Operación Orión: impunidad institucionalizada

El 17 de septiembre de 2023, en una esquina del barrio San Antonio, Medellín, un viejo que parecía arrastrar el peso de su propio poder, se paró frente a un grupo de jóvenes que lo miraban expectantes. Se le notaba la rabia en el temblor de las manos, la voz cargada de ira y de muertos que, aunque quisiera, no se sacuden fácil de la memoria.

Álvaro Uribe Vélez, el mismo que dio la orden para que se planificara y ejecutara la Operación Orión en la Comuna 13, estaba allí. No enfrentaba guerrilleros ni bandas armadas. Solo había un puñado de muchachos que sostenían una pancarta que gritaba más que él: «6.402 falsos positivos».

El viejo no se aguantó. “Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a la guerrilla y a los paramilitares de allá”, dijo con furia. Pareció que cada palabra suya cargara el peso de las balas que dejaron el barrio lleno de mujeres y hombres enterrados en una gran fosa común. Ojos amenazantes y palabras veloces: “Yo di la orden de desmontar a los paramilitares, me tocó dar la orden de sacar al 28 de las FARC”, gritaba. Las personas jóvenes que lo escucharon miraban sin miedo.

La escena en San Antonio era tensa. Uribe intentaba imponerse, como lo ha hecho durante años, creyendo que con palabras llenas de rabia podía borrar el pasado. Pero el pasado es terco y, por más que lo maquillen y tergiversen, no cambia.

Hoy, un año después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército. Deberá explicar, en recinto judicial, cuál fue su su papel en la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, durante 2001-2003. También se le preguntará acerca de su participación en la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. La JEP investiga crímenes cometidos por unidades de la Cuarta Brigada y la Policía Metropolitana en esa operación. También fue citado el general retirado Leonardo Gallego, excomandante de la Policía del Valle de Aburrá, por los mismos hechos.

“Orión” fue una de las incursiones militares más grandes de la historia reciente en Colombia. Fuerzas militares y de policía colaboraron con grupos paramilitares con el objetivo de erradicar a las guerrillas que dominaban las comunas de Medellín y tener el control social de estos sectores empobrecidos de la ciudad. Durante el operativo militar, se cometieron asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos.

La Comuna 13 de Medellín, situada al oeste de la ciudad, ha sido históricamente afectada por la pobreza. En sus estrechos callejones viven cerca de 200,000 personas, la mayoría víctimas de la exclusión social. Desde los años 80, diversos grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo llegaron a la zona. A esto se sumó la presencia de grupos paramilitares. Se disputaban el control territorial debido a la ubicación estratégica de la comuna para actividades ilegales.

El 29 de mayo de 2002, bajo el pretexto de restaurar el orden, se lanzó la Operación Mariscal. Este operativo, que involucró a 900 efectivos militares, resultó en la muerte de nueve civiles, incluidos cuatro niños. La intervención fue detenida tras la resistencia pacífica de los habitantes, quienes izaron banderas blancas, apoyados por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en agosto de ese año, se implementó la política de seguridad democrática. Uno de los objetivos de esa política fue recuperar la Comuna 13 del control guerrillero. A cualquier costo.

Con ese objetivo se planificó y ejecutó la Operación Orión, en octubre de 2002, bajo el mando del General Mario Montoya y en colaboración con paramilitares liderados por Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna».

Participaron alrededor de 3000 efectivos de distintas fuerzas, apoyados por tanquetas y helicópteros artillados. Los paramilitares de Don Berna y del bloque Cacique Nutibara realizaron labores de inteligencia. Antes del asalto a mano armada, ya habían identificado a los guerrilleros, a los líderes y liderezas sociales, a defensores de derechos Humanos y a quienes se oponían al gobierno Uribe en esa comuna. Ahora se sabe, con certeza, que paramilitares con la cara tapada, señalaron a las personas que fueron capturadas, ejecutadas o desaparecidas.

Los habitantes vivieron horas de angustia bajo fuego constante. No se podía salir de sus las casas. Algunos fueron sacados de ellas, a la fuerza. Las familias, por miedo a las represalias se abstuvieron de denunciar la violencia que habían padecido.

La primera etapa de la Operación Orión duró cuatro días, durante los cuales la población estuvo completamente aislada. Al finalizar, se registraron oficialmente 355 personas detenidas sin orden judicial, siete desaparecidos, y tres policías muertos, aunque en la comunidad siempre han dicho que las cifras reales de muertos y desaparecidos fueron mucho mayores.

Después del operativo inicial, la segunda etapa de la Operación Orión se centró en consolidar el control del área y establecer una presencia duradera. Esto implicó el uso continuo de fuerzas de seguridad y la colaboración con paramilitares, así como la represión de cualquier resistencia en la Comuna. Durante esta etapa prolongada, las violaciones a los derechos humanos continuaron, con numerosos informes de abusos y represión. La población civil enfrentó una serie de violencias que intensificaron el sufrimiento en la comunidad.

También se ha probado que, bajo toneladas de escombros y cemento, en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13, yacen los restos de cerca de 400 personas desaparecidas forzadamente durante la Operación Orión en 2002: muchos fueron ejecutados y enterrados clandestinamente en ese sitio.

A lo largo de dos décadas, las madres y familiares han buscado incansablemente a sus seres queridos, mientras continúan denunciado los hechos que las victimizaron y a los responsables de los mismos.. A pesar de la dilación en las excavaciones, exigen justicia y respuestas, esperando cerrar el ciclo de dolor con la certeza de que su lucha fue escuchada.

Como ya se dijo, un año después de la confesión pública de Álvaro Uribe sobre su responsabilidad  en la Operación Orión, la JEP ha citado a declarar a dos altos oficiales de la Fuerza Pública, el general (r) Mario Montoya y el general (r) Leonardo Gallego. Esta citación se fundamenta en múltiples informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han declarado entre noviembre de 2023 y agosto de este año, en el marco del caso número 08 de la JEP, que investiga los vínculos entre las fuerzas militares y policiales y los grupos paramilitares.

La razón de la desfachatez con la que Álvaro Uribe se atribuye el mando en la Operación Orión se vuelve cristalina al examinar el manto de impunidad que lo protege, inclusive ante las investigaciones de la propia JEP y la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, CEV.

En el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, firmado en 2016, se hizo evidente que el sistema judicial transicional nunca tuvo la intención de tocar a los expresidentes.

Desde el principio, por el diseño que se hizo de este sistema, se excluyó a quienes han ocupado el cargo más alto del país.

El Acuerdo Final de Paz, en un acto de premeditada irrelevancia, dictó que cualquier información que comprometiera a un expresidente fuera relegada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde el expediente se perderá en el acostumbrado laberinto burocrático.

La Corte Constitucional, en noviembre de 2017, ratificó el Acto Legislativo 01 de 2017, blindando a los expresidentes con un fuero tan sólido que desafía cualquier esperanza de justicia real. Esta protección se extiende a todos los aforados constitucionales: ministros, magistrados, fiscales y demás altos cargos, condenando a la JEP a convertirse en un decorativo y casi risible espectador de la verdad.

En este contexto, la confesión de Uribe es simplemente un desplante más en el circo judicial, donde la promesa de justicia se desvanece en medio de la impunidad institucionalizada. Ojalá que los militares involucrados en la Operación Orión puedan, al menos, señalar el paradero de las personas desaparecidas forzadamente, la herida abierta que más sangra del cruel del accionar conjunto de la fuerza pública y los paramilitares en la Comuna 13 de Medellín.

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