José Aristizábal García
Autor entre otros libros de Amor y política (2015) y Amor, poder, comunidad (2024)
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El software espía Pegasus fue vendido y facturado por la empresa israelí NSO Group. Para comprarlo, se le consignaron 11 millones de dólares al banco Hapoalim, en Israel, en el año 2020. Esos dineros salieron desde Bogotá, del aeropuerto de Catam, en cajas en efectivo en un avión venido desde Israel.
Con el tiempo, se sabe que, con ese Pegasus, se hicieron cantidades de cosas ilegales de represión y control político, como infiltrarse en los celulares e interceptar comunicaciones y hacer seguimiento de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y reprimir los movimientos sociales.
Al investigar de dónde aparecieron esos dólares, se encuentra que no salieron de ningún rubro o cuenta del Estado colombiano y no aparece por ningún lado un origen legal de esos billetes.
Después de una investigación global, publicada en 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que descubrió la lista de posibles objetivos de Pegasus en varios países, y de la denuncia del actual presidente Gustavo Petro, resulta que, ni Iván Duque (presidente de Colombia cuando se realizó la mencionada compra) ni las autoridades y organismos de inteligencia encargadas de la seguridad, de ese momento, responden por el origen y uso de ese dinero.
Y lo último que aparece, es una noticia desde Washington, atribuida a funcionarios del gobierno de Biden, diciendo que “fue un aporte, como parte de acuerdos de cooperación y [Pegasus] se usó solo en la lucha contra el narcotráfico”
¿Quién recogió esos dólares en Colombia y los entregó al banco israelí y por qué este aceptó semejante negocio? ¿De dónde salieron esas cajas de dólares, quien avaló su consignación en el banco y en manos de quien ha estado y está semejante caballo-elefante de Troya?
Porque ahí hay evidencias y pruebas de lavado de activos, de financiación ilegal de sistemas de espionaje, de violación de la soberanía nacional y otros delitos, además de los abusos y atropellos cometidos con su uso.
El asunto es tan delicado que nos lleva a pensar que ahí puede estar implicado algún fondo secreto o encubierto de una agencia de inteligencia norteamericana (CIA, DEA, NSA), que recogió esos dólares en Colombia y, con complicidades en Israel, los usaron y lavaron entregándoselos en efectivo al Banco Hapoalim. En esta serie de delitos, pueden estar comprometidos el anterior gobierno de Colombia, los israelíes y el gobierno norteamericano.
Este Pegasus es un caso típico de cómo hay actividades de los servicios de inteligencia y de espionaje que escapan a cualquier control, no sólo de las leyes, las instituciones públicas y la ciudadanía, sino también a los Estados. Y que, pese a eso, y a ser investigadas y denunciadas, incluso por un gobierno legítimo, se pueden mantener actuando en la clandestinidad con total impunidad.
¿Es el Banco Hapoalim un banco transnacional que recibe y legaliza unos dineros que nadie sabe de dónde salen, que es evidente que no son legales, para comprar una tecnología de guerra? ¿Cómo puede ser esto posible?
Eso sólo es posible por el contubernio que existe entre los grandes monopolios financieros y el crimen transnacional; por la profunda influencia que éstos dos tienen sobre los Estados y gobiernos del mundo entero. En otras palabras, por las simbiosis entre crimen y política o entre mafia y Estado.
Más aún, hay regiones de países y países enteros donde las redes criminales “ya no pueden diferenciarse de la economía y el gobierno oficiales”. Un ejemplo de ello son las extensas regiones de Colombia donde manda el llamado Clan del Golfo: en esas zonas, el capitalismo legal se ha unido con el ilegal; los intereses -legales e ilegales- del Mercado, subordinan los intereses del Estado y los de la comunidad.
Ahí, en ese Pegasus, está pintado ese entramado de las globalizaciones que hoy nos gobierna. Ellas, que unen lo criminal con lo legal, son las mismas que prolongan indefinidamente guerras y genocidios. Ven esas tragedias humanitarias como parte de sus negocios lucrativos.
En el caso Pegasus, se puede ver cómo las economías ilícitas aportan recursos para que funcionen la economía y la política en los países en los que sus aliados tienen el poder. Quizá por eso, quienes gobernaron en Colombia desde los años 80s del siglo hasta el 2022 y participaron de ese tipo de empresas criminales, promueven un golpe silencioso contra el presidente actual.
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