Los contralores ya no son de la ciudadanía

El control fiscal en Colombia es un fundamental para garantizar que los recursos públicos se administren correctamente, con transparencia y en beneficio de la ciudadanía.

El control fiscal vigila que el dinero del Estado se use de forma eficiente, eficaz, evitando desperdicios, inversiones mal planeadas y gastos injustificados. La vigilancia fiscal permite, identificar irregularidades en contratación, detectar sobrecostos y proyectos inconclusos, investiga posibles actos de corrupción antes de que se materialicen mayores daños.

Cuando los ciudadanos saben que los recursos se vigilan, aumenta la confianza en el estado. Esto es esencial para la legitimidad de las instituciones públicas.

El control fiscal, además, controla la gestión de los servidores públicos, evalúa cómo las entidades y los funcionarios cumplen sus funciones y cómo administran los recursos a su cargo. La evaluación del control fiscal no solo es financiera, también revisa resultados, impactos y cumplimiento de metas. Las auditorías, informes y hallazgos fiscales deben permitir a la ciudadanía acceder a información clara sobre cómo se manejan los presupuestos públicos.

El control fiscal ayuda a asegurar que: A) Las obras públicas se ejecuten correctamente, B) Los programas sociales lleguen a quienes deben llegar, C) Los recursos para departamentos y municipios no se pierdan por mala administración. El control fiscal es vital, porque protege el patrimonio público, combate la corrupción, y mejora la eficiencia del estado.

En un país con altos de índices de inequidad y desigualdad y, además, con recursos limitados como Colombia, su papel es indispensable para garantizar que cada peso público trabaje en favor del bienestar de la población.

Este sano propósito de la misionalidad del control fiscal, se amenaza o se pierde, cuando la politiquería se apodera de las contralorías y cogobierna o chantajea a los gobernantes para apoderarse de la contratación estatal. Más aún cuando a los contralores actuales, por mandato legal, les corresponde la mitad de dos gobiernos municipales o departamentales, lo que los convierte en un atractivo ideal para la corrupción.

La trama empieza con la selección de la universidad que hace el concurso “meritocratico”; esta, cobra el primer peaje para ser ternado. Una vez logrado el objetivo, pasa al segundo peaje que son las coaliciones mayoritarias en Asamblea y Concejo, que en los casos de Nariño y Pasto, han perdido importancia para la selección de los contralores, porque estos son impuestos por los gobernantes o, más directamente por el Zar de la contratación más conocido como el “Emilio Tapia de Nariño”. Toda una joyita.

Este personaje fue patrocinador económico de las anteriores campañas a la alcaldía de Pasto y a la gobernación de Nariño y, por eso, se le cumple obedientemente en la elección de los respectivos contralores, aunque sus candidatos no cumplan los requisitos.

Hay serias dudas: la Señora Contralora de la capital departamental no ha podido demostrar la experiencia de dos años de servicio público, requerida para ejercer el cargo. El Contralor Departamental, por su parte, adjuntó el certificado de la procuraduría ordinario, cuando la convocaría lo pedía especial y la misma convocatoria excluyó a varios participantes por no cumplir con lo que se pedía en esa materia.

Pero es de la mayor gravedad cuando el Dr. Omar Bastidas en la entrevista ante la asamblea departamental y frente a una pregunta formulada por la diputada Rosita Guevara, respondió, “que el efectivamente contrató la ejecución del PAE del departamento con terceros” y aun así la asamblea departamental lo eligió contralor, pese a la constancia y retiro de la votación del diputado de la oposición, Doctor Berner Zambrano Erazo.

Le corresponde a la ciudadanía estar vigilante de la actuación de los contralores. Quienes hoy ostentan esa dignidad en nuestros departamento y ciudad, carecen del carácter, la independencia y la personalidad que demanda estar al frente del control fiscal.

No nos puede ocurrir, como ocurrió en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) corrompida con la ayuda de alias El Pastuso o El Karateka. Por nuestra parte, acudiremos a la administración de justicia para que se pronuncie sobre la legalidad o no de estas escogencias de los contralores de Pasto y Nariño.

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