella en la que fuerzas extranjeras operan y combaten dentro del territorio nacional mientras se engaña deliberadamente a la ciudadanía?

Y si queremos agregar más sobre el pie armado extranjero, deberíamos abordar el hecho de que según agencias de inteligencia, al otro lado del Arauca hay al menos 1.400 guerrilleros del ELN en estados como Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar y por lo menos 200 hombres más de ‘la Segunda Marquetalia’, disidencia de las Farc, los cuales no solo tendrían techo, abrigo y campamentos con total tranquilidad, sino que tendrían toda la libertad para movilizarse armados y alimentar sus estrechas relaciones con altos mandos militares del vecino país para fortalecer los corredores del narcotráfico ¿Qué podemos decir de la soberanía de Venezuela en ese caso? ¿Ahí si se vale que extranjeros, además de criminales, anden armados en territorio venezolano?

Y está, por último, la cereza del pastel: la que llamo en este contexto, la soberanía moral. Mientras millones de venezolanos padecen hambre o mueren por falta de medicamentos y al menos nueve millones han migrado huyendo de su escabroso presente, el dictador y su círculo cercano alardean de lujos obscenos. Medios y periodistas independientes han documentado casi medio centenar de relojes de alta gama en poder de Maduro que le han visto en actos públicos: el más “barato” ronda los 7.000 dólares, otros de 32.000 y 50.000 dólares y hay piezas que alcanzan los 140.000 dólares. Esa ostentación no es solo una provocación; es una negación abierta de la dignidad colectiva.

Es comprensible —y legítimo— que en Colombia exista preocupación frente a cualquier violación de la soberanía nacional, más aún cuando Donald Trump exhibe impulsos expansionistas sin pudor y amenaza con “recuperar” Panamá o arrebatarle Groenlandia a los daneses para que presuntamente no se la queden los rusos o los chinos… Trump tiene delirios de expansión territorial, dignos de Gengis Khan mezclado con Alejandro Magno y Atila, y no oculta su desprecio por las fronteras ajenas.

Pero equiparar la situación venezolana con la colombiana es un error mayúsculo. En Colombia, con todas sus falencias (que son muchísimas), el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente en un marco de institucionalidad plena. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral conservan su legitimidad. Una operación militar extranjera para “extraer” al presidente colombiano sería ilegal, ilegítima y profundamente desestabilizadora y claro que debería ser rechazada en pleno por la sociedad colombiana. Petro debe terminar su mandato el próximo 7 de agosto y entregarlo, como corresponde, al siguiente gobierno.

En Venezuela, en cambio, el pueblo agotó todas las vías posibles: elecciones que creía justas y transparentes, intentos de diálogo, mediaciones internacionales. Nada funcionó. Por eso no me corresponde juzgar a los millones de venezolanos que, dentro y fuera del país, celebran que Maduro esté tras las rejas y haya sido sacado por la Fuerza Delta. En su propio territorio es “ilegal” festejar u opinar a favor de la actual situación de Maduro, no pueden hacerlo. Y si alguien osase manifestarlo en la calle, allí están los colectivos motorizados —bandas parapoliciales armadas con fusiles AK-47 y financiadas con el petróleo de todos los venezolanos— para intimidar y asesinar en las calles a cualquier ciudadano.

Antes de rasgarse las vestiduras hablando de soberanía, convendría precisar de qué soberanía hablamos y a quién sirve. La soberanía no debe ser un escudo para proteger dictadores ni una coartada para el saqueo. Es un derecho de los pueblos a construir su futuro desde las aspiraciones de sus ciudadanos. Y en Venezuela, ese derecho fue violado de manera sistemática —en lo político, en lo económico, en lo territorial, en lo militar y en lo moral— mucho antes de que un helicóptero extranjero cruzara sus fronteras.

Esta historia sigue escribiéndose y ésta es solo una foto del momento teñida con la sangre de cientos de miles de venezolanos.

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