¿Quién repara a las víctimas que participan en la JEP?

Ya se ha establecido judicialmente que en nuestro conflicto armado participaron empresarios, políticos, militares, insurgentes y paramilitares. Ha sido tan largo y cruel que existen cerca de 9 millones de víctimas[1]. Para repararlas integralmente, desde el año 2011, se creó la Ley 1448, la cual posiciona tal menester en cabeza del Estado colombiano.

La razón para que sea el Estado quien debe asumir la reparación de las víctimas, se explica en tanto él es responsable de sus nacionales y, en consecuencia, es su obligación mantener la paz. En caso de que falle en esta obligación, deberá responder por todas aquellas situaciones que causaron daño a sus ciudadanos y de las cuales él tenía el deber de prevenir, reprimir o sancionar. 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (afp) busca superar varias de las causas estructurales que permitieron la escalada del conflicto armado y hacer tránsito hacia otro tipo de sociedad. Es por ello que contiene un acápite dedicado al mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos y de todos aquellos quienes han encontrado una economía “estable” en los cultivos de uso ilícito. Así mismo, estableció una serie de acciones con el fin de reincorporar a la sociedad civil a los antiguos guerrilleros y, finalmente, creó un punto a partir del cual se lograría que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Siendo esto así, resulta relevante que las víctimas de las FARC-EP, del ejército nacional y de los terceros civiles -agentes y no agentes del Estado- que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conozcan el derecho que tienen a una reparación económica y las razones por las que la JEP no puede ordenar la entrega de dinero a ninguna de ellas (las víctimas acreditadas ante la JEP.

En primer lugar, es importante precisar que la reparación integral a la que tienen derecho todas las personas que se vieron afectadas por el conflicto armado, tiene dos componentes: reparaciones inmateriales y materiales. La primera de ellas fue especialmente confiada al Sistema Integral de Verdad , Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)[2] compuesto por la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad (CEV). El segundo tipo de reparación, si bien puede encontrarse parcialmente dentro de la JEP, legalmente le ha correspondido a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (UARIV).

¿Qué puede ofrecer el SIVJRNR en términos de reparación integral? El Sistema ofrece verdad, construcción de memoria histórica, justicia, garantías de no repetición y algunas contribuciones a la reparación de las víctimas y/o restauración de lazos sociales.

La JEP, por ejemplo, busca justicia y verdad al investigar los crímenes más graves y representativos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 con ocasión o en relación directa con el conflicto y sanciona a los máximos responsables con la ejecución de trabajos, obras o actividades realizadas o concertadas con las víctimas y/o comunidades. De esa manera, aspira a promover acciones de reparación o restauración de los lazos sociales rotos a causa del conflicto.

La UBPD, por su parte, materializa el derecho a la verdad, mediante la búsqueda de personas dadas por desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016, siempre que dicha desaparición se haya cometido en el marco del conflicto armado. Allí las víctimas podrán hacer uso de dos canales principales para acceder: i) hacer una solicitud de búsqueda por la página web de la UBPD o presencialmente en alguna de sus 27 oficinas, y ii) solicitar a la JEP, en medio de un macrocaso, que envíe su caso hacia la UBPD.

Por último, la CEV, que terminó su mandato en junio de 2022, tuvo como función principal la de contribuir al esclarecimiento de la complejidad del conflicto, al reconocimiento de las víctimas y de los responsables, el promover la convivencia en los territorios y construir una cultura de respeto.

¿Cómo la JEP puede promover entonces una reparación integral? Lo primero será mencionar que por el solo hecho de acreditarse ante la JEP, la víctima no adquiere el derecho a una reparación económica. Lo primero que debe lograr es que el hecho que la victimizó sea reconocido por un compareciente o por la Sala de Reconocimiento cuando evalúe su caso.

Teniendo en cuenta que la JEP no cuenta con el mandato legal de reparar económicamente a las víctimas, ni está en capacidad de ordenar inscripciones en el Registro único de Víctimas (RUV) ni de pagar indemnizaciones, una vez la víctima tenga motivos para entender que su caso sí fue cometido por el actor que ella señaló, podrá solicitar a la Sala de Reconocimiento que imparta las órdenes necesarias y envíe los documentos requeridos para que la UARIV realice cualquiera de las siguientes tareas[3]:  i) registre en el RUV víctimas que no están allí, ii) ajuste los registros de víctimas con RUV para que incluya los crímenes que la victimizaron y iii) evaluar si procede la indemnización administrativa y demás medidas de reparación[4].

Un ejemplo de lo descrito ha sido el trabajo armónico entre la UARIV y el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, quien ha generado un puente entre las víctimas reconocidas -en audiencia o por escrito- dentro del macrocaso 01, y la UARIV con el fin de facilitar el trabajo de la víctima para lograr obtener una reparación individual.

¿Qué debe hacer la UARIV para reconocer la reparación económica? Si la víctima está en la JEP, es indispensable que se evidencie que sufrió daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o violaciones a los Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado[5]. Una vez la información que sale del macrocaso sobre el hecho victimizante llegue a la UARIV, y se complete el trámite de registro, esta entidad deberá hacer su valoración según las reglas del artículo 156 de la ley 1448.

Cuando la víctima sea inscrita dentro de la UARIV, podrá acceder a los beneficios de atención humanitaria, psicosocial, participación y reparación económica de la que dispone.

Para finalizar, es importante mencionar que, aunque la obligación de reparar a la totalidad de las víctimas recae en el Estado, según cifras de marzo de 2024, las FARC-EP habían entregado al los siguientes bienes para reparar a sus víctimas a través de la UARIV: $ 2.114.350.999 en efectivo,  450.000 dólares, lingotes de oro homogéneo puro con un peso de 206,618,20 gramos, de los cuales el 15 de diciembre de 2020 se subastaron 197.286 gramos por un valor de USD$ 11.285.643[6]. Se entregaron también 15.504,10 gramos de plata, 229 cabezas de ganado monetizadas por la Sociedad de Activos Especiales y casi 90.000 hectáreas de tierra, entre otros[7].

 Se conoce que, a la fecha, la UARIV recibió 4,4 billones de pesos por parte del Gobierno Nacional para la reparación y funcionamiento de la entidad. Esto, sumado al dinero que debería tener para indemnizar a las víctimas de FARC-EP, sería suficiente para reparar a tantas víctimas que, de manera equivocada, buscan que la JEP las repare.

Sin embargo, según escribió Jimmy Viera en la revista Raya, la UARIV está pasando por uno de sus peores momentos: de continuar con el ritmo de trabajo que hoy tiene esa Unidad, se tardaría 43 años en reparar a quienes están inscritas  como víctimas.

Ellas no solo padecieron el conflicto armado. Hoy padecen la indolencia y la ineficacia de quienes deberían repararlas.

---

[1] Fuente disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/

[2] Récientemente nombrado Sistema Integral para la Paz (SIP)

^[3] Sección de Apelación. Tribunal para la paz, JEP. Auto TP-SA 1376 de 2023 del 8 de marzo de 2023.

^[4] Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. macrocaso 01. Magistrada Julieta Lemaitre Ripoll. Auto  JLR 01 No. 680 de 2023 del 20 de diciembre de 2023.

^[5] Art. 3 Ley 1448 de 2011.

^[6] El equivalente actual de pesos colombianos de: $ 46.792.885,741. Información disponible en: https://www.dw.com/es/subastan-más-de-200-mil-gramos-del-oro-de-las-farc-por-119-millones-de-dólares/a-55952917

^[7] De acuerdo con la UARIV, a marzo de 2023 ha indemnizado 2.333 víctimas con $21.186.214. Información disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/con-recursos-entregados-por-las-antiguas-farc-ep-la-unidad-para-las-victimas/

---